J.Q.
El Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid propuso este pasado lunes que los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño se sienten próximamente en el banquillo de los acusados por el `caso mascarillas´. El juez, Adolfo Carretero, ha decidido procesar a los imputados por presunta estafa agravada, delito fiscal y falsedad documental por la venta de este material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en los momentos más duros de la pandemia. El blanqueo de capitales y el alzamiento de bienes han sido los delitos descartados.
Según la resolución del juez, Luceño y Medina se “aprovecharon” de la “imperiosa necesidad” del ayuntamiento de la capital de obtener material sanitario, “urdiendo” un plan para suministrarle mascarillas, guantes y tests Covid. Todos estos productos procedían de una empresa malasia denominada Leno, y los acusados habrían inflado los precios de estos materiales para sacar beneficio bajo la tapadera del “altruismo”. La “laxitud en los controles” de contratación de la administración durante la crisis sanitaria habría sido el ingrediente perfecto para estipular los precios a su antojo. Medina habría sido el encargado de “facilitar” los contactos necesarios, mientras que Luceño sería el “auténtico gestor del negocio criminal”. Así pues, los empresarios no habrían tenido exactamente el mismo papel en la trama. “Medina, valiéndose de su condición de personaje público y famoso, por ser hijo del [fallecido] duque de Feria y de una afamada modelo y salir en las revistas del corazón y televisión, (…) obtuvo el teléfono de Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde José Luis Martínez-Almeida”, explica la resolución.