Éste no está siendo un buen año para el diputado del PP Alberto Casero. Primero fue su error -humano, no telemático- en la votación de la reforma laboral, que permitió al Gobierno sacar adelante el decreto. Después, la abrupta salida del partido de Teodoro García Egea, de quien fue su protegido. Ahora, La Fiscalía del Supremo entiende que “existen indicios racionales” de delitos continuados de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos durante su etapa como alcalde de Trujillo (Cáceres). Concretamente, le acusa de haber llegado a acuerdos con terceros en 2017 y 2018 para que prestaran servicios para el Ayuntamiento sin seguir los cauces legales.