J.Q.
El pasado lunes la Audiencia Provincial de Murcia condenó a Pedro Antonio Sánchez, ex presidente regional, a tres años de prisión y diecisiete años y tres meses de inhabilitación para cualquier cargo público por prevaricación y falsedad en el Caso Auditorio, durante su mandato como alcalde de Puerto Lumbreras. Sánchez convocó entonces un concurso público para la construcción de un auditorio. Sin embargo, el tribunal ha sentenciado que dicho concurso estaba amañado y adjudicado a dedo desde un principio. La sentencia explica que el ex alcalde encargó “verbalmente y sin previo expediente alguno de contratación” la obra al arquitecto Martín Lejárraga. Posteriormente convocó el concurso, “totalmente condicionado a que el ganador fuera el arquitecto”. El auditorio, que trece años después sigue sin estar abierto al público, fue una artimaña del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras para disfrutar de una subvención pública de seis millones de euros.
La sentencia absuelve al acusado del delito de fraude a la Administración Pública, del que también se le acusaba.
Pedro Antonio Sánchez dimitió en 2017 después de conocerse su imputación en el caso. Fue la gota que colmó el vaso después de su implicación en una ramificación del Caso Púnica.
El actual gobierno murciano, presidido por Fernando López Miras, también está en el punto de mira estos días por su relación con el ex presidente Sánchez. Y es que en 2021, cuando ya estaba siendo investigado, el recientemente condenado recibió 25.000 euros a fondo perdido de la Comunidad a través del marco del programa de ayudas directas a autónomos y empresas por la pandemia.
