Julio Rodríguez López
En la primera semana de febrero se conocieron dos noticias de carácter complementario. En primer lugar, trascendió que el ayuntamiento de Ámsterdam, en los Países Bajos, planea introducir a partir del próximo 1 de abril la obligación de residir en la vivienda que se adquiera durante los cuatro años siguientes a la compra. Dicha norma se aplicaría a quienes adquieran una propiedad con un valor de hasta 512.000 euros. Se implanta tal actuación para paliar la fuerte crisis de vivienda por la que atraviesa dicha ciudad.
En Ámsterdam se pagan ahora alquileres en torno a los 1.466 euros al mes. Es muy escaso el número de viviendas disponibles para hogares con ingresos medios o bajos. En dicha ciudad, una de cada tres viviendas son propiedad de inversores y se alquilan en el mercado a precios muy elevados. Se trata de que las personas de ingresos medios tengan más posibilidades de acceder a una vivienda.
Mientras que en el norte de Europa facilitar el acceso a la vivienda es una obligación estatal, en España, como en los restantes países mediterráneos de la Eurozona, el acceso a la vivienda es un problema donde las familias desempeñan un papel trascendente
Una segunda noticia resulta más cercana, “De Singapur a San Sebastián para comprar un piso de 2,8 millones de euros” (‘eldiariovasco.com’, 4.2.2022). Se trata de una vivienda de 200 metros cuadrados, perfectamente dotada y reformada, con la bahía de la Concha a pocos metros, en la Avenida de la Libertad de dicha ciudad. La oferta de compra se hizo por Internet y la propietaria ha comprado sin ver el piso.
La primera de las noticias revela que la carestía de vivienda es un fenómeno generalizado en los principales países occidentales. Existe una liquidez abundante, bien regada por los bancos centrales en los últimos años. Tales actuaciones se han reforzado con la pandemia de Covid-19 para impedir un derrumbe de las economías. Dichas políticas han reforzado el precio de los activos, en especial los bursátiles y las viviendas, acentuando las desigualdades.
Internet ha globalizado el mercado inmobiliario. Las viviendas se adquieren como un activo. La tendencia se ha reforzado durante la pandemia, destacando la trascendencia de la localización en la demanda. Bastantes de las viviendas así adquiridas como forma de colocar el dinero no están habitadas. Además de Ámsterdam son muchas las ciudades llenas de viviendas vacías, como Londres, adquiridas por inversores, que se alquilan con frecuencia a precios elevados.
En Ámsterdam destaca que la restricción a la venta la imponga un municipio, circunstancia que sería imposible de aplicar en España. Existe una amplia tradición en los países del norte de Europa de que los ayuntamientos vigilen que no existan viviendas vacías, tratándose de ciudades densamente pobladas. Países Bajos es el Estado miembro de la Eurozona con el mayor parque de viviendas sociales de alquiler, superior al 30% del parque total de viviendas.
Los precios de venta y los altos alquileres de España son equivalentes a los de Ámsterdam. Aquí se ha acelerado el alza de los precios en 2021 y los alquileres habían subido ampliamente antes de la pandemia. La recuperación traerá consigo nuevas elevaciones en los precios del alquiler. El parque de viviendas sociales de alquiler en España no llega al 2,5% del total de viviendas existentes. Mientras que en el norte de Europa facilitar el acceso a la vivienda es una obligación estatal, en España, como en los restantes países mediterráneos de la Eurozona, el acceso a la vivienda es un problema donde las familias desempeñan un papel trascendente. El proyecto de ley de acceso a la vivienda entrado ya en el Congreso de los Diputados puede ayudar a paliar parte del inmenso problema que supone el acceso a la vivienda para muchos hogares en España.
Vocal del Consejo Superior de Estadística del INE. Doctor en CC. Económicas por la UCM (1977). Es Estadístico Superior del Estado, en situación de excedencia, y Economista Titulado del Banco de España, en situación de jubilación. Ha sido consejero de Economía de la Junta de Andalucía, presidente del Banco Hipotecario de España, presidente de Caja de Ahorros de Granada, presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada y gerente de la Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente es miembro de Economistas frente a la Crisis y de la Plataforma por una Banca Pública.
