El orden natural en la derecha está en peligro. El Gobierno de coalición ha logrado enfrentar al PP y a la CEOE como nunca antes se había visto. En realidad, a Pablo Casado y a Antonio Garamendi, dos personalidades incompatibles desde que el empresario vasco comenzara a anotar en su haber y también en el del Ejecutivo los acuerdos en materia laboral. Mientras el líder del PP pretende asfixiar a Pedro Sánchez, el presidente de la patronal le insufla oxígeno. Con acuerdos que no comprometen los intereses empresariales, pero sí la estrategia de oposición de los populares. Recién inaugurado un intenso y decisivo ciclo electoral y con la ultraderecha pisando fuerte en las encuestas, el aspirante a La Moncloa no atiende a razones por mucho que sean de su cuerda.
La jerarquía de la Iglesia y la empresarial han ido, en no pocas ocasiones, de la mano de la derecha política. En vísperas de las generales de 2008, la Conferencia Episcopal emitía una nota donde asumían como propias las críticas del PP al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, provocando su famoso encuentro del “caldito” con el nuncio vaticano. Años antes, en 2000, el entonces presidente de la CEOE, José María Cuevas, aprovechaba un almuerzo informativo organizado por El Nuevo Lunes para espetarle al candidato del PSOE a la presidencia, Joaquín Almunia, que “si usted de verdad quiere gobernar, tendrá usted que pensar qué coño hace con el Tribunal de Defensa de la Competencia”. “Estoy convencido de que usted está convencido de que no va a ser presidente del Gobierno”, le soltó en medio de los postres.
Comparado con sus predecesores al frente del PP, Pablo Casado se encuentra en una situación de desventaja. Antes era impensable pero, ahora, los obispos y la patronal son capaces de dar su visto bueno a las políticas de un Ejecutivo de izquierdas. Como cuando el pasado mes de junio justificaron los indultos a los presos del procés, un obús en la línea de flotación de la formación conservadora del que aún no se recuperado.
Desde el PP ponen el foco en la división en la CEOE
Pero es sin duda la CEOE la que más daño está haciendo al líder popular. O mejor dicho, su presidente, Antonio Garamendi; desde la derecha política insisten en culparle de los ‘éxitos’ del Gobierno en materia laboral y hablan de división en la siempre monolítica confederación, subrayando las abstenciones de las patronales de Cataluña y Madrid, Foment y CEIM, y las sectoriales Anfac (automoción) y Asaja (agraria), en la votación de la comisión ejecutiva sobre la reforma de la reforma laboral.
A Génova le interesa trasladar la idea de que es el empresario vasco quien está actuando contra natura y ha encontrado algunos aliados en este empeño. Como la CEIM de Miguel Garrido, tan en consonancia con las políticas liberales de los populares madrileños, y algún medio de comunicación como La Razón, desde donde los últimos días lanzaban ataques personales contra Garamendi.
Frentes internos
Pero lo cierto es que la dirección nacional del PP, y particularmente Casado, es quien más contestación interna está recibiendo. Desde los territorios, desde medios afines e, incluso, desde FAES.
Los ‘sospechosos habituales’ Alberto Núñez Feijóo y Juan Manuel Moreno reaccionaban a la precipitada negativa de su presidente a apoyar la reforma laboral pidiéndole que leyera el decreto antes de pronunciarse y recordándole que “no hay una derogación” de la reforma firmada en 2012 por la entonces ministra de Empleo, Fátima Báñez, sino “modificaciones de algunos párrafos”.
De hecho, insisten quienes desde la órbita conservadora consideran que el PP debería abstenerse, la ahora presidenta de la Fundación CEOE no ha puesto objeciones a un acuerdo que, habría dicho, no altera en lo sustancial su reforma del mercado laboral en España de 2012.
Así lo subrayan desde medios como El Mundo, El Español o El Confidencial. Hace unos días, su director, Nacho Cardero, le reconocía a Casado aciertos de orden interno y electoral aunque, “para terminar de exhibir trazas de hombre de Estado”, debería “propiciar la aprobación de la reforma laboral apadrinada por Yolanda Díaz, que no difiere en apenas nada, salvo en un puñado de detalles, respecto a la de Fátima Báñez”.
La patronal desarma la estrategia de Casado
De la misma opinión son en FAES. La fundación presidida por José María Aznar hacía público su análisis sobre la reforma laboral días después de conocerse el acuerdo y, aunque defendía que el PP “quiera mantener vigente su propuesta política de una reforma de mayor alcance construida a partir de la de 2012, sin comprometerse con la recién aprobada”, aseguraba que “la nueva regulación ni es “histórica”, ni “deroga” la vigente hasta la fecha”.
FAES no sólo no tiene nada que reprocharle a la patronal, algo que viene haciendo Casado de forma más o menos velada desde que suscribieran los primeros acuerdos sobre los ERTE, las pensiones o sobre el salario mínimo. El think tank del expresidente popular considera que el resultado “avala la negociación llevada a cabo por la CEOE que ha mantenido los elementos fundamentales de flexibilidad interna en las empresas”. “Los contenidos regresivos de esta reforma”, dice para referirse al fin de la ultraactividad de los convenios y la prevalencia en materia salarial del convenio sectorial sobre el de empresa, “han parecido a los empresarios un coste asumible, dadas las circunstancias”.
Razones electorales
El pragmatismo de Antonio Garamendi no casa bien con los intereses del PP. “Teníamos que sacar la política del mundo de la empresa”, sostenía hace unas semanas en una entrevista en El Correo.
El empresario de Neguri defiende la negociación sea cual sea el signo político del Gobierno y, a pesar de que el líder popular vuelve a darle la espalda tras el tímido intento de reconciliación del pasado octubre, cuando se dejaron fotografiar juntos en un desayuno informativo unidos por la anunciada derogación de la reforma laboral, ya tiene agendada en el calendario la próxima negociación de la subida del SMI en 2022.
Un año, 2022, clave para las aspiraciones electorales de Pablo Casado. De momento, el líder del PP puede presumir de haber logrado que el partido cierre filas en torno a Alfonso Fernández Mañueco, que se presenta a la reelección en los comicios del 13 de febrero. Esto es, que Isabel Díaz Ayuso haya aparcado, quién sabe hasta cuándo, su guerra con Génova por la presidencia del PP de Madrid.
El objetivo de aquí a 2023, cuando el ciclo electoral que ahora comienza debería concluir con las generales en el último trimestre del año, es debilitar a Pedro Sánchez. Por eso el PP asiste con preocupación al papel de la CEOE, que con cada acuerdo firmado en Moncloa estaría ayudando a fortalecer al Ejecutivo de coalición.
Tras una pandemia sanitaria y una crisis económica que ha protagonizado la acción de Gobierno durante la primera mitad de la legislatura, el presidente lo ha fiado todo a la recuperación, fondos europeos mediante.
La política macro y micro es, por tanto, el objetivo a batir del PP, y la suma de acuerdos con sindicatos y patronal le echa a perder un relato con el que espera llegar al final del periodo de sesiones con opciones de ser un candidato ganador.
Barones, derecha mediática y FAES cuestionan a Génova
Por eso está dispuesto a asumir el riesgo de que el decreto de reforma laboral no salga adelante. Si los socios parlamentarios de Sánchez no lo respaldan con mínimos cambios, deberá tramitarse como proyecto de ley y la negociación de enmiendas desvirtuará un acuerdo aceptable para la derecha. La empresarial, la mediática y también la política.
Pero dar por buena la decisión –mayoritaria, que no unánime– de la CEOE colocaría a Casado en una situación muy delicada frente a Vox. A la espera de que una eventual reedición del Gobierno de Mañueco en Castilla y León solvente su descenso en las encuestas provocado por la guerra madrileña, el líder de los conservadores lleva meses viendo cómo su dependencia del partido de Santiago Abascal no hace más que crecer en los sondeos.
Un crecimiento espectacular según publicaba El País el pasado lunes, que le concedía a la ultraderecha 66 escaños, 14 más que los 52 actuales. Más moderado era el resultado de la encuesta publicada una semana antes por El Mundo, que pronosticaba 58 diputados para Vox si hoy se celebrasen unas generales. Antes de finalizar 2021, Abc publicaba la suya, arrojando una discreta subida de cuatro parlamentarios más para la hoy tercera fuerza del Congreso.
Mientras, el recorrido demoscópico del PP está siendo más que modesto. Según El País, pasaría de los 89 actuales a los 100 escaños; según El Mundo, a los 118; y según Abc, a los 122. Mejorarían el resultado de 2019, el peor de su historia, pero bajaría en intención de voto respecto a anteriores oleadas. La tendencia, por tanto, es insostenible para un partido de Gobierno. Y en Génova entienden que, para ganarle a la izquierda, han de resistir por la derecha.
Así las cosas, y a pesar de las presiones de la órbita conservadora, nada hace prever una reconciliación de Pablo Casado y Antonio Garamendi. Roto el ‘matrimonio’ por culpa de un tercero, el presidente del PP inicia un ciclo electoral decisivo más ‘soltero’ de lo que nunca ha estado un líder popular.
Una operación de riesgo
El éxito del acuerdo entre patronal, sindicatos y Gobierno para reformar la legislación laboral de 2012 va moderando su intensidad a medida que se acerca a la fecha límite; la convalidación del decreto de la reforma laboral debe votarse en el Congreso antes del 7 de febrero, día en la que vence el plazo para ratificarlo o no. En este último caso, se tramitaría como proyecto de ley y la negociación de las enmiendas desvirtuaría y probablemente dilapidaría el pacto original.
Le quedan poco más de quince días a Yolanda Díaz para lograr el apoyo de sus socios parlamentarios sin que Garamendi se descuelgue del pacto, una operación de alto riesgo que amenaza con descarrilar.
El principal escollo, los convenios autonómicos. Los socios vascos, catalanes y gallegos exigen su preeminencia sobre los estatales o de empresa, pero en CEOE consideran que esta opción rompería la unidad de mercado.
Si se cambia “una coma” del acuerdo, la patronal podría descolgarse del pacto. Lo advertía Antonio Garamendi poco después de que Yolanda Díaz anunciara el éxito de la negociación. En el Ejecutivo creen que el presidente de los empresarios se ve obligado a cierta sobreactuación después de que las patronales madrileña y catalana, la del automóvil y la de agricultores enturbiaran la foto finish con su llamativa abstención.
Pero no deja de resultar delicado el encaje que pretende la ministra de Trabajo, con sus socios exigiéndole una modificación sustancial a un decreto donde esperaba introducir cambios mínimos.
Los partidos vascos enfrentan esta fase desde distintos puntos de partida. La patronal Confebask ha pedido al PNV que apoye el decreto por “responsabilidad”. Mientras, los sindicatos LAB y ELA, que insisten en la prevalencia de los convenios autonómicos y en modificar más aspectos de la reforma del Gobierno de Mariano Rajoy de las que contempla el acuerdo con los agentes sociales, cuentan con el respaldo de EH Bildu. Lo mismo que la Confederación Intersindical Galega con el representante del BNG. Por su parte, ERC añade otra petición: que la Generalitat de Cataluña recupere la competencia de autorización previa a los ERE.
Fuentes conocedoras del proceso negociador señalan que desde Trabajo y también desde el PSOE están tratando de que sus socios renuncien a incluir estas reivindicaciones en la reforma laboral a cambio de abordarlas en otras normativas laborales en discusión.
Pero eso exige un ejercicio de confianza que, en el momento político en que se encuentra cada uno de ellos, a poco más de un año de las elecciones municipales a las que concurrirán también las formaciones nacionalistas e independentistas, añade más riesgo a la operación.
La derecha de este país se ha quitado la careta y ha optado por defender sus raíces franquistas. Desde que VOX ha optado por ello sin complejos, el PP y Ciudadanos han arrimado el hombro a su carreta con complejos. Pero no nos engañemos, la derecha siempre ha sido franquista. Y los españoles, al menos los de mi edad, voy a cumplir 70, hemos vivido con miedo, por la familia, no por otra cosa, y de ello se aprovechan estos fachas. Se pusieron el disfraz de demócratas, pero el hábito no hace al monje. Un facha siempre es un facha, y su odio a las clases trabajadores se refleja en su forma de hacer política difuminado por su amor al dinero y al poder. Yo no soy de callarme ante los abusos y por ello me las han hecho pasar canutas; hasta que finalmente me jubilé. No permitamos que vuelva a gobernar la derecha, porque si llega a pagar lo vamos apagar caro. Este gobierno de coalición, con sus dificultades, «que gobernar es muy difícil» ha sido el mejor que ha tenido España hasta hoy. La patronal de ahora, no es la de antes; y parece que va en el buen camino. Mis felicitaciones a su presidente y a la ministra Yolanda. Y a los pensionistas les digo, luchemos por nuestros derechos, que pedir limosna nos degrada como personas.