El Acento/ Inmaculada Sánchez.
Esta semana el Gobierno de coalición progresista presidido por Pedro Sánchez ha ampliado al resto de confesiones religiosas presentes en España la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto de Sociedades de la que viene gozando históricamente la Iglesia católica. Lejos de reducir los sangrantes privilegios de la Iglesia en un país aconfesional, el PSOE, que tantas veces se proclama laico y laicista, ha vuelto a rendirse ante los obispos con esta equiparación de budistas o mormones que consolida su posición como un derecho general de las religiones y compromete aún más a las arcas públicas.
No es la primera vez que los socialistas bajan la cabeza ante la jerarquía católica o incumplen promesas suscritas en sus congresos sobre retirar prebendas cronificadas desde el franquismo o sobre el avance en la laicidad del Estado. Cabía esperar, sin embargo, algo más de este PSOE sanchista que gobierna aliado con partidos a su izquierda, por primera vez en su historia, y que se viene mostrando como el más osado y progresista de cuantos conocemos desde el felipismo.
El Gobierno ha confirmado, con su decisión de ampliar a otras confesiones la exención del IBI, que la Iglesia católica nunca va a estar obligada a pagarlo pese a lo prometido tantas veces por el PSOE. Se diría que los obispos mandan en España más que Ana Botín, cuyo banco ha visto reducidos sus beneficios por el impuesto especial a la banca creado por este mismo Ejecutivo
Había incluso crecido esta vana esperanza después de que hace apenas un mes este mismo Gobierno eliminase dos privilegios fiscales de la Iglesia, el gravamen sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) y el impuesto por contribuciones especiales. Apenas unos 16 millones de euros estimados de nuevos ingresos para Hacienda en total, pero de gran simbolismo. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se mostraba ufano por la decisión y anunciaba orgulloso que así «se terminaba con los privilegios fiscales de la Iglesia católica» al equipararlos a ONGs y entidades sin ánimo de lucro. Lo que no aclaró el ministro es dónde quedaron las intenciones del primer Gobierno de Sánchez en solitario, en 2018, de modificar los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 y las leyes necesarias para que los obispos empezaran a pagar el IBI por sus muchos inmuebles no destinados al culto y cuya cuantía sí sumaría varios cientos de millones.
La entonces vicepresidenta Carmen Calvo lo confirmó en aquel año tras su reunión con el Secretario de Estado del Vaticano en Roma en esas fechas, Pietro Paolín. “El secretario de Estado entendió que las exenciones fiscales para lugares que no son de culto son insostenibles. No cabe en nuestra política fiscal que la Iglesia católica no tribute. Entendieron perfectamente esta propuesta del Gobierno”, señaló a la prensa. Está claro que la entendieron… e hicieron todo lo posible para que los socialistas no la llevaran a cabo, como acaba de quedar demostrado.
Los obispos han criticado duramente cambios sustanciales en la legislación implementados por gobiernos socialistas en cuestiones de derechos, moral o educación. Leyes como la del aborto, del matrimonio homosexual, o de la eutanasia. o modificaciones del curriculum escolar para apartar la enseñanza de la religión de su antiguo estatus como asignatura obligatoria y evaluable han protagonizado furiosas batallas entre la Conferencia Episcopal y los Ejecutivos del PSOE en las que los socialistas, finalmente, impusieron sus decisiones. Pero cuando hablamos de dinero, la determinación gubernamental parece diluirse en un suave trato con el objetivo de no molestar. Pasó con la financiación pública vía IRPF que todavía subsiste. O con el pago de los profesores de religión, que continúa costeando el Estado. Y ahora, con este movimiento expansivo para eximir del IBI también a mahometanos o testigos de Jehová, Sánchez confirma esta persistente renuncia de su partido.
Ana Botín, la presidenta del Santander que esta semana ha presentado sus resultados trimestrales, reducidos sustancialmente por el impuesto especial a la banca aprobado por el Gobierno y del que no ha podido zafarse pese a sus críticas, podría pensar estos días que en España, todavía, manda más la Iglesia católica que el primer banco del país.
Periodista y directora de ‘El Siglo’ desde 2011, revista que contribuye a fundar, en 1991, formando parte de su primer equipo como jefa de la sección de Nacional. Anteriormente trabajó en las revistas ‘Cambio 16’ y ‘El Nuevo Lunes’ y en la Cadena Ser. Actualmente también participa asiduamente en diferentes tertulias políticas de TVE y de Telemadrid
