Cristina Narbona.
Mientras escribo estas líneas, la Conferencia de las Partes (COP25) de la Convención sobre Cambio Climático de Naciones Unidas entra en su fase final. Ojalá me equivoque: no se esperan grandes titulares que reflejen la suficiente voluntad política por parte de los gobiernos de los 190 países reunidos en Madrid que garanticen el significativo aumento en los compromisos de reducción de emisiones de CO2, imprescindible para evitar que el incremento de temperatura del planeta supere 1,5 grados centígrados durante este siglo.
Sin embargo, el cambio climático importa cada vez más a ciudadanos de todas las edades y de todos los países; ha dejado de ser un asunto marginal, de acuerdo con los estudios demoscópicos, y se ha convertido en una prioridad de la agenda política a escala global. Si, incluso en Estados Unidos, donde su presidente ya ha anunciado que no cumplirá con el Acuerdo de París (2015), y que impulsará una plataforma de científicos capaces de demostrar que “el calentamiento global es una patraña dañina para el mantenimiento del estilo de vida americano”: sin embargo, más del 60% de la población de EE UU vive en los 20 Estados y en las 530 ciudades que, voluntariamente, están comprometidos a reducir sus emisiones de CO2, promoviendo el uso de energías renovables, modificando las pautas de movilidad e impulsando el correspondiente desarrollo científico y tecnológico, en estrecha alianza con más de 2.000 empresas y fondos de inversión, así como de centenares de organizaciones sociales…
Es muy positivo que la Comisión ahora liderada por Ursula von der Leyen reconozca la necesidad de avanzar en este “Pacto Verde” conforme a una “Transición Justa”, con medidas para crear nuevos empleos en aquellas regiones o sectores más vulnerables
La Comisión Europea acaba de anunciar su “Pacto Verde”, que aspira a convertir a la UE en la primera potencia descarbonizada en 2050, mediante medidas legales y financiación específica de inmediata implementación, para reducir las emisiones de CO2 con mayor rapidez de la prevista hasta ahora en todos los sectores, incluidos aquéllos –como el transporte, también el marítimo y el aéreo, la agricultura…– que no han sido objeto de exigencias análogas a las de la industria. Cabe esperar serias dificultades para que esta propuesta sea aceptada por todos los países miembros, dada la dependencia del carbón nacional en algunos de ellos; y es posible que ello conduzca, como en el caso de la moneda única, a una Europa “a dos velocidades”. En todo caso, es muy positivo que la Comisión reconozca la necesidad de avanzar en este “Pacto Verde” conforme a una “Transición Justa”, con medidas para crear nuevos empleos en aquellas regiones o sectores más vulnerables. Así lo ha planteado ya el Gobierno español, en su propia estrategia de “Transición Justa”, para la que espera una dotación adecuada en el futuro marco financiero europeo, así como la correspondiente financiación por parte del Banco Europeo de Inversiones.
Si la UE consigue establecer una hoja de ruta con obligaciones para los países miembros –a partir, en particular, de una nueva regulación del sector eléctrico, al constituir la electrificación con energías renovables el vector más importante de la transición energética– , se dará una señal determinante para los inversores, europeos y del resto del mundo, y se producirán efectos en cascada en otros sectores. Un ejemplo de este impulso en la buena dirección lo han dado un grupo de bancos españoles –cuya actividad representa el 90% del sector– subscribiendo durante la COP25 un importante compromiso para financiar prioritariamente las inversiones asociadas a la descarbonizacion, con objetivos y mecanismos concretos para la verificación de su cumplimiento.
El “Pacto Verde” europeo introduce, además, obligaciones específicas para preservar la biodiversidad, gravemente amenazada por el cambio climático así como por el uso de determinadas prácticas: la Comisión se compromete, por ejemplo, a impulsar el uso de alternativas a algunos pesticidas con efectos muy negativos sobre la seguridad alimentaria, en el contexto de una apuesta por el apoyo a una producción de alimentos que resulte beneficiosa tanto para la salud humana como para la salud del planeta.
Y esta Cumbre del Clima será recordada, sin duda, como aquella en la que los jóvenes alzaron la voz, capitaneados por Greta Thunberg, exigiendo a gobiernos y a empresas mayor rapidez en la respuesta ante el desafío climático. Esos jóvenes serán, ni más ni menos, que los votantes y los consumidores durante los próximos años. Más les vale, por lo tanto, a los líderes políticos y empresariales, escucharlos con atención.
Presidenta del PSOE, partido del que es miembro desde 1993. Doctora en Economía por la Universidad de Roma, ha sido, entre otros cargos, secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda (1993-1996) y ministra de Medio Ambiente (2004-2008), así como embajadora de España ante la OCDE (2008-2011). Desde enero de 2013, y hasta su elección como presidenta del PSOE, ha sido consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Es miembro del Global Sustainability Panel del secretario general de Naciones Unidas (2010-2012), de la Global Ocean Commision y de la Red española de Desarrollo Sostenible. También forma parte del colectivo Economistas frente a la Crisis.
