Doñana, en alerta roja

Hay una conclusión del informe de la CHG -‘Informe del estado de los acuíferos del entorno de Doñana. Año hidrológico 2017-2018’- que es clara e indiscutible: el régimen de explotación del acuífero de Doñana es totalmente insostenible desde al menos la mitad de los años 90 del siglo pasado, que es la fecha de referencia que toma dicho informe. Las extracciones para la agricultura de regadío han ido mermando las reservas de agua y no han permitido la recuperación de las mismas, llueva lo que llueva. No es una cuestión de opinión, son los datos existentes.

Y los datos son tan contundentemente negativos que la Confederación se ha visto obligada a tomar la medida más extrema que existe en nuestra legislación, iniciar la declaración de tres de las cinco masas del acuífero como “sobreexplotadas” (masas en riesgo), tal y como WWF venía exigiendo desde hace años ante la falta de recuperación de las aguas subterráneas de Doñana. Así por ejemplo, ya en nuestro informe sobre la situación del acuífero en 2012 pedíamos la aplicación del artículo 56 de la Ley de Aguas, que regula las “Masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o químico”, una medida que tardó 7 años en ser tomada por la Administración, un tiempo muy valioso para la recuperación del acuífero.

De hecho, si tenemos en cuenta la evolución de los “índices de estado desde 1994 hasta 2018” que se recogen en el anexo III del informe de la CHG, el 56% de los sectores están en este momento en peor situación que en 1994. Y solo uno, el ecotono La Vera-La Retuerta, presenta una tendencia lineal ascendente, los 15 restantes la presentan descendente.

La CHG en sus informes anteriores –como se puede comprobar en la tabla nº 6- afirmó que tanto las medidas de los Planes Hidrológicos de 2013 como de 2016 podrían revertir la mala situación del acuífero. Sin embargo, en el informe de este año (página 16) reconoce la insuficiencia de sus actuaciones hasta la fecha y aplaza al año 2027 la consecución del buen estado cuantitativo para las masas que en estos momentos están en mala situación: “Este análisis permite afirmar que el actual grado y modo de explotación de los recursos subterráneos en el acuífero dentrítico, de mantenerse, comprometería su buen estado y el de los ecosistemas terrestres que de él dependen, lo que se refleja en el hecho de que tres de las cinco MASb que forman el sistema no alcanzan el buen estado cuantitativo, ni se prevé que puedan alcanzarlo para el horizonte de la entrada en vigor, prevista para el 1 de enero de 2022, de la revisión del Plan Hidrológico, actualmente en curso. Esto obliga a la administración hidráulica a tomar una serie de medidas que aseguren el no deterioro y que se realizan todas las acciones posibles para revertir este mal estado con vistas al horizonte de 2027”.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se ha visto obligada a tomar la medida más extrema que existe en nuestra legislación, iniciar la declaración de tres de las cinco masas del acuífero como “sobreexplotadas” (masas en riesgo), tal y como WWF venía exigiendo desde hace años

En este marco cobran más sentido las conclusiones del informe de WWF de 2012 sobre el estado del acuífero cuando denunciaba que: “En relación a Doñana, el Plan plantea prórrogas para alcanzar el buen estado de las masas de agua en zonas de vital importancia para la biodiversidad. De esta manera, los arroyos que nutren a las marismas o las aguas del estuario no estarían en buen estado hasta al menos 2021, lo que supondría 6 años adicionales a lo que establece la Directiva Marco de Agua de la UE. Se trata de una medida que causaría importantes impactos ambientales, pero también perjudicaría la actividad socioeconómica en sectores estratégicos de la zona, como el turismo o la pesca”.

Ahora, en vez de 2021, la Confederación ha aplazado la fecha hasta 2027, seis años más, lo que suma un retraso de doce sobre la fecha inicial. Doñana requiere de más medidas efectivas y no más aplazamientos. De todas las medidas, una de las que hasta la fecha parece haber resultado efectiva ha sido la eliminación de las extracciones en la finca los Mimbrales, mediante la compra de los derechos de agua y eliminación de superficie de regadío. Esta finca se sitúa en el sector sur del Arroyo de la Rocina, que se encontraba en situación de “ALARMA” en los años 2014 y 2015. Tras la retirada de los cultivos tras la compra de la explotación, los niveles no han dejado de aumentar, pasando de un índice menor de 0.10 a 0.70 de forma progresiva desde 2016.

Para WWF esta es la prueba más palpable de que el cierre de los pozos ilegales y la retirada de los cultivos ilegales en Doñana (o legales mediante la compra de derechos) tendrían un efecto beneficioso inmediato para el acuífero. Además, sería necesario tomar medidas cautelares contra los nuevos pozos y cultivos ilegales que fueran apareciendo para evitar que el problema se agrave y que mientras se cierran con carácter definitivo se puedan explotar con el consiguiente daño al acuífero. Para WWF, sin descuidar los dos sectores en este momento en buen estado, hay que tomar medidas urgentes y más contundentes en el entorno inmediato del Espacio Natural y sus cuencas vertientes con el fin de conseguir recuperar el acuífero en estas zonas, lo que tendría un impacto más inmediato e importante sobre Doñana. Además hay que solucionar los problemas locales conocidos de los sectores “zona costera” y “lagunas de Doñana”.

Las propuestas de WWF

—Implementar de forma urgente y coordinada las medidas incluidas en el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana.

—Cierre de fincas ilegales (superficie agrícola de regadío no incluida como suelo agrícola regable). Como medida urgente, WWF insta al cese inmediato de las actuales extracciones de agua ilegales, la eliminación de fincas ilegales y el cese de uso de infraestructuras sin permiso (toma de arroyos, balsas, etc.), abriéndose los correspondientes expedientes sancionadores o procedimientos penales, según el caso.

—Antes de llevar a cabo un trasvase que a juicio de WWF supondrá un despilfarro de dinero público, perpetuará el problema del uso insostenible de agua en el entorno de Doñana, y que puede conllevar un “efecto llamada”, es necesario cumplir con lo dispuesto en la legislación: controlar el uso de agua, la revisión de los derechos de agua, mejorar las técnicas de teledetección implantar medidas de ahorro y, por supuesto, eliminar las fincas de cultivo y pozos fuera de la ley.

—Implementar de forma urgente de las medidas previstas en la Ley de Aguas para las MAsb en riesgo de no alcanzar el buen estado cualitativo. WWF está convencida de que la aplicación de estas medidas, entre las que figura la constitución de comunidades de usuarios, la reubicación de captaciones legales, la imposibilidad de otorgar nuevas concesiones y la elaboración de un plan de extracciones, es imprescindible para asegurar la recuperación de los niveles del acuífero y asegurar el futuro de Doñana. WWF insta al cese inmediato de las actuales extracciones de agua ilegales, la eliminación de fincas ilegales y el cese de uso de infraestructuras sin permiso (toma de arroyos, balsas, etc.), abriéndose los correspondientes expedientes sancionadores o procedimientos penales.

—Adoptar medidas cautelares para evitar nuevas extracciones ilegales del acuífero. Desde WWF consideramos que el estado actual de las aguas subterráneas faculta para ejercer cierres cautelares de los nuevos pozos y fincas ilegales que se están abriendo para evitar que los mismos sigan perjudicando al acuífero e impidiendo la recuperación del mismo. De esta manera no hay que esperar al final del procedimiento sancionador administrativo o el penal para impedir los daños al acuífero.

—Elaborar un Plan Especial de Ordenación del Territorio fuera del ámbito del Plan de la Corona. Fuera del ámbito geográfico del Plan Especial, existen otras zonas de regadíos basadas en el acuífero que nutre a Doñana donde el regadío también sigue creciendo. Por eso, desde WWF se insta a la ampliación del “Plan Especial para la ordenación de la zonas con cultivos en regadío localizadas al norte de la corona forestal de Doñana” a toda la superficie del acuífero, de forma que incluya zonas de regadío como los Hatos o Villamanrique de la Condesa, incluso otras fincas agrícolas situadas dentro del Espacio Natural.

—Cumplir con el compromiso de aprobar y aplicar un plan anual de extracciones del acuífero que, en base a la información actualizada, ajuste las dotaciones, públicas y privadas a la disponibilidad real del agua y limite el uso del agua de modo que se cumpla con el régimen de aportes de agua que precisan los ecosistemas.

—Mejorar la depuración del agua que se vierte a Doñana y reducir la contaminación difusa de origen agrario. Además, los informes sobre la situación del acuífero deberían incluir el estado químico de las aguas del mismo.

—Asegurar que la gestión del agua en Doñana se lleva a cabo con base científica y técnica, para lo cual es necesario mejorar el seguimiento en Doñana y apoyar las investigaciones de la EBD para el estudio del impacto sobre los ecosistemas debido al mal estado del acuífero.

—Aumentar la guardería fluvial y los servicios jurídicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

—Analizar alternativas para el suministro de agua potable para Matalascañas para reducir la presión local de esta urbanización sobre el acuífero y evitar el deterioro de las lagunas peridunares de Doñana.

—Mejorar la red de control y vigilancia de las aguas subterráneas, así como de las aguas superficiales que sustentan los ecosistemas de la zona. Para ello se recomienda la mejora y aumento de dispositivos de medición de caudales de cada pozo (caudalímetros) y que se hagan balances de entrada y salidas anuales y mensuales. En ese sentido, hay que controlar que se cumplan las dotaciones de agua establecidas para los cultivos en la zona.

—Seguir trabajando en mejorar el modelo matemático del acuífero elaborado por el IGME con datos actualizados de superficie de regadío, consumos y ubicación de captaciones, así como con una correcta definición de las necesidades hídricas de los ecosistemas de Doñana.

—Mejorar el seguimiento por teledetección de irregularidades en toda la Comarca de Doñana para que la guardería fluvial pueda controlar el consumo de agua asegurando el respeto de las dotaciones, así como la instalación de contadores con lectura telemática. Será fundamental aplicar esta medida en la zona del Tinto Odiel Piedras, de la misma manera que se viene realizando en la Demarcación de Guadalquivir.

—Eliminar y restaurar cuanto antes todas las fincas que quedan fuera de ordenación según el Plan Especial de la Corona Forestal, o dentro de Dominio Público Hidráulico.

—Fomentar y apoyar con fondos públicos iniciativas para el uso sostenible del agua en las fincas del entorno con equipos inteligentes que permitan el correcto manejo del agua en las parcelas y establecer un plan de formación, asesoramiento y acompañamiento en el tiempo.

—Restauración hidrológica de la finca Mimbrales, donde el Gobierno central debería abordar una restauración modelo hidrológico-forestal que consiga recuperar los cauces anteriores a su canalización para poner en cultivo la finca. Además, WWF entiende que la finca debe pasar a formar parte del Espacio Natural de Doñana.

—Analizar la posibilidad de comprar derechos de aguas y eliminar superficie agrícolas, actuación similar a la efectuada con Mimbrales, en aquellas zonas donde el acuífero marque peores datos.