E. S.
El impacto del Covid en España nos podría devolver a índices de desigualdad semejantes a los experimentados durante los peores años de la crisis anterior como resultado, sobre todo, de la pérdida de empleo de las personas más vulnerables. El efecto de este golpe podría incluso llevarnos a niveles de pobreza inéditos. Oxfam Intermón llega a esta conclusión en el informe ‘Superar la pandemia y reducir la desigualdad. Cómo hacer frente a la crisis sin repetir errores’ que, partiendo de una amplia documentación, analiza el impacto de la pandemia en la desigualdad económica y social, evaluando su diferente incidencia en diferentes sectores de la población y examinando sus efectos en las condiciones socioeconómicas y de empleo. A continuación, reproducimos los aspectos más relevantes de un documento que analiza también el impacto de algunas de las políticas públicas puestas en marcha para proteger a la población.
Antes del inicio de la crisis de la pandemia España ya era uno de los países más desiguales de Europa, siendo el quinto país más desigual, sólo por detrás de Rumanía, Letonia, Lituania y Bulgaria.
Las razones de la desigualdad están en la estructura de nuestro mercado de trabajo, en el desigual reparto de rentas entre capital y trabajo en la salida de la crisis y en el escaso componente redistributivo de nuestro gasto público.
En términos de pobreza, España se enfrentaba a la pandemia con unos niveles de pobreza relativa que se situaban también entre los más altos de la Unión Europea, ocupando de nuevo la quinta posición de la Unión Europea y sólo por detrás de Estonia, Bulgaria, Letonia y Rumanía. Esta posición se explica por el alto crecimiento de la desigualdad durante la anterior crisis y en la desigual recuperación económica posterior.
Hay casi 790.000 personas más por debajo de la línea de pobreza severa
Si atendemos a la pobreza severa, España empeoraba su posición, siendo el cuarto país con mayor tasa de pobreza severa, con un 9,2% de la población por debajo del umbral, sólo por detrás de Rumanía, Bulgaria y Letonia. Pese a los años de recuperación económica, en 2019 había en España 4,2 millones de personas por debajo del umbral de pobreza severa, doscientas mil más que en 2010.
Nos encontramos así con un país que, pese a la recuperación económica vivida entre los años 2014 y 2019, no había logrado reducir sustancialmente sus niveles de pobreza y de desigualdad, que se mantienen todavía bien por encima de los niveles previos a la crisis de 2008-2010. Este es el escenario en el que España entró en la crisis del coronavirus durante al año 2020.
El virus que sí entiende de desigualdades
La irrupción de la pandemia del Covid-19 ha golpeado de manera desigual a las personas: la incidencia del virus depende en buena medida de la situación socioeconómica. El grado de exposición a las enfermedades infecciosas depende en gran medida de la posibilidad o la capacidad que tiene cada persona para aislarse o para mantener la distancia física, cuestiones que están muy condicionadas por el tamaño de las viviendas, la disponibilidad de espacios amplios y abiertos en las zonas de residencia, la necesidad de usar el transporte público para desplazarse o la posibilidad de teletrabajar.
Estos patrones de desigualdad social y de exposición diferenciada al riesgo de contagio se han materializado en niveles de impacto desigual, particularmente si atendemos a lo ocurrido en las ciudades. Así, a lo largo de la pandemia, diferentes estudios nacionales e internacionales dibujaban un patrón en el que los barrios y distritos con un menor nivel de renta mostraban mayores índices de incidencia acumulada.
Como resultado de este proceso, en ciudades como Madrid, los distritos con renta per cápita más baja han sido los más castigados por la pandemia, mientras que aquellos distritos con mayor renta per cápita han sido menos golpeados por la misma. En Madrid, los habitantes de Villa de Vallecas, con una renta per cápita de un 36% del promedio del distrito de Chamartín, han tenido durante el año 2020 una incidencia acumulada total de 8.547 casos por cada 100.000 habitantes, un 68% más de probabilidades de contraer la enfermedad que sus vecinos de los distritos más ricos, con una incidencia total acumulada de 5.066 casos por cada 100.000 habitantes.
Este mayor nivel de incidencia en los barrios más desfavorecidos se repite en otras ciudades. En Barcelona, las personas con mayor privación han tenido durante el año 2020 una probabilidad de contagiarse por el coronavirus un 67% más alta que las personas con mayores recursos socioeconómicos.
Los efectos de la pandemia
La pandemia ha afectado muy negativamente a la desigualdad en España. Al impacto personal y sanitario debe añadirse el impacto en el mercado laboral y en las rentas de las personas.
Atendiendo a los impactos estimados en materia de desempleo y descenso de la actividad económica, las personas más vulnerables estarían siendo las más afectadas. Con una caída del PIB del 11,4% en 2020, y un incremento del desempleo hasta alcanzar el 17%, esta crisis incrementaría la pobreza relativa (personas con ingresos inferiores al 60% de la renta mediana anual, estimada en unos 24 euros al día, 8.739 euros anuales) desde el 20,7% hasta el 22,95% del total de la población.
Ha sido el mayor incremento de la desigualdad en un único año en toda la década
Esto implica un millón de personas más por debajo de la línea de pobreza, hasta alcanzar 10,9 millones de personas en situación de pobreza relativa durante este año 2020. Esta cifra está por encima de la tasa de pobreza de 2015, la peor de la década, que se situó en el 22,3 de la población.
El segundo aspecto clave es la intensidad de la pobreza: de acuerdo con estas previsiones, la tasa de pobreza severa (personas con ingresos inferiores al 40% de la renta mediana, es decir, con menos de 5.826 euros al año) podría haberse incrementado en España desde el 9,2% precovid hasta el 10,86%, con casi 790.000 personas adicionales por debajo de la línea de pobreza severa, elevando hasta los 5,1 millones el total de personas viviendo con menos de 16 euros al día.
El impacto de las caídas de renta se concentra en los deciles más vulnerables, de manera que los deciles más pobres concentran la mayor caída de ingresos, fundamentalmente por la destrucción de empleo, que se concentra en estos sectores, mientras que los sectores de clase media y clase alta experimentan una caída en sus ingresos sustancialmente menor.
En términos relativos, el decil más pobre podría llegar a perder, proporcionalmente, hasta siete veces la renta que pierde el decil de renta más alto. De esta manera, los deciles uno y dos (el 20% más pobre de la población) acumulan la mayor parte de las pérdidas de renta disponible. En el caso del primer decil, su caída es superior a la caída del PIB, mientras que en el resto de los deciles la caída es inferior.
Por consiguiente, España se enfrenta en 2020 a un notable incremento de su desigualdad, con un índice de Gini que podría ascender hasta el 34,15 desde el actual 33, de manera que el índice de desigualdad esperado significaría un retroceso de varios años, hasta hacerse equivalente a la desigualdad de renta de 2016. Se trata del mayor incremento de la desigualdad en un único año en toda la década, por encima de los alcanzados en los años de la crisis de 2008-2014.
El colchón de los millonarios
La distribución de la riqueza los primeros análisis muestran también que el impacto no ha sido igual para todas las personas. La lista mundial anual de milmillonarios de Forbes de 2020 se publicó el 18 de marzo de 2020, cuando el índice bursátil de referencia en España, el IBEX 35, se encontraba en uno de sus niveles más bajos de los últimos cinco años y apenas una semana después de que la Organización Mundial de la Salud caracterizara al Covid-19 el 11 de marzo como una pandemia global.
Entonces había 24 milmillonarios españoles en la lista, con una riqueza total conjunta de 97.100 millones de dólares. Nueve meses después, a 31 de diciembre de 2020, el número de milmillonarios españoles era de 26 y su riqueza aumentaba en 33.900 millones de dólares hasta alcanzar los 131.000 millones de dólares. Esta realidad contrasta con la de millones de personas en España que han visto disminuir sus ingresos como resultado de la pérdida de sus empleos o de sus negocios y que se ven abocadas a la pobreza.
En medio de la peor recesión económica en España en décadas, con una caída prevista del PIB superior al 11%, resulta inquietante observar cómo los milmillonarios españoles ven crecer el valor de su patrimonio, mientras la fragilidad de las cuentas públicas aumenta de manera crítica como resultado del notable incremento de los gastos para paliar los efectos de la crisis sanitaria, económica y social.
Es cierto que las personas más ricas en España también se han visto impactadas por la pandemia, pero su capacidad de resiliencia y de recuperación no tiene comparación con la de una gran mayoría que ve cada vez más difícil hacer frente a los gastos más esenciales.
Tomando como referencia una estimación del valor conjunto de su riqueza cuando el mercado bursátil se encontraba en su momento más álgido (el 19 de febrero), y a pesar de las importantes pérdidas en las semanas iniciales de la pandemia, los milmillonarios españoles, a 31 de diciembre, apenas se encuentran 17 puntos porcentuales por debajo de su riqueza de entonces. Durante estos nueve meses han conseguido recuperar más de la mitad de lo perdido (entre febrero y marzo perdieron 57.900 millones, mientras que entre marzo y diciembre ganaron 32.500 millones).
Antes de la pandemia había 24 milmillonarios españoles en la lista Forbes. Ahora, 26
Para ponerlo en perspectiva, este aumento en el valor de la riqueza de los milmillonarios españoles desde que se declaró la pandemia en marzo (32.500 millones de dólares, unos 26.500 millones de euros) es superior al coste de una de las principales medidas de contención de la pandemia: los ERTEs. Considerando tanto las prestaciones como las exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, entre los meses de marzo y septiembre de 2020, el coste de esta medida ascendió hasta los 24.000 millones de euros. Asimismo, supone más de tres veces el aumento en gasto sanitario público experimentado durante este ejercicio 2020 respecto a 2019 (8.076 millones de euros adicionales).
Los más jóvenes, principales víctimas socioeconómicas
Cuando distinguimos en función de la edad, el grupo que más ha visto aumentar la desigualdad salarial como resultado de las medidas de confinamiento es el de las personas menores de 30 años, seguidas de las personas adultas (entre 30 y 49 años) y finalmente de las personas mayores (entre 50 y 64 años).
Durante los meses más complejos, y en relación a la desigualdad observada durante los mismos meses del año pasado, las personas jóvenes vieron aumentar su índice de desigualdad salarial antes de la intervención del estado en más de 15 puntos de Gini (18,3 y 16,6 puntos durante los meses de abril y mayo, respectivamente). Estos registros suponen 1,6 veces el observado a nivel promedio. El siguiente grupo más afectado han sido las personas adultas. Dentro de este grupo la desigualdad aumentó también, aunque en línea con el promedio nacional.
El acceso al empleo se ha configurado como el principal factor de generación de desigualdad a lo largo de la pandemia, afectando fundamentalmente a las personas con contratos temporales y más precarizados, problema que afecta principalmente a quienes son menores de 30 años.
La pandemia amplifica la desigualdad de género
Aunque en condiciones de igualdad la prevalencia por género es mayor entre los hombres, la pandemia ha afectado particularmente a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, reproduciendo el impacto de la desigualdad de género.
En la cuarta entrega del estudio de seroprevalencia del Ministerio de Sanidad se destacan varios colectivos con una prevalencia mayor que la media nacional (9,9%). Se trata del personal sanitario (16,8%) y las mujeres que cuidan a personas dependientes en el domicilio (16,3%). También las personas de nacionalidad no española (el 13,1%).
Aunque no se identifican grandes diferencias de prevalencia en cuanto al género, si se analizan los datos por sectores de actividad o grupos profesionales se observa que algunos de los trabajos donde existe una mayor exposición al virus están claramente feminizados, como los que tienen que ver con tareas de limpieza (13,9% de prevalencia) o los que se desarrollan en residencias de personas mayores (13,1%).
Los inmigrantes, grandes olvidados de la crisis
Otro de los grupos con mayor impacto ha sido el de las personas migrantes, particularmente aquellas en situación administrativa irregular. La evolución del desempleo durante el año 2020 ha amplificado las diferencias entre personas trabajadoras migrantes y nacionales. Mientras que el desempleo entre españoles y españolas ha crecido en 1,66 puntos entre el tercer trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2020, el desempleo entre personas extranjeras ha crecido más de cinco puntos, hasta el 25,65. Son, por lo tanto, uno de los grupos más afectados por los ajustes.
De entre todas las personas migrantes, aquellas que se encuentra en situación administrativa irregular han sido las más desprotegidas durante la crisis. De acuerdo con Fanjul y Gálvez-Iniesta (2020), en España trabajan alrededor de 300.000 personas migrantes en situación administrativa irregular, cuyos empleos se concentran en sectores particularmente afectados por los cierres de actividad. Un 30% de ellas trabaja en el sector de los servicios en el hogar y un 29% en el sector de la hostelería, uno de los sectores más afectados por los cierres. El resultado de este desigual impacto supone un notable incremento en la tasa de pobreza de la población migrante, que alcanzaría el 57% en el caso de la población migrante no perteneciente a la Unión Europea.
De cumplirse estas estimaciones, 2020 sería el año con un crecimiento de la tasa de pobreza entre la población migrante no comunitaria sólo comparable a los resultados de la crisis financiera, superando incluso esos registros. La tasa de pobreza entre la población no comunitaria mantiene, a largo plazo, una tendencia creciente y que amenaza con ahondar su exclusión social.
El empleo, principal canal de transmisión de la desigualdad
Estas estimaciones señalan un fuerte incremento de la pobreza y la desigualdad, que no han afectado de la misma manera a todas las personas trabajadoras. El efecto de los cierres en primavera y otoño han afectado en gran medida a determinados sectores económicos, cuyos trabajadores y trabajadoras han sufrido el principal impacto de los mismos.
El aumento del valor de la riqueza de los milmillonarios es superior al coste de los ERTEs
Los sectores relacionados con la hostelería y con el comercio han sido los principales afectados por los cierres, de manera que su impacto se ha dejado notar particularmente en las personas empleadas en ellos. Así, podemos observar que la evolución interanual en el tercer trimestre del 2020 -último disponible- señala claramente la caída en los sectores del comercio y la hostelería, seguidos por las actividades recreativas y artísticas. Todos los sectores, salvo el agroalimentario y las actividades de las administraciones públicas, la sanidad y la educación, han experimentado notables descensos.
Esta evolución negativa se corrobora con el descenso en la remuneración de las personas asalariadas de cada uno de estos sectores, que ha experimentado también fuertes caídas en general en todos los sectores salvo la construcción, la información y comunicaciones, y las administraciones públicas.
Esta caída de la masa salarial se ha cebado con los sectores donde tradicionalmente los salarios se encuentran entre los más bajos. De acuerdo con un estudio del Joint Research Centre de la Comisión Europea, los sectores sometidos al cierre durante el año 2020 mantienen un salario anual que, de media, supone un 60% del salario mediano en España, mientras que aquellos sectores que han podido teletrabajar durante los cierres mantienen unos salarios un 140% superior al salario mediano. Los salarios en aquellas ocupaciones parcialmente activas también son aquellas que mantienen unos salarios más reducidos.
En otras palabras, el impacto de los cierres se ha concentrado en los sectores con salarios más reducidos, bien porque estaban cerrados, bien porque mantenían una actividad limitada. Este impacto se ha cebado particularmente con las personas más jóvenes y con las mujeres: de acuerdo con el citado informe, la proporción de jóvenes trabajando en los sectores cerrados se elevaba hasta el 22,62%, casi el doble que la proporción de jóvenes trabajando en el conjunto de la economía (13,77%).
La variación interanual de las personas ocupadas en España en el último año según los datos de la EPA ronda el -3,5% en su conjunto (697.400 personas menos ocupadas), siendo la reducción ligeramente superior en el caso de las mujeres (-3,6%) que en el de los hombres (-3,4%). No obstante, la reducción del número de personas ocupadas no se produce de manera homogénea en todos los grupos de edad, sino que se incrementa de manera relativa a medida que se reduce la edad de las personas.
Así, las personas ocupadas habrían disminuido en todos los grupos de edad excepto en los de las personas entre 55 y 69 años. La reducción en la proporción de personas ocupadas por grupos de edad supera el 20% en el caso de las personas menores de 20 años, si bien el descenso en este grupo de edad entre las mujeres (48,5%) dobla el de los hombres (23%). En el resto de grupos de edad las diferencias por sexo son variables y no alcanzan cifras significativas.
Atendiendo al nivel educativo, la reducción de las personas ocupadas en el último año es especialmente significativa entre las personas que no han alcanzado los estudios primarios, donde son muy llamativas las diferencias por sexo (la reducción de las mujeres ocupadas que no han terminado los estudios primarios es del 34,6%, siendo la de los hombres en este mismo grupo del 3,7%). Si bien la reducción en la ocupación apenas afecta a las personas con estudios superiores, esta aumenta conforme disminuye el nivel de estudios de las personas.
La tasa de variación en el empleo en el último año es superior a la media (-3,5%) en el caso de los hombres de nacionalidad extranjera (-4,8%), si bien en el caso de las mujeres extranjeras se sitúa por debajo de la media, incluso por debajo del descenso que experimentan las mujeres de nacionalidad española (-3,7%).
Tal y como revela el estudio realizado por FUNCAS (2020), una de las principales razones del aparentemente reducido impacto de la crisis sanitaria sobre la ocupación es la política de los ERTEs, que ha servido para mantener el empleo: las personas en esa situación se contabilizan como ocupadas y no como desempleadas en las estadísticas de medición del empleo y desempleo.
El crecimiento de la pobreza entre migrantes supera el registrado en la crisis financiera
Como se puede observar, las personas jóvenes, aquellas con menor nivel de formación y las extranjeras han sido las principales afectadas por la destrucción de empleo: en otras palabras, aquellas personas que ya disponían de empleos en peores condiciones, con menos posibilidades de teletrabajar y muy vinculados al sector de servicios elementales como la hostelería y el comercio minorista.
Impacto socioeconómico de las medidas de choque
Una de las medidas que se ha demostrado más eficaz a lo largo de la pandemia en la prevención de un incremento excesivo de las cifras de desempleo es la reforma de los ERTEs a través del diálogo social entre el Gobierno y los agentes sociales.
Esta normativa relativamente amplia y flexible ha sido muy utilizada por las empresas. A finales del mes de abril se alcanzó el máximo de 3,4 millones de personas en situación de ERTE (3,2 por fuerza mayor, de las cuales un 85% estaban protegidas en modo de suspensión de contrato).
A medida que han ido finalizando los plazos de duración de los ERTE estas cifras han experimentado un descenso significativo, mientras que un porcentaje importante de las personas afectadas ha podido reincorporarse a sus puestos de trabajo.
El impacto de los cierres se ha concentrado en los sectores con salarios más reducidos
Pese a esta evolución, no hay que olvidar que este mecanismo de protección no proporciona cobertura a algunos colectivos, como las personas asalariadas con contratos temporales (afectando fundamentalmente a jóvenes y mujeres), y las personas que trabajan por cuenta propia (aunque en este caso, como hemos visto, cuentan con otro tipo de ayudas). Una diferencia que pone en evidencia nuevamente la dualidad que caracteriza al mercado de trabajo en España.
Un estudio de FEDEA recuerda varios tipos de ‘’ineficiencias’’ que la literatura económica ha detectado en relación a los ERTEs; la pérdida por ‘’peso muerto’’ si los ERTEs incluyen puestos de trabajo que no se hubieran perdido tampoco sin ayudas económicas y un ‘’efecto expulsión’’ si se mantienen empleos que no son viables tras la retirada de las ayudas.
En octubre, tras la aprobación del Real Decreto Ley 30/2020, ya había responsables empresariales y colectivos de trabajadores y trabajadoras que alertaban que los ERTE podrían transformarse finalmente en ERE si la actividad económica no terminaba de recuperarse.
Mejoras al Ingreso Mínimo Vital
Las políticas de contención, por otra parte, fueron diseñadas teniendo en cuenta el más que probable (y ya constatable) incremento de la pobreza y de situaciones de vulnerabilidad social. La medida que más atención y debate ha generado en este sentido es el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Pese a su anuncio en primavera, ha tenido un impacto limitado en la reducción de la desigualdad en España.
De desarrollarse en su totalidad, el IMV habría salvado de la pobreza a 277.000 personas
A las dificultades de su implementación se añade el bajo porcentaje de potenciales beneficiarios que han podido acceder a este tipo de protección. Según estimaciones de la Seguridad Social, a finales de 2020 sólo 160.000 hogares, de los 850.000 previstos, accedieron a esta ayuda. De haberse desarrollado en su totalidad durante el segundo semestre del año, el Ingreso Mínimo Vital habría reducido en 0,5 puntos el índice de Gini, salvando de la pobreza a 277.000 personas, y reduciendo la pobreza severa en 230.000 personas.
En febrero de 2020 Oxfam Intermón propuso un esquema de renta garantizada con un coste de 6.400 millones de euros (superior a la cuantía planteada por el Ingreso Mínimo Vital, que se situaba en 3.000 millones) para sacar a casi cuatro millones de personas de la pobreza severa. Ese modelo, implementado en su totalidad en la segunda parte de 2020, podría haber salvado de la pobreza a 850.000 personas, y haber reducido la pobreza severa en 700.000 mil personas y la desigualdad en más de dos puntos de Gini sobre la línea de base.
La principal diferencia del IMV finalmente aprobado y la propuesta de Oxfam Intermón, además de la menor cobertura, es que ésta ponía un mayor acento en la lucha contra la pobreza infantil, ya que mantenía y extendía una prestación por hijo a cargo para familias que, viviendo en pobreza relativa, superan el umbral de acceso del IMV pero siguen presentando situaciones de vulnerabilidad y necesidad que afectan al desarrollo de la infancia y atentan contra la igualdad de oportunidades. Sin embargo, el actual diseño del IMV elimina la prestación por hijo a cargo que ya existía anteriormente y deja a millones de niños y niñas en pobreza relativa sin apoyo público.
Los fondos europeos, una oportunidad en cinco pasos
La inyección de fondos que la Unión Europea ha comprometido con España debería tener como objetivo principal contribuir a generar un nuevo modelo productivo que se enfoque en reducir la pobreza y la desigualdad gracias a una economía más inclusiva Para ello, desde Oxfam Intermón piden:
1. Que se establezcan objetivos específicos e indicadores de impacto en términos de desigualdad y pobreza de la inversión de los fondos europeos. El seguimiento de dichos objetivos debe ser público y estar avalado por el Congreso de los Diputados.
2. Los fondos deben invertirse con una visión de largo plazo, de transformación del país, evitando un impacto cortoplacista. A la vez, será necesario anticipar y evitar bloqueos y rigideces administrativas para que los fondos lleguen de forma ágil y segura a todos los potenciales receptores, localidades y sectores. La economía de los cuidados, una transición económica justa o la economía social han de ser piezas centrales en esa visión a largo plazo, permitiendo que tanto la digitalización como la economía verde lleguen a todas las personas.
3. Uno de los restos principales con la salida del estado de alarma será la destrucción de empleo una vez que finalicen los ERTEs. Estos fondos deberían contribuir para evitar, en la medida de lo posible, un incremento fuerte del desempleo. Para ello, los fondos no deberían invertirse sólo en grandes obras, ni en grandes empresas, sino permitir el acceso a los mismos también a medianas y pequeñas empresas con proyectos que garanticen la generación de empleo digno y sostenible en las dos dimensiones priorizadas; garantizando así una mayor diversificación de la inversión por todo el territorio y una distribución mayor del capital generado.
4. La partida de fondos destinada a economía verde debería priorizar la adaptación al cambio climático de aquellos que contribuyen menos a él: las personas más vulnerables o las más expuestas a las amenazas debidas al calentamiento global, dando prioridad a las personas con bajos ingresos y en particular a las mujeres. En segundo lugar, debe apoyar una transición limpia y justa en los sectores de vivienda, transporte o energía, que permita alcanzar los objetivos del Acuerdo de París para mantener el calentamiento global por debajo de 1.5º. Por último, deberá ofrecer alternativas laborales a aquellas personas que van a ver sus empleos desaparecer por la transición ecológica.
5. En cuanto a los fondos de digitalización, no deberían invertirse únicamente en grandes inversiones tecnológicas; sino que deberían asegurar la formación a personas trabajadoras para reducir la brecha digital que, de no atajarse, incrementará indudablemente la desigualdad y la pobreza en nuestro país.
