Destacado Económico / N.L. ■
Resumimos un informe de Ana Núñez Cifuentes, Analista en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación Terrorista y colaboradora del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE)
Al cumplirse el año de la invasión rusa a Ucrania del 24 de febrero de 2022, la comunidad internacional reactiva su política de sanciones internacionales contra Rusia con el propósito de debilitar la capacidad económica del país y limitar las posibilidades del Kremlin en su invasión.
El sistema financiero y la codificación SWIFT se constituyen como las armas clave para el aislamiento global de su economía y por ende un freno a la financiación de la guerra. No obstante, aunque el objetivo persiga el cerco comercial de la Federación, las consecuencias de la guerra económica suponen también una amenaza para la estabilidad política y comercial en el conjunto de la Unión.
Desde los comienzos del siglo XXI, los países cuyos regímenes han sufrido mayor número de sanciones y se encuentran en continua actualización tanto por la ONU como por la Unión Europea (UE) han sido tres: Irán, desde 2006 por su negativa a suspender su programa de enriquecimiento de uranio. Corea del Norte, por su ambicioso programa nuclear, y Siria, desde 2011 como respuesta a la violenta represión ejercida sobre la población civil del régimen de Bashar al-Assad.
Rusia, el país más sancionado
Sin embargo, desde 2014 tras la invasión de la Península de Crimea y con la invasión ucraniana de 2022, Rusia se posiciona en la actualidad como el país con mayor número de sanciones adoptadas a nivel global.
El 6 de marzo de 2014, los jefes de Gobierno de la Unión Europea condenaron firmemente la violación de la soberanía y la integridad territorial ucranianas por parte de la Federación de Rusia tras la invasión de la Península de Crimea. El Consejo activaba, en julio y septiembre del mismo año, una serie de sanciones y restricciones contra Rusia abarcando una amplia gama de sectores económicos como el energético o el armamentístico con restricciones al sistema financiero y prohibiciones de inversión sobre Crimea y Sebastopol.
Pero la UE no fue el único actor internacional que implantó sus medidas sancionatorias contra Rusia. También Canadá aplicó sus respectivos paquetes de restricciones desde marzo de 2014 como respuesta a la gravedad de la amenaza rusa. Actualmente, y como respuesta a la invasión armada del 24 de febrero de 2022 contra Ucrania, la comunidad internacional reactiva su política sancionatoria contra el Kremlin con el propósito de debilitar su capacidad económica y, por ende, la financiación de la guerra.
Sin embargo, aunque el objetivo sea el aislamiento de la economía rusa del comercio y los mercados financieros, las consecuencias de la guerra económica suponen una amenaza para la estabilidad política y comercial en el conjunto de la Unión.
Para la aplicación de las sanciones, el Consejo de la Unión Europea ha adoptado nuevos paquetes de medidas coercitivas y restrictivas –las cuales se suman a las ya vigentes desde el 2014– ampliando el alcance e intensidad de estas sobre todos los sectores económicos del país.
Una batería de más de 12.000 restricciones entre entidades, personas físicas, sectores económicos, buques y aeronaves que convierten al país en el más sancionado del mundo incluso por delante de Irán, Corea del Norte o Siria. La adopción de dichas medidas ha tenido lugar con la aprobación de nueve paquetes sancionatorios celebrados a través de nueve rondas internacionales paralelamente a la escalada del conflicto.
Los combustibles fósiles son uno de los objetivos estratégicos de las sanciones. Inicialmente se limitaban las exportaciones a la industria energética y se prohibía la venta a Rusia de bienes y tecnologías relacionadas con el refinado del petróleo. Actualmente abarcan la prohibición sobre las importaciones al carbón y la importación de petróleo ruso (con excepciones concretas), así como la limitación de precios para el transporte marítimo a terceros países (60 dólares por barril) y el veto a la inversión en el sector minero y de la energía.
Se prohíbe el acceso al mercado bancario europeo
Sobre el sector financiero recae el peso de las sanciones. Se restringe el acceso al sistema de mensajería SWIFT para determinados bancos rusos y bielorrusos y se restringe el acceso a los mercados de capitales. Se suspende la inversión en entidades rusas y la inversión en proyectos del Fondo Ruso de Inversión Directa y se prohíbe la financiación o inversión pública en Rusia.
Se restringe la prestación de servicios de calificación y se prohíbe el acceso al mercado bancario europeo, la apertura de depósitos superiores a 100.000 euros de ciudadanos rusos y el envío de euros a Rusia. También se prohíbe la prestación de servicios de cartera, cuenta o asistencia financiera. Por último, se prohíbe la custodia de criptoactivos y el asesoramiento sobre fideicomisos.
Se mantiene el embargo armamentístico desde 2014 sobre el comercio de armas y la restricción de exportación de materiales de doble uso y bienes tecnológicos que contribuyan a las capacidades de defensa y seguridad de Rusia (objetos de geolocalización y radares).
Se prohíbe el comercio de armas de fuego de uso civil, el comercio de municiones, vehículos militares y equipamiento paramilitar. Con la última ronda se establece la prohibición de exportación a Rusia e Irán de motores de drones.
En el sector primario y secundario se prohíben las importaciones rusas de cemento, hierro y acero, plásticos, fertilizantes, caucho y madera. Sirva de ejemplo la filial Rosoboronexport, productora de armas como el fusil Kaláshnikov, la cual vendió armas a nivel global por valor de 163.673 millones de euros entre 2000 y 2020.
En el ámbito comercial se mantienen las restricciones de Donetsk y Lugansk y la prohibición sobre el comercio de bienes y tecnologías de transporte, telecomunicaciones, petróleo, gas y recursos minerales. Actualmente se prohíbe la importación de oro y las exportaciones de artículos de lujo y joyería, bebidas alcohólicas y cigarrillos, pescado y marisco, piedras preciosas o cosméticos de más de 300 euros, dispositivos superiores a 1.000 euros y vehículos por valor de más de 50.000 euros.
Se penaliza al sector del transporte por tierra, mar y aire
Los Veintisiete impiden sobrevolar el espacio aéreo europeo tanto por aviones privados como comerciales. Se decreta el cierre de los puertos de la UE para buques rusos y se prohíbe la entrada a la Unión de transportistas rusos y bielorrusos por carretera. Por último, se prohíbe la exportación de bienes y tecnología para las industrias de la aviación, marítima y espacial.
Desde 2014, se cancela la celebración de cumbres bilaterales con Rusia y se suspende la negociación sobre la adhesión de Rusia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Agencia Internacional de la Energía (AIE). El Consejo suspende desde septiembre de 2022 el acuerdo de facilitación de visados entre Rusia y la UE. Finalmente se suspenden las actividades de radiodifusión de diversas emisoras rusas para impedir que el Gobierno ruso utilice los medios de comunicación como instrumentos de manipulación o desinformación sobre la guerra.
Las medidas sancionatorias también afectan a personas físicas y jurídicas. Más de 1.386 individuos y 171 entidades con restricciones sobre la movilización de sus bienes o activos, prohibiciones de viajar o sobre la emisión de visados y pasaportes. Sirva de ejemplo la entidad metalúrgica Severstal, con ventas anuales de tres millones de toneladas de acero a la Unión Europea.
La compañía Aeroflot es una de las principales afectadas al verse cancelados todos sus vuelos con Europa y conexiones con América Latina. Cabe destacar que tres cuartas partes de la flota comercial rusa se construyó en Estados Unidos, Canadá y la UE.
Medidas contra Putin, oligarcas y propagandistas
Recaen sanciones sobre políticos, diplomáticos, funcionarios y empresarios, el presidente Putin y sus ministros, propagandistas, oligarcas rusos y cargos militares que atentan contra la soberanía e integridad de Ucrania.
Se procede al bloqueo de las reservas internacionales del Banco Central de Rusia, 582.000 millones de euros (640.000 dólares) de las cuales cerca de un 50% se encuentran en cuentas de Occidente. Se trata de una de las restricciones más severas ya que impide el acceso por parte de Rusia a sus reservas mundiales impidiendo la venta de euros, dólares y otras monedas extranjeras como medida estabilizadora del rublo.
El primer impacto de los bloqueos económicos recae sobre el mercado de capitales. De facto, el índice MOEX sufrió su primer desplome tras el inicio de la invasión con una caída del 39% provocada por la avalancha de venta de capitales que llevó al cierre de su actividad. Casi un año después, la aplicación de las sanciones ha provocado la salida urgente de inversores en el país a consecuencia de la congelación de fondos y la prohibición de compraventa de acciones. Tampoco la volatilidad del precio del Brent ha ayudado a contener la caída en bolsa de las principales entidades como Sberbank of Russia o VTB Bank, la siderúrgica Severstal, la aerolínea Aeroflot o las petroleras Rosneft, Lukoil, Novatek y Gazprom.
El Kremlin resiste a las sanciones mejor de lo esperado
Según el Consejo Europeo, los indicadores macroeconómicos reflejan que las medidas coercitivas están siendo efectivas sobre la economía rusa. El Banco Mundial realiza una previsión recesionista del 3,6% para el PIB de Rusia en el 2023 consecuencia del descenso de relaciones comerciales con el país.
La estimación a corto plazo pasa por una considerable caída de las exportaciones y un aumento de las importaciones de bienes y servicios. No obstante, aunque con el desplome inicial del rublo se pronosticó un apocalipsis comercial para Rusia con una recesión de más del 9% para su economía, la realidad es que su PIB se contrae a un ritmo más lento de lo esperado.
Rusia tampoco ha sufrido escasez en bienes de primera necesidad y a pesar del cierre de innumerables empresas occidentales, el paro se ha reducido del 4,4% al 3,8% respecto a enero del 2022, consecuencia del aumento de las exportaciones. Todo esto significa que el Kremlin resiste a las sanciones mejor de lo esperado.
Un arma de doble filo
De hecho, la subida generalizada en los precios de las materias primas ha provocado que sus ingresos por exportaciones hayan aumentado generando un superávit por cuenta corriente que ha beneficiado a la estabilización del rublo y, aunque siendo elevada, la moderación de la inflación. El Fondo Monetario Internacional se ha visto obligado a revisar las previsiones de crecimiento para la Federación.
Por otro lado, una reducción en la oferta de hidrocarburos y materias primas ha obligado a la UE a la búsqueda urgente de nuevos proveedores ocasionando una escalada de precios que se traslada a lo largo de toda la cadena logística. Esta situación convierte a las sanciones económicas en un arma de doble filo para el conjunto de la comunidad internacional ya que una contracción en determinados sectores económicos provocaría un retroceso lastrando las perspectivas de crecimiento para la Unión.
El propio Banco Mundial ha comenzado 2023 anunciando una nueva recesión global consecuencia de la frágil situación económica dada la crisis energética, las subidas de los tipos de interés, la presión inflacionista y la desaceleración de las economías tanto avanzadas como emergentes. Se trataría de la segunda recesión económica mundial en menos de dos décadas y un importante freno a la economía occidental.
Efecto bumerán en España
España presenta una baja exposición tanto comercial como financiera con Rusia. Desde el año 2014 tras la anexión ilegal de la península de Crimea las relaciones comerciales bilaterales con el país euroasiático se reducen a pasos agigantados.
Además, nuestra estratégica posición geográfica y nuestra infraestructura de regasificación de gas natural licuado permiten una diversificación de proveedores y el acceso de combustible a través del mar.
Sin embargo, aunque las medidas impacten de manera limitada en nuestra economía, esconden un efecto bumerán sobre el sector agroalimentario y el energético, ya que una balanza comercial deficitaria con Rusia implica que el mayor peso de las restricciones recaiga sobre las importaciones de combustibles fósiles y materias primas. Todo ello sumado a la subida de los tipos de interés nos reporta un descenso en la capacidad adquisitiva de los hogares y una caída paralela del ahorro y de la inversión.
Medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada
Actualmente, el Consejo de Seguridad de la ONU mantiene 14 paquetes de regímenes sancionatorios activos para el mantenimiento de la paz y la seguridad común, la gestión política de conflictos, la lucha contra el terrorismo y la no proliferación de armas nucleares.
«El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones, y podrá instar a los Miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas, que podrán comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas, y otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas».
En el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) de la UE, ésta también establece sus propias restricciones en cumplimiento con el artículo veintiuno del Tratado de la Unión Europea para la defensa de sus intereses estratégicos y la seguridad internacional.
La aplicación de los mecanismos sancionatorios puede realizarse mediante tres procedimientos: en primer lugar, adoptando las «medidas de transposición», es decir, la aplicación directa de las sanciones impuestas por la ONU incorporándolas a la propia legislación. En segundo lugar, mediante la activación de nuevas «medidas adicionales» con la intención de reforzar las anteriores y por último con la implementación de «medidas autónomas» a iniciativa del Estado en cuestión.
Para la activación de las medidas sancionatorias, la UE requiere de la aprobación por unanimidad de una Decisión del Consejo en el ámbito PESC y la obligatoriedad de aplicación para todos los Estados miembros. Además, cuando dicha Decisión PESC conlleve una fractura en las relaciones financieras y económicas con terceros países, el Consejo debe adoptar por mayoría cualificada un Reglamento UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de obligada aplicación para todos sus destinatarios.
Actualmente, la UE establece más de 30 regímenes de sanciones entre paquetes autónomos y transpuestos de Naciones Unidas entre los que se encuentran Siria, Irán, Venezuela, Corea del Norte, República Democrática del Congo, Ucrania y Rusia. La Unión, también ha creado regímenes específicos sobre terrorismo, armas químicas o ciberataques.
Las medidas adoptadas han de dirigirse sobre los responsables de la actuación indeseada: un tercer país en su conjunto, entidades estatales y organizaciones no estatales, gobiernos, personas físicas o jurídicas o sobre sectores estratégicos que ocasionen un mayor impacto en su capacidad de movimiento.
Éstas podrán abarcar amplia variedad de restricciones comerciales y financieras siendo las más habituales el embargo de armas, restricciones sobre el sector energético, el sector defensa o el transporte, sobre productos financieros o sobre personas físicas mediante la congelación de sus fondos o la prohibición de viajar.
En todo momento, las sanciones adoptadas tanto por la UE como por la ONU deberán de ser proporcionales al objetivo perseguido y con carácter preventivo. También han de contemplar un periodo de revisión y actualización ya que estas no se imponen ‘sine die’, sino que deberán finalizar cuando las hostilidades hayan revertido.
Por último, las sanciones deberán ajustarse plenamente a las normas del derecho internacional y su aplicación siempre garantizará el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.
¿Cómo funciona SWIFT?
Para una mejor comprensión de cómo una entidad bancaria identifica una sanción adoptada contra Rusia debemos explicar la conexión existente entre las Listas de Sanción y la Mensajería SWIFT. El sistema SWIFT por sus siglas en inglés (Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma informática a nivel internacional para la realización de pagos entre entidades bancarias de una manera más rápida, segura y eficaz.
Sin embargo, no se trata de un sistema de envío o recepción de dinero, sino de un servicio de mensajería que permite la estandarización de las transacciones entre países y sus entidades financieras facilitando la identificación de ordenantes y beneficiarios de cada operación.
¿Cómo funciona SWIFT?, Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales creada en 1973 por 293 bancos y 15 países. Actualmente la plataforma cuenta con más de 11.000 entidades bancarias en más de 200 países. Con sede en Bruselas, se encuentra bajo la supervisión de los G-10 (Alemania, Bélgica, Francia, Suiza, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Japón, Canadá y Estados Unidos) más el Banco Central Europeo
Cada entidad bancaria tiene su propio código SWIFT (o código BIC, Bank Identifier Code) que le permite identificarse a nivel global. Gracias a la codificación de SWIFT se facilita el cumplimiento y aplicación de las sanciones en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación terrorista (PBC/FT) por parte de las entidades bancarias a la hora de realizar transacciones en el sistema financiero.
Cada vez que una entidad efectúe una operación internacional o nacional, se generará de manera informática un mensaje SWIFT que nos permitirá conocer los datos de la operación: los sujetos intervinientes, el país de origen y de destino, la entidad ordenante y beneficiaria, la naturaleza de la transacción y su fecha de emisión entre otros campos.
La codificación SWIFT también permite detectar la existencia de un banco corresponsal en la transacción. Entendemos por servicio de corresponsalía o banco corresponsal el banco que figura como intermediario en una transferencia internacional.
La plataforma SWIFT no tiene autoridad para imponer dichas restricciones o prohibiciones ni tomará decisiones unilaterales sobre la desconexión de sus clientes de la red Supongamos que un comerciante ruso (cliente ordenante) llevara a cabo una operación de importación por la compra de piezas automovilísticas a una empresa estadounidense (cliente beneficiario).
La entidad ordenante SBERBANK, por ejemplo, remitiría instrucciones al banco beneficiario para el abono de la venta. Sin embargo, las empresas estadounidenses no suelen tener cuenta en SBERBANK por lo que ambas entidades deberán tener en cuenta el banco corresponsal para hacer efectivo el pago en dólares.
Actualmente se encuentran excluidos del sistema SWIFT diversas entidades rusas como VTB Bank, Bank Otkritie, Novikombank, Vnesheconombank (VEB), Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, el Banco de Crédito de Moscú, el Banco Agrícola Ruso, Gazprombank e incluso SBERBANK, principal entidad de la Federación.
Ello conlleva el veto a los mercados financieros, por lo que, tanto empresas como particulares de dichas entidades tendrán serias dificultades para cumplir con sus obligaciones de pago, así como hacer efectivos sus abonos, realizar inversión extranjera, recurrir a solicitudes de préstamo o recibir los cobros por exportaciones.
¿Cómo detectan las entidades bancarias las inclusiones en lista? Como ya hemos mencionado, la emisión de una transferencia genera un mensaje codificado. Cuando en dicho mensaje SWIFT se produjera una coincidencia con inclusión en Lista de Sanción (bien por el nombre de los intervinientes, el país o alguna de las entidades intervinientes), la aplicación generaría una alerta que sería objeto de análisis por el departamento correspondiente. Para realizar dicho cruce, las entidades bancarias cuentan con su propia aplicación informática de verificación de alertas que les permite realizar un efectivo control sobre las transacciones recibidas y emitidas. Una vez que una entidad detecta un posible positivo con alguna de las listas, se procede al correspondiente análisis de primer nivel. Para un correcto tratamiento de dicha alerta entran en juego tres conceptos fundamentales de obligado cumplimiento y desarrollados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI): los sujetos obligados, la diligencia debida y el riesgo país.
Supongamos que una entidad financiera española recibe una transferencia con código SWIFT de banco ruso siendo el nombre del ordenante Vladimir Vladimirovich Putin actualmente incluido en Lista OFAC. De manera automática, en el sistema informático adoptado por el banco (sujeto obligado), se generaría una alerta por coincidencia total o parcial con Lista de Sanción.
La transferencia sería calificada de alto riesgo por el país de origen (riesgo-país) y coincidencia con persona física incluida en Lista. A continuación, la transferencia quedaría pendiente de abono y en espera de investigación por parte de los analistas en materia de PBC/FT del departamento correspondiente para una correcta verificación del cliente (diligencia debida).
Una empresa alemana del sector armamentístico (cliente beneficiario) recibe una transferencia procedente de una empresa rusa (cliente ordenante) por un cobro de exportación de tecnología de doble uso a través de la entidad GAZPROMBANK. Tenemos automáticamente tres restricciones que aplicar. En primer lugar, Rusia como país incluido en Lista de la Unión Europea. A continuación, la naturaleza de la operación nos indica que hay relación con sanción por embargo de armas y prohibición de exportación o importación de materiales de doble uso. Por último, el código SWIFT generado —GAZPRUMM— nos indica la prohibición automática de transaccionar con la entidad GAZPROMBANK incluida en Lista OFAC. Nuevamente el sistema informático del banco permitiría el bloqueo de la transferencia en cumplimiento con los mecanismos de sanción internacional.
Conclusión: ¿Podrá la Unión Europea ganar una guerra a golpe de sanción económica?
La aplicación de las sanciones internacionales como medida coercitiva tiene como objetivo la disuasión del comportamiento de un Estado, entidad o persona física que atenta contra la integridad internacional. Su aplicación se facilita principalmente a través del sistema financiero y el sistema de mensajería SWIFT. En el caso de Rusia, las sanciones se dirigen específicamente contra las élites política, económica y militar responsables de la agresión, y algunos sectores estratégicos para el país como la industria de hidrocarburos a través de la extracción de gas, petróleo, carbón y otros minerales. El objetivo es debilitar la capacidad de financiación de la guerra por parte del Kremlin.
En ningún momento las restricciones se aplican al conjunto de la sociedad rusa, por lo que algunos sectores como el sanitario, los productos farmacéuticos o la alimentación quedan excluidos de las medidas de sanción. El mayor impacto lo encontramos en la desconexión de los bancos rusos del sistema SWIFT.
La exclusión de determinadas entidades del sistema financiero ha ocasionado un serio problema de liquidez tanto para personas físicas como jurídicas al quedar fuera de la operatividad. Los clientes tendrán dificultades para efectuar sus cobros e incluso atender sus obligaciones de pago.
Éstos tampoco podrán operar con fondos propios, recurrir a asesoramiento u obtener financiación. Se trata de una medida que repercute sobre bancos europeos con negocios en Rusia, dificultando los intercambios comerciales y de capitales.
Una problemática extensible también a empresarios y residentes rusos fuera del país. Hasta la fecha, las restricciones aprobadas por la ONU y la UE han provocado la retirada de numerosas empresas extranjeras del mercado ruso y un goteo constante de fuga de cerebros para el país. También el acceso a las tecnologías avanzadas de la UE se ha vuelto inaccesible para la Federación.
No obstante, aunque inicialmente todo apuntaba a que Rusia entraría en la peor crisis desde la década de 1990, hasta la fecha, y a pesar del debilitamiento de los principales motores económicos, el Kremlin resiste con entereza y su demanda interna aparenta adaptarse a la nueva normalidad de las sanciones.
Mientras tanto, la economía ucraniana se encuentra devastada y la Unión Europa se enfrenta a una presión inflacionista provocada por el aumento de los precios de determinadas materias primas y los hidrocarburos.
Mecanismos de sanción internacional a través del sistema financiero: un arma económica contra Putin
La adopción de mecanismos de sanción sobre determinados sectores estratégicos no parece que pueda terminar con la guerra a corto plazo, ya que Putin, puede terminar encontrando nuevos socios comerciales hacia los que redirigir sus exportaciones. Nos encontramos en un escenario de incertidumbre en el cual deberemos esperar a medio y largo plazo para una evaluación real del efecto de los bloqueos económicos. ¿Podrá la Unión Europea ganar una guerra a golpe se sanción económica?
