Julio Rodríguez
Bankia quedó bajo control del Gobierno tras las actuaciones encaminadas a resolver la grave crisis bancaria entre 2012 y 2013. Bankia ha sucedido a un total de catorce cajas de ahorros que fueron objeto de saneamiento y reestructuración en operaciones que tuvieron un coste para el Estado de 24.069 millones de euros. Existe un compromiso legal de privatizar Bankia en un periodo que termina en diciembre de 2021. Pero dicha entidad puede resultar más útil al interés general de la economía española si se mantiene de forma definitiva el control público de la misma.
Bankia ayudaría como banco público a la inclusión financiera de todos los ciudadanos. La atención a las pymes, el apoyo a los consumidores, la contribución al equilibrio regional, el impulso a la financiación de las viviendas sociales de alquiler, son algunas de las líneas específicas de actuación de la entidad
El FROB ha vendido en el mercado el 14,5% del capital de Bankia por una cuantía superior a los 2.100 millones de euros. El Banco de España ha estimado en 9.560 millones de euros el valor actual de la participación estatal en el capital de Bankia. Pero dicha estimación, derivada del coste de adquisición, supera ampliamente al valor de mercado de las acciones de Bankia que conserva el Estado.
El control político de Bankia por parte del Gobierno no es, pues, la consecuencia de una voluntad política de disponer de un banco público de depósitos y con capital por acciones. El que Bankia sea un banco público o privado es una decisión política que deberá asumir el Gobierno (Luis de Guindos, ‘Expansión’, 10.2.2020).
En 2020 quedan en España unas doce entidades de crédito significativas, dentro de un total de 115 entidades de depósito. Se ha producido una creciente concentración bancaria. Así, Santander, BBVA, Caixabank, Bankia y Sabadell reúnen casi el 80% de los activos bancarios. Dicha concentración supera en España a la del resto de la Unión Europea. También es uno de los países europeos con menor presencia de la banca pública. Se ha producido un descenso en la calidad de los servicios bancarios a su clientela.
La desaparición de las oficinas deja amplias zonas territoriales sin sucursal bancaria. Según datos del Banco de España, de las 33.713 oficinas bancarias existentes a fines de 2013 se pasó a un total de 25.012 oficinas en septiembre de 2019. Los empleos, 270.855 a fines de 2008, se habían reducido en un tercio a fines de 2018. El proceso de reducción de empleos y de oficinas bancarias está lejos de haber terminado.
A 31 de diciembre de 2019 los activos de Bankia se elevaban a 208.468 millones de euros. Los beneficios de 2019 ascendieron a 542 millones de euros. Bankia tenía 2.275 oficinas y 16.035 empleados a fines de 2019. Bankia es el cuarto banco español en dimensión de los activos bancarios y el quinto en rentabilidad sobre sus recursos propios.
Bankia puede mantener su perfil propio de banco comercial, consolidando la mayoría de control del sector público, con una presencia minoritaria del sector privado en su capital. Para financiar proyectos estratégicos del Estado resulta más adecuada la financiación del ICO y de otras agencias financieras estatales y autonómicas.
La concentración de poder financiero puede conducir a que las entidades de depósito no satisfagan las necesidades financieras de los ciudadanos. Para evitar dicha situación es preferible que Bankia continúe bajo control público. Bankia debe de tener un presidente ejecutivo y un Consejo de Administración nombrados por el Congreso de los Diputados a propuesta del Gobierno. La Comisión de Economía del Congreso debería realizar un seguimiento continuo de su evolución, junto a la de las agencias públicas de financiación.
Bankia ayudaría a la inclusión financiera de todos los ciudadanos. La atención a las pymes, el apoyo a los consumidores, la contribución al equilibrio regional, el impulso a la financiación de las viviendas sociales de alquiler, son algunas de las líneas específicas de actuación de la entidad. La gestión de dicha entidad debe atender a la evolución de su balance y cuenta de resultados y al logro de los principales objetivos de la política económica estatal, en especial aquellos más ligados a la consecución de una mayor igualdad y un mejor equilibrio territorial.
Vocal del Consejo Superior de Estadística del INE. Doctor en CC. Económicas por la UCM (1977). Es Estadístico Superior del Estado, en situación de excedencia, y Economista Titulado del Banco de España, en situación de jubilación. Ha sido consejero de Economía de la Junta de Andalucía, presidente del Banco Hipotecario de España, presidente de Caja de Ahorros de Granada, presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada y gerente de la Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente es miembro de Economistas frente a la Crisis y de la Plataforma por una Banca Pública.
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