Bruno Estrada
Durante los dos primeros meses del año 2020 y hasta el 11 de marzo el empleo estaba creciendo a un 1,8% interanual, siguiendo la pauta de los dos últimos años: un fuerte crecimiento de los ocupados igual o superior al del PIB. En 2018 el empleo creció un 3% y el PIB un 2,4%, en 2019 creció un 2,1% y el PIB un 2%.
Estas cifras indicaban que estábamos en la senda de un crecimiento económico más inclusivo, con incrementos salariales, incluido SMI, mayores que los años anteriores, ya que la mayor propensión marginal al consumo de los salarios más bajos hace que su incremento se transforme inmediatamente en demanda, creando empleo.
Frente al modelo de la crisis financiera de 2008 que provocó un enorme dolor social, que destruyó millones de empleos y supuso el cierre de cientos de miles de empresas, este Gobierno ha apostado por una respuesta basada en la flexibilidad interna pactada
Siguiendo esta pauta, y la tradicional la mejoría estacional de nuestro mercado de trabajo en marzo, durante los primeros días del mes hasta el 11, el número de afiliados a la Seguridad Social se había incrementado en 64.843 trabajadores hasta alcanzar el máximo de 19.344.258.
Fue a partir de esa fecha, tres días antes de la aprobación del RD 463/2020, cuando empezaron a percibirse los negativos efectos que sobre el mercado de trabajo empezaban a provocar las incertidumbres económicas generadas por la pandemia del Covid-19 y el confinamiento que iba a ser decretado por el Gobierno por evidentes razones de salud pública. Fruto de todo ello, desde el 11 hasta el 31 de marzo asistimos a una continua caída de afiliación a la Seguridad Social, se pierden 898.822 puestos de trabajo en veinte días.
Nunca la sociedad y la economía española habían sufrido un ‘shock’ de esta magnitud en tan breve espacio de tiempo. La crisis financiera de 2008 significó la pérdida de afiliación a la Seguridad Social de 900.000 personas entre septiembre de 2008 y marzo de 2009, en cinco meses.
Durante esa crisis el despido, en especial de las personas con contratos temporales, fue la respuesta casi unánime de las empresas. Frente a este modelo que provocó un enorme dolor social, que destruyó millones de empleos y supuso el cierre de cientos de miles de empresas, este Gobierno ha apostado por una respuesta basada en la flexibilidad interna pactada.
Las medidas implantadas por este Gobierno en relación con el mercado laboral al inicio de la crisis (RD-Ley 8/2020 y RD-Ley 9/2020) han facilitado que los empresarios y trabajadores utilicen los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) como el principal instrumento de gestión interna de los recursos humanos frente a la crisis. A mediados de abril más de medio millón de empresas habían solicitado un ERTE, afectando a cerca de cuatro millones de trabajadores. Los trabajadores afectados por ERTE siguen manteniendo su afiliación a la Seguridad Social, recibiendo una prestación a través del Servicio Público de Empleo (SEPE) equivalente al 70% de su base de cotización durante los primeros seis meses.
Asimismo, cuando la causa motivadora del ERTE sea la fuerza mayor – modalidad a la que se han acogida la inmensa mayoría– la empresa está exenta de la cotización a la Seguridad Social, asumiéndola el Estado.
De esta forma se reduce el riesgo de que la crisis de liquidez de las empresas, debido al desplome de la demanda, se transforme en una crisis de solvencia que pudiera poder en riesgo varios millones de empleos más.
Estas medidas han evitado un volumen mucho mayor de destrucción de empleo, ya que en la crisis financiera de 2008 se destruyeron 3,3 millones de empleos asalariados y, sin embargo, en los cinco años que duró la recesión hasta 2013, tan sólo 1,3 millones de personas estuvieron acogidos a ERTE.
No obstante, los ERTE no han sido la única medida, forman parte de un conjunto que quiere asegurar la protección frente al desempleo del mayor volumen posible de población trabajadora, flexibilizando los requisitos de acceso, ampliando los casos de compatibilidad y automatizando procedimientos de gestión para evitar los trámites presenciales, etc., para conseguir pagar a todas las personas en el mínimo tiempo. El SEPE en abril ha multiplicado por seis su volumen de gestión de prestaciones en el conjunto de España.
Este es el gran cambio en la forma en la que la sociedad española, las empresas, los sindicatos y el Gobierno se ha enfrentado a esta brutal crisis del empleo que estamos sufriendo. Aunque en estos momentos resulta imposible estimar el coste final que tendrán, que será de varios miles de millones de euros, ya que depende de numerosas incertidumbres relacionadas con los plazos de la crisis sanitaria, la profundidad que alcance la crisis económica y la magnitud de propios los recursos públicos, tanto nacionales como europeos, que se destinen a financiar la recuperación. BBVA Research ha evaluado que estas medidas adoptadas por el Gobierno han reducido la previsión de caída del PIB en un 3,5% del PIB.
Merece la pena que destacar que desde mediados de abril se observa un incipiente cambio de tendencia, que debe ser confirmado por los datos de las próximas semanas. Desde el 13 de abril los afiliados a la Seguridad Social se han incrementado en varias decenas de miles, debido a tres factores:
1) la utilización de ERTE en miles de empresas de servicios e industria que ha frenado, por ahora, la destrucción de empleo en esos sectores;
2) la finalización del periodo de máximo confinamiento que ha tenido un claro efecto positivo en el crecimiento del empleo en la construcción y, en menor medida, en la industria y los servicios;
3) la necesidad de contratar a miles de trabajadores para tareas agrícolas, principalmente para la recogida de la fruta.
No obstante, con estas medidas sólo se ha taponado la hemorragia. Para que en los próximos meses los millones de trabajadores que están en un ERTE puedan reincorporarse con normalidad a su trabajo es necesario un ambicioso plan de reconstrucción económica y social que debería salir del acuerdo entre Gobierno, partidos políticos, sindicatos, empresarios y Comunidades Autónomas.
Economista.
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