Lucía Marrero.
En el primer pleno del curso parlamentario, el Congreso ha llevado a votación una proposición de ley que plantea aplicar un impuesto del 4,8% sobre las comisiones e ingresos netos de las compañías financieras y gravar a las empresas del sector eléctrico con un 1,2% en sus ventas.
Estos impuestos, planteados por el PSOE y Unidas Podemos, las dos formaciones del Gobierno, son de carácter extraordinario y temporal y con ellos se pretende redistribuir la carga de la crisis para que la subida de los costes no recaiga únicamente en los consumidores.
La proposición ha sido aprobada con 187 votos a favor, 153 en contra y 8 abstenciones. El PP, Vox y Ciudadanos han votado en contra alegando que no confían en la legalidad de la propuesta.
Varios grupos parlamentarios han manifestado, a su vez, que intentarán modificar ciertos contenidos de la propuesta y su “arquitectura” a pesar de haber votado a favor de la misma. Igualmente han expresado su descontento con el hecho que de se haya presentado como proposición de ley, en vez de como proyecto de ley, para evitar los trámites que preceden a su presentación en las Cortes.
Se espera que la propuesta entre en vigor en 2023 y que con ella el Estado recaude unos 7.000 millones de euros en un periodo de dos años.
