El programa de compra de bonos puesto en marcha por el BCE en 2015 es «parcialmente inconstitucional», según una sentencia del Tribunal Constitucional alemán publicada el pasado martes. ¿La razón? Que el Gobierno y el Parlamento germano no revisaron las decisiones del BCE. La Sala argumenta que no se respetó el principio de «proporcionalidad» y el BCE cruzó la fina línea que separa la política monetaria de la política económica.
Eso sí, el Alto Tribunal deja claro que «la decisión publicada hoy no se aplica a ninguna medida de asistencia financiera tomada por la Unión Europea o el BCE en el contexto de la actual crisis del coronavirus». Además, ha quedado rechazada la parte de la demanda que consideraba que el programa de compra de bonos violaba la prohibición de que el BCE financie a los Estados miembros de la UE.
La sentencia abre un serio interrogante sobre la capacidad operativa del BCE, ya que concede un plazo de tres meses para que el Bundesbank se coordine con él y demuestre que los objetivos de política monetaria del programa son «proporcionados en sus efectos económicos y fiscales». De lo contrario, el Bundesbank deberá dejar de participar en esta compra de bonos.
El Tribunal de Justicia de la UE ya declaró legal el programa del BCE, y el Constitucional acata su autoridad, pero subraya que esa capacidad para interpretar los tratados del TJUE no limita su labor de defensa de la legislación alemana.
