P.P.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de la primera ley estatal de vivienda. Llegará al Congreso de los Diputados siguiendo el procedimiento de urgencia, tal y como ha asegurado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que dé comienzo su tramitación parlamentaria y entre en vigor en la segunda mitad del 2022, cumpliendo con lo establecido en el Plan de Recuperación. Sánchez ha manifestado que persigue “configurar la vivienda como el quinto pilar del Estado de Bienestar” y lograr una “potente herramienta para luchar contra la desigualdad, marginalidad y la exclusión”.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha reiterado que esta norma “histórica” proporcionará seguridad jurídica a propietarios y arrendatarios, dado que la vivienda pasará a considerarse un derecho y no un bien de mercado, y no supondrá el retiro de los fondos internacionales existentes en el sector.
El presidente ha abordado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros algunas de las medidas consideradas en el anteproyecto, tales como las áreas tensionadas, el recargo al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o las bonificaciones fiscales. La nueva normativa ampara permanentemente el parque público de viviendas sociales e incorpora la consideración de “vivienda asequible incentivada de titularidad privada”, que ofrece beneficios fiscales u otros a propietarios que oferten alquileres a precios rebajados.
Con el fin de estimular la movilización de las viviendas vacías, los ayuntamientos podrán aplicar un recargo del 150% en el IBI (antes era un 50%) a las viviendas que hayan estado vacías durante más de dos años y si el propietario posee cuatro o más inmuebles en el municipio. Otra iniciativa, que impedirá los desahucios en circunstancias vulnerables, consistirá en la agilización de las comunicaciones entre servicios sociales y magistrados.
El propósito del Gobierno es incentivar fiscalmente el alquiler de viviendas con deducciones de entre el 50% y el 90% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Con respecto a las zonas tensionadas, la bonificación llegará hasta un 90% en caso de que el propietario baje un 5% la renta en comparación con el último contrato. Si es el primer alquiler a jóvenes de entre 18 y 35 años, será del 70%, mientras que se aplicará un 60% si se han llevado a cabo mejoras en el inmueble.
Dieciocho meses es el plazo marcado para configurar el índice de referencia de estas zonas tensionadas. Sánchez ha expresado que se trata de “una ley garantista y que protege al arrendatario y también al propietario, protege el derecho a la propiedad y en ningún caso supone una invasión de las competencias de las CCAA”.
