El Acento/ Inmaculada Sánchez.
El PP de Feijóo ha arrancado la campaña del 28-M a lomos de un mantra que amenaza con repetir machaconamente hasta las elecciones de final de año y se sostiene en tres palabras: «derogar el sanchismo». No sólo ésta o aquella ley aprobadas durante la legislatura, sino lisa y llanamente todo lo que ha hecho e impulsado Pedro Sánchez así como lo que su figura representa. Como mensaje electoral los expertos señalan que puede funcionar, por su sencillez y contundencia, ayudado en su objetivo por los actuales tiempos de desinformación rampante.
Nuestro recientemente renovado Tribunal Constitucional, sin embargo, está acelerando decisiones deliberadamente aplazadas por su anterior mayoría conservadora y blindando con su sello algunos de los grandes avances en derechos suscritos por los últimos gobiernos socialistas. El más emblemático, sin duda, ha sido su aval a la ley de plazos del aborto, aprobada en 2010 durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, la norma más antigua de las que esperaba sentencia del Alto Tribunal. La ha dictado esta semana y no sólo ha confirmado su plena constitucionalidad sino que ha reafirmado el derecho fundamental de la mujer a decidir sobre sí por encima del nasciturus.
Inmaculada Montalbán, vicepresidenta del Constitucional, ha redactado la ponencia que consagra el derecho de la mujer a decidir sobre su embarazo «sin coerción» alguna además de exigir a la Administración que lo garantice. La ley, de 2010, era la más antigua que esperaba su aval en la historia del tribunal de garantías
La ponente de la sentencia, aprobada por 7 a 4 -bloque progresista frente al conservador sin sorpresa alguna-, ha sido Inmaculada Montalbán, vicepresidenta del tribunal y quien obtuvo el encargo tras el rechazo a una anterior ponencia redactada por el conservador Enrique Arnaldo, que pivotaba sobre los supuestos derechos del no nacido.
El texto de Montalbán consagra el derecho de la mujer a decidir «sin coerción», echando por tierra la intención de Arnaldo de obligarla a recibir información, no sólo por escrito sino también verbal, sobre las alternativas a la interrupción voluntaria del embarazo. La sentencia, además, señala a la Administración como la garante de este derecho y a la que es exigible que lo proteja regulando la objeción de conciencia en unos límites que no impidan su ejercicio.
Todo un aval a la ley, que este Gobierno ha actualizado, recuperando el derecho para las menores de entre 16 y 18 años sin necesidad del permiso paterno y eliminando la información por escrito y los tres días de reflexión que hasta ahora se exigían. La contundencia del apoyo a la ley ha removido a los magistrados conservadores que, en su voto particular, han acusado a la sentencia de querer «reescribir» la Constitución. Claro, los únicos que la saben leer deben ser ellos.
Antes de ésta, el actual Constitucional ya respaldó, así mismo, la integridad de la ley de eutanasia el pasado marzo y aún quedan sentencias por emitir respecto a leyes recurridas por el PP o Vox, tan relevantes como la de educación o la ley trans, que el tribunal presidido por Cándido Conde-Pumpido tiene intención de acelerar.
Costó décadas al feminismo que el PSOE impulsara una ley de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo sin más exigencia que la decisión de la mujer pese a haberla prometido en muchas campañas. Esta semana, por fin, podemos decir que el Tribunal Constitucional ha dado por concluido la conquista de este derecho en España. Siempre que una victoria del PP de Feijóo no incluya en su afán derogatorio este derecho asumido desde hace tiempo y sin conflicto alguno por la sociedad española.
Periodista y directora de ‘El Siglo’ desde 2011, revista que contribuye a fundar, en 1991, formando parte de su primer equipo como jefa de la sección de Nacional. Anteriormente trabajó en las revistas ‘Cambio 16’ y ‘El Nuevo Lunes’ y en la Cadena Ser. Actualmente también participa asiduamente en diferentes tertulias políticas de TVE y de Telemadrid
