Daniel Lacalle fue el gurú liberal de Pablo Casado hasta que el PP le pidió que dejara su escaño porque los malos resultados de las elecciones generales del 28-A habían dejado fuera del Congreso a Marimar Blanco, todo un símbolo antiterrorista para el partido. Hasta entonces, había sido la antítesis de la política económica del Gobierno socialista surgido de la moción de censura contra Mariano Rajoy y su propuesta de drásticos recortes de impuestos era el santo y seña fiscal que los populares llevaban a gala en su programa electoral.
Hoy continúa dedicado a impartir clases, escribir libros y artículos, ofrecer asesoría financiera y participar en algunos arbitrajes internacionales como experto en energía en calidad “testigo del Reino de España”, que no del Gobierno.
“En dichos arbitrajes hago un informe detallado, un análisis y declaro sobre la regulación del sector eléctrico, además del entorno energético y regulatorio europeo y español. Confundir al Reino de España y el Estado con el Gobierno es grave”, afirma en un comunicado enviado a El Español donde niega airado una información de El Confidencial sobre el contrato del Ejecutivo de Pedro Sánchez a Lacalle para defender el recorte a las renovables “sin publicidad ni concurso público”.
“El IDAE, adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica, formaliza al menos tres contratos a razón de 15.730 euros cada uno con el economista para la declaración testifical en arbitrajes contra el Reino de España”, sostiene la noticia. Recurriendo al “economista neoliberal”, el Ejecutivo trata de “neutralizar los arbitrajes que reclaman sumas millonarias por el recorte regulatorio de las primas a las energías renovables aplicadas primero por el Gobierno de Zapatero y posteriormente, y con más fuerza, por el Ejecutivo de Rajoy”, añade el medio.
Lacalle, consultado para elaborar la información, no quedó conforme con el resultado y contestó a través de otro diario digital contra lo que llama “colección de errores”. Entre ellos, que no fue elegido a dedo sino por sus conocimientos, que la remuneración es “transparente y pública”, que su trabajo ha permitido ahorrar “miles de millones de euros al contribuyente español frente a esos grandes fondos internacionales” y, “ah, y tampoco soy un economista ‘neoliberal’”.
