Destacado Económico / N. L.
Abundan, hasta la saciedad, cantos y llantos por los problemas de los jóvenes, por sus altos niveles de exclusión laboral, el retroceso en la emancipación familiar, y de forma especialmente dramática por las repercusiones del Covid-19 en el agravamiento de su situación, hasta el extremo de sus dolencias mentales que en algunos casos llegó hasta el suicidio.
Pero son muy escasos, casi nulos, la realización de estudios a fondo sobre el problema y propuestas concretas para aminorar la gravedad de uno de los grandes problemas del país, quizás el más grave, el paro juvenil.
Por ello hay que felicitar al Consejo de la Juventud de España (CJE) por crear una alianza para el estudio y la acción que integra a varias decenas de organizaciones del ámbito social que ha presentado un manifiesto titulado “Alianza por la Juventud”, sobre los derechos de los jóvenes el pasado 17 de marzo, por María Teresa Pérez, directora del Instituto de la Juventud; Elena Ruiz Cebrián, presidenta del Consejo de la Juventud de España (CJE) y Margarita Guerrero, vicepresidenta del mismo.
En este acto se divulgó un documento denominado “Una Década por la Juventud” que propone una serie de medidas.
Una década negra
Según señalan los organizadores, durante los últimos diez años se han realizado políticas perjudiciales para la juventud, errantes, que no han respondido a ninguna estrategia a corto, medio o largo plazo.
Si durante la Transición los partidos de uno y otro lado firmaron los Pactos de la Moncloa para constituir nuestra democracia o en los años 90, con el Pacto de Toledo, se garantizaron firmemente los derechos de los más mayores, ahora, sostienen los aliados, es el momento de alcanzar una Alianza por la Juventud.
Se señala que las personas jóvenes en nuestro país entraron en la pandemia sin haberse recuperado de las consecuencias negativas de la anterior crisis económica y que salieron de ella con los peores indicadores socioeconómicos de lo que llevamos de siglo: el 30,3% de las personas jóvenes están en riesgo de pobreza y exclusión social, el 28,8% se encuentra en paro y, como consecuencia, nos encontramos con una caída a mínimos históricos de la tasa de emancipación, sólo un 14,9% de las personas jóvenes se había emancipado en el primer semestre del 2021.
2022 es el Año Europeo de la Juventud, lo que aprovecha la sociedad civil juvenil de España para alzar su voz y tender la mano al Gobierno y a las distintas fuerzas políticas con un objetivo: afrontar el reto histórico ante el que se encuentra España garantizando los derechos de la juventud y asegurar que, durante esta década, las personas jóvenes van a estar en el centro de la agenda política, siendo parte activa de la transformación de nuestro país.
La Alianza por la Juventud es un acuerdo inédito en nuestro entorno, que intenta situar a España como un país referente en derechos de la juventud. En palabras de Elena Ruiz Cebrián, presidenta del CJE: “Ha llegado el momento de priorizar a la juventud en la agenda pública. La fortaleza del eslabón más débil, la juventud, será la que marque el futuro de España y por eso ha llegado la hora de alcanzar un gran acuerdo por la juventud que refuerce nuestra sociedad”.
Un nuevo Pacto de la Moncloa
Si durante la Transición los partidos de uno y otro lado firmaron los Pactos de la Moncloa para constituir nuestra democracia o en los años 90, con el Pacto de Toledo, se garantizaron firmemente los derechos de los más mayores, ahora, sostienen los aliados, es el momento de alcanzar una Alianza por la Juventud.
Consideran necesario incrementar el parque público de viviendas o movilizar las viviendas vacías mejor que un bono joven de alquiler que, como demuestran los estudios, no favorece la emancipación ni repercute directamente en las personas jóvenes que alquilan, sino más bien supone una transferencia de dinero público a manos privadas. / EUROPA PRESS
Con la crisis derivada de la pandemia del Covid-19 – argumentan– se ha comprobado que, si bien no toda la gente vulnerable era joven, casi toda la gente joven sí estaba en una situación vulnerable. Las restricciones económicas y sus consecuencias se acumularon junto a las secuelas de la crisis del 2008.
La baja calidad del empleo de las personas jóvenes y la dificultad de acceso a la vivienda lastran la posibilidad de construir proyectos de vida autónomos. La recuperación económica se está construyendo tal y como sucedió en la crisis de 2008, sobre la precariedad del empleo juvenil.
Aunque el empleo joven se está recuperando, sigue siendo de baja calidad: en 2021 creció más la temporalidad que el empleo. El empleo juvenil se caracteriza por la alta temporalidad (54,7%) y la parcialidad (27,8%). La mayor parte de empleos a tiempo parcial se desempeñan con una parcialidad involuntaria.
Otra característica que destaca en el empleo joven es la sobrecualificación, más de cuatro de cada diez jóvenes (43%) trabajan en ocupaciones que no se corresponden con su nivel de cualificación. La recién aprobada reforma laboral contempla algunas medidas para tratar de reducir la temporalidad y, en el Año Europeo de la Juventud, el desafío es aprovechar los Next Generation para generar empleos de calidad y que la recuperación sea realmente justa con las personas jóvenes.
Una persona joven, para poder emanciparse individualmente, necesitaría invertir el 81,9% de su salario neto, muy por encima del 30% que se considera como umbral de sobreendeudamiento.
Más vivienda pública y menos bonos sospechosos
Sostiene el CJE que la nueva Ley de Vivienda tiene que ser una oportunidad para cambiar la tendencia y poner freno a la especulación de la vivienda, pero que para ello hacen falta medidas valientes para atajar el problema estructural en el acceso a la vivienda de las personas jóvenes.
Consideran necesario incrementar el parque público de viviendas o movilizar las viviendas vacías, mejor que un bono joven de alquiler que, como demuestran los estudios, no favorece la emancipación ni repercute directamente en las personas jóvenes que alquilan, sino más bien supone una transferencia de dinero público a manos privadas.
Insisten en que no podemos perder de vista otro efecto de los problemas del mercado laboral juvenil, la pobreza. Cada vez son más las personas jóvenes que se encuentran en riesgo de pobreza, hasta afectar a uno de cada tres jóvenes. Como consecuencia de la precariedad, la pobreza y la falta de expectativas, la juventud hoy afronta otra pandemia que afecta de manera directa su salud mental. La depresión, estrés o ansiedad se han instalado en el día a día de las personas jóvenes, convirtiéndose el suicidio juvenil en la principal causa de muerte no natural.
La pandemia agudizó la desigualdad educativa, evidenciando las brechas en el acceso a medios que permitieran recibir las clases online en condiciones dignas. Los jóvenes han sufrido las consecuencias económicas de la pandemia, afectando gravemente a su salud mental, a lo que se suma el incremento de la criminalización juvenil.
Silencio mediático
Este fenómeno también ha ido unido al silencio mediático del rol activo de las personas jóvenes en la pandemia, de su voluntariado y activismo con su entorno más vulnerable. Generaciones marcadas por las crisis, que siguen sin encontrar soluciones a sus problemas ni sienten sus demandas escuchadas, dan como consecuencia que el 80% de las personas jóvenes se siente desasistido por el Estado.
Por tanto, respecto a 2021, la subida estructural, proveniente de los ingresos recurrentes del Estado, no ha superado el punto porcentual. El porcentaje destinado a juventud respecto del global de los PGE ha pasado tan sólo del 6,8% al 7,7%, en unos presupuestos en los que, según el Gobierno, “la gente joven es protagonista”. / EP
Medidas como el Ingreso Mínimo Vital sigue dejando a las personas de entre 18 y 23 años sin poder acceder a la prestación incluso si cumplen los requisitos, salvo algunas excepciones. Este hecho lo ha denunciado también el Defensor del Pueblo.
Lo cierto es que, a pesar de todas las dificultades, las personas jóvenes se implican y movilizan por causas colectivas, siendo la que más moviliza la igualdad de género (38%) y el medio ambiente (14%). La juventud vive sorteando un presente lleno de incertidumbre y precariedad, pero no se conforma. Se preocupa y ocupa por los grandes desafíos que afrontamos como humanidad, en cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres y a la conservación del planeta.
La situación que vive la juventud española pone en riesgo nuestro proyecto país. Una sociedad que deja atrás a las personas jóvenes es una sociedad que no es sostenible. La fortaleza del eslabón más débil, la juventud, será la que marque el futuro de España.
La juventud, proclaman, no puede seguir esperando respuestas políticas bajo la excusa de que sus problemas se resolverán por sí mismos en el futuro. Esta visión ha llevado a que las condiciones de vida de las personas jóvenes sean peores que las de hace 30 años, a ser la primera generación que vivirá peor que la de sus padres y madres.
Torturar los números
Nos referimos a la argucia parlamentaria que ha recurrido a la prestidigitación en los Presupuestos para exagerar las ayudas a la juventud. Parecen seguir el consejo de un auditor que ordenaba a los directivos de su empresa: “Hay que torturar los números hasta que canten lo que queremos”.
Y el Gobierno los ha torturado para cantar que los jóvenes recibirán una barbaridad de dinero. Es verdad, pero no toda la verdad. La mayor parte de estos fondos proceden de la Unión Europea, pero en lo que se refiere a las opciones de los Presupuestos Generales del Estado propiamente dichos, los que reflejan sus prioridades, lo que se dedica a cañones y lo que se aplica a mantequilla, según la vieja expresión, sólo se transfiere a la juventud un miserable 1%.
El Consejo de la Juventud de España alertó sobre este asunto denunciando el espejismo del aumento en un 85% de la inversión en materias relacionadas con la juventud respecto a los PGE del año anterior.
Que se destine el 20% de los Fondos de Recuperación a aspectos que afectan a la juventud esconde una realidad preocupante para la estabilidad de las políticas de juventud. En primer lugar –precisan–, el aumento en 5.760 millones de euros del presupuesto en políticas de juventud se debe, en un 80%, a las aportaciones de los Fondos de Recuperación recibidos de la Unión Europea.
Por tanto, respecto a 2021, la subida estructural, proveniente de los ingresos recurrentes del Estado, no ha superado el punto porcentual. El porcentaje destinado a juventud respecto del global de los PGE ha pasado tan sólo del 6,8% al 7,7%, en unos Presupuestos en los que, según el Gobierno, “la gente joven es protagonista”.
