Lucía Hernández.
El jueves de esta semana el Gobierno ha aprobado por real decreto ley la reforma del sistema de pensiones. El Consejo de Ministros ha celebrado una reunión extraordinaria para poner en marcha el modelo del acuerdo que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha logrado con los sindicatos tras el apoyo de la Comisión Europea y de Unidas Podemos.
Este nuevo texto sube las cotizaciones a las rentas más altas, establece un periodo opcional del cómputo de las pensiones de 25 años o 29 años menos los dos peores, elevan las bases máximas, mejoran las pensiones mínimas para alcanzar el 60% de la renta mediana y adopta medidas para paliar la brecha de género, junto con más cambios. A diferencia de la primera reforma que se centraba en los gastos, esta última se centra en los ingresos, que se logran con una cuota de solidaridad en las cotizaciones de los suelos más altos, entre otras medidas.
En este caso, la CEOE no ha participado en la firma de este acuerdo, porque según el presidente, Antonio Garamendi, considera que el sistema solo garantiza una solución del sistema a corto plazo y que el nuevo texto se resuelve poniendo el peso en empresas y trabajadores. El PP tampoco se ha mostrado favorable a la propuesta, según ha declarado Juan Bravo, el vicesecretario de Economía, que considera que el nuevo sistema afectará al empleo por la subida de las cotizaciones. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, sin embargo se ha mencionado al respecto para explicar su postura: “Lo que estamos haciendo es revalorizar las pensiones y garantizar la sostenibilidad del sistema en el medio plazo”. Además, Isabel Rodríguez, la portavoz del Gobierno, ha recordado la importancia de llegar a este acuerdo para conseguir los últimos fondos ‘Next Generation’ acordados con la Comisión Europea.
