M.C
La nueva Ley de Memoria Democrática, cuyo anteproyecto ha sido aprobado este martes por el Consejo de Ministros, declara “nulos de pleno derecho” los juicios franquistas, prevé hacer del Valle de los Caídos un cementerio civil, ilegalizará las asociaciones que hagan apología del franquismo y cambiará la forma de enseñar la dictadura en colegios e institutos.
Además, la iniciativa servirá para poner en marcha un plan de exhumaciones sufragado con recursos públicos que reconocerá así el derecho de las víctimas y sus familiares a investigar y conocer los resultados de las investigaciones sobre lo sucedido, así como también, a la identificación y sepultura digna, permitiendo el traslado al Ministerio Fiscal de los indicios de comisión de delitos que se aprecien al realizar estas localizaciones e identificaciones.
La cobertura legal para la búsqueda de personas desaparecidas quedará reforzada y se consolidará con la creación de un banco nacional de ADN al que los familiares de víctimas del franquismo podrán aportar muestras para facilitar la identificación de restos. Por otro lado, la normativa quiere habilitar la creación de un censo nacional de víctimas que permita recabar información sobre todos los fusilados, represaliados y exiliados durante la Guerra Civil y la posterior Dictadura.
Además, el texto del anteproyecto, formado por 66 artículos, incorpora un régimen sancionador con multas de entre 200 y 150.000 euros, dependiendo de la gravedad de la acción, según ha apuntado la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Así, las sanciones más altas castigarán, por ejemplo, el traslado de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura sin autorización, la destrucción de fosas o de los lugares de memoria, e incluso la falta de adopción de medidas para impedir actos de exaltación del régimen que supongan «humillación» de los represaliados o sus familiares.
“Esta es una ley importante para la democracia española”, ha asegurado Calvo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha destacado que el principal objetivo de la norma es alcanzar “la verdad, la justicia, la dignificación de las víctimas y, como es lógico, el perdón y la convivencia de los españoles”.
