Juan Carlos de Borbón ha perdido la sonrisa. Regresó a España como una borbónica Majestad, sin atender al decoro institucional ni a la autoridad de Felipe VI y ‘amenazando’ con repetir su provocadora estancia en Sansenxo el 10 de junio, y ha tenido que pisar el freno. Dos días antes de una nueva cita con las regatas, ‘El Mundo’ revelaba que la Agencia Tributaria investiga quién pagó los gastos de las cacerías a las que asistió tras su abdicación que, dice, el entorno del emérito interpreta como una llamada de atención del Gobierno. Lo cierto es que, tras el archivo de las diligencias de la Fiscalía, Pedro Sánchez se guardó un as en la manga. Como quien ríe el último.
Era el viaje más previsible. La Regata Rey Juan Carlos El Corte Inglés Máster arrancaría el 10 de junio en Sanxenxo, donde en unos días está previsto el Xacobeo 6mR Worlds, el mundial de la clase 6 metros creada para que el emérito pudiera seguir compitiendo y donde ostenta con Pedro Campos desde 2019, año de la última edición por el parón de la pandemia, el título mundial.
Tras una primera visita en mayo a la localidad costera pontevedresa, el exmonarca se marchó asegurando a su alcalde que regresaría para la cita deportiva y turística más importante del año, la que lleva su nombre y el de un importante patrocinador asegurando su notoriedad y rentabilidad. Después de pasar por Zarzuela y mantener una larga conversación con su hijo el rey, la certeza dio paso a la incertidumbre. Y, dos días antes del arranque de la competición, la tripulación del Bribón 500 confirmaba que no contaría con su patrón por razones de fuerza mayor.
El exmonarca no puede hacer más regularizaciones fiscales
La Agencia Tributaria requiere a Juan Carlos de Borbón que justifique quién pagó los gastos derivados de las cacerías a las que asistió después de su abdicación como jefe del Estado en junio de 2014, publicaba El Mundo el día 8. Con esta noticia, el periódico explicaba por qué en otros medios se descartaba el regreso del exjefe del Estado a Sanxenxo.
En El Confidencial, José Antonio Zarzalejos señalaba razones de oportunidad; con el aniversario de su abdicación y la celebración de las elecciones andaluzas el 19-J, habría entendido que su visita tendría repercusiones políticas en un momento particularmente delicado.
En El Periódico, en línea con la noticia publicada por el rotativo de Unidad Editorial, se asegura que el abogado del exmonarca, Javier Sánchez-Junco, le habría aconsejado en octubre que hiciera visitas cortas a España para que Hacienda no le pudiera citar. Porque, a pesar de que la Fiscalía del Tribunal Supremo archivó en marzo las diligencias abiertas contra Juan Carlos de Borbón por presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales apelando a razones de forma, el departamento dirigido por María Jesús Montero no había concluido su trabajo.
De hecho, según El País, la Fiscalía no descarta reabrir la investigación en torno al patrimonio del rey emérito si de las “comprobaciones administrativas” que está realizando la Agencia Tributaria se deducen nuevos indicios de delito.
Frente abierto
Al emérito, la investigación le parece un marcaje del Ejecutivo de Pedro Sánchez. “Fuentes del entorno de don Juan Carlos aseguran a este periódico que el Gobierno está utilizando esta vía administrativa para mantener un ‘nuevo frente abierto’” con el que condicionar sus planes de futuro, señala la información de El Mundo. Una acusación que bordea peligrosamente a la Casa Real; desde que las fundaciones opacas y las irregularidades fiscales acabaran de ensombrecer la figura del exmonarca, Moncloa y Zarzuela apenas han dado pasos sin que lo sepa el otro palacio.
Lo cierto es que sí existe un frente abierto. De momento, de carácter administrativo. Pero si de las pesquisas tributarias se desprende que Juan Carlos de Borbón tuvo un incremento patrimonial superior a 120.000 euros por regalos como viajes y otros gastos derivados de su participación en cacerías entre los años 2014 y 2018 –esto es, sin gozar de la inviolabilidad constitucional–, entraría en juego el código penal por un presunto delito de fraude fiscal.
Además, a diferencia de lo ocurrido por el uso de unas tarjetas black y por los vuelos privados pagados por una fundación a nombre de un primo lejano, el emérito no puede volver a acogerse a la regularización fiscal porque el procedimiento de inspección tributaria está formalmente abierto.
Y ningún medio, tampoco Hacienda, pasó por alto el pasado mayo que el exmonarca eligió para su regreso un avión privado que, por trayecto, tiene un precio de unos 100.000 euros costeados supuestamente por sus amigos en Abu Dabi. Es decir, la investigación podría prolongarse más allá de la afición cinegética de Juan Carlos de Borbón, manteniéndole en un limbo emiratí con la colaboración del juez londinense que admitió a trámite la querella de Corinna Larsen contra el emérito por acoso.
Herida abierta
Al rey no le conviene un regreso que exacerba el republicanismo
A Felipe VI no le conviene el regreso de un padre que exacerba el republicanismo y la pelea entre la izquierda y la derecha con la jefatura del Estado en medio del fuego cruzado. Tampoco puede correr el riesgo de que el emérito sufra un deterioro de salud durante su expatriación, una eventualidad que podría acarrear devastadoras consecuencias en la imagen pública del monarca entre cierto sector de la opinión pública.
Lo dejó claro en el comunicado emitido por Zarzuela tras el primer cara a cara de los dos reyes tras casi dos años de distancia física y personal: “Tanto en sus visitas como si en el futuro volviera a residir en España”, continuará “disfrutando de la mayor privacidad posible”. Su presencia en el país será temporal y breve, deberá evitar episodios como el de las regatas el pasado mayo y su regreso definitivo está sobre la mesa.
Pero en marzo, tras el archivo de las diligencias abiertas por la Fiscalía contra Juan Carlos de Borbón, Zarzuela hacía público el contenido de una carta pactada entre padre e hijo donde el emérito ya se habría comprometido a que “en un futuro volviera a residir en España” pero, sea como fuere, su propósito era “organizar mi vida personal y mi lugar de residencia en ámbitos de carácter privado para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible”.
Dos meses después ocurrió lo del avión privado, el baño de multitudes, los “¡viva el rey!” y aquél jocoso “explicaciones de qué”. Felipe VI tendría, por tanto, razones para no fiarse de su progenitor que, a punto de cumplirse ocho años del reinado de su hijo, se ha convertido en el problema más grave e imprevisible que tiene la Corona.
Una Corona que goza de la protección del Partido Socialista que, sin embargo, ha dejado caer a Juan Carlos de Borbón por propia supervivencia electoral, con unos socios de Gobierno con los que se disputarán el voto progresista en las próximas citas electorales sacando provecho ‘republicano’ de los errores del exmonarca. Un exmonarca al que, ya se ha comprobado, sólo la Agencia Tributaria parece ser capaz de quitarle las ganas de reír.
