José Luis Centella
La celebración del Mundial de Fútbol en Qatar ha cubierto de ignominia, no sólo a la FIFA como primer responsable de este acontecimiento, sino a todo el entramado futbolístico y político que ha permitido que un conjunto de intereses conviertan este evento deportivo en un intento de blanqueo de un régimen que vulnera de forma sistemática los Derechos Humanos.
Este Mundial nunca debió celebrarse en Qatar. Múltiples organizaciones defensoras de los Derechos Humanos llevan años denunciando la muerte de miles de trabajadores en la construcción de las instalaciones deportivas, lo más grave. En los últimos días se comprueban también en la práctica las agresiones a los derechos de las personas LGTBI, con amenazas y censuras a las selecciones que defendían lucir el brazalete de la campaña ‘OneLove’ en apoyo a este colectivo, además de ataques a las periodistas y a cualquier persona que se pronuncie a favor de sus derechos.
Felipe de Borbón ya acudió hace unos días a ver el primer partido de la selección española en su calidad de jefe del Estado. Será el único rey de Europa que se desplazará a territorio qatarí durante la fase de grupos del Mundial
La lista de declaraciones homófobas de la cúpula qatarí es larga, recurriendo a términos como ‘pecado, anormalidad o enfermedad’. Khalid Salman, embajador del Mundial y exfutbolista afirmó, por ejemplo, que “la homosexualidad es un daño en la mente”.
Los meses de negociación entre la FIFA y la selección de Países Bajos sobre su iniciativa para portar el brazalete arcoíris como muestra de rechazo ante la vulneración de Derechos Humanos se han saldado con amenazas de sanciones deportivas –tarjetas amarillas– a los jugadores que se atrevieran a lucirlos. Las siete selecciones involucradas e inicialmente dispuestas a recibir penalizaciones económicas –entre las que nunca ha estado la española– tuvieron que dar marcha atrás ante las amenazas.Están también otros casos de países que han tratado de denunciar esta situación por otras vías, como los equipos de Bélgica, Alemania o Inglaterra, que enviaron una carta pidiendo que se defienda y respete al colectivo LGTBI, además de intentar portar los colores de la bandera arcoíris. La asociación Professional Footballers Australia (PFA) lanzó también un comunicado en el que 16 jugadores pedían a las autoridades de Qatar que reconozcan las relaciones entre personas del mismo sexo y mejoren los derechos de los trabajadores migrantes. La respuesta: “Ningún país es perfecto”.
El Código Penal de Qatar tipifica las relaciones homosexuales entre hombres como un delito punible con hasta siete años de prisión. Human Rights Watch publicó las conclusiones de una investigación según la cual las fuerzas del Departamento de Seguridad Preventiva de Qatar, dependiente del Ministerio del Interior, detuvieron arbitrariamente a seis personas LGBTI, sometiéndoles luego a malos tratos y acoso sexual. Para su puesta en libertad, las fuerzas de seguridad ordenaron que las personas trans detenidas asistieran a una ‘terapia de conversión’ en un centro de ‘atención sanitaria del comportamiento’.
La celebración de este Mundial nos ha puesto ante el espejo de lo que ocurre en este pequeño y artificial Estado multimillonario, pero evidencia también hasta dónde pueden llegar los intereses económicos o de geopolítica para colaborar en el blanqueo de todo tipo de agresiones y vejaciones.
Felipe de Borbón ya acudió hace unos días a ver el primer partido de la selección española en su calidad de jefe del Estado. Será el único rey de Europa que se desplazará a territorio qatarí durante la fase de grupos del Mundial. Las otras tres monarquías europeas que compiten –Reino Unido, Países Bajos y Dinamarca– ya han anunciado que sus jefes de Estado no van a ir a Doha.
Las fuerzas políticas y las organizaciones sociales deberían reclamar que la Secretaría de Estado del Deporte española investigue las posibles irregularidades que se hayan podido cometer por parte tanto de la Federaciones Española de Fútbol, como a nivel internacional. El Gobierno español debe desligarse claramente de la barbaridad que supone este Mundial, al margen de su desarrollo deportivo.
Responsable federal de la Conferencia Interparlamentaria de Izquierda Unida y presidente del Partido Comunista de España (PCE), partido del que ha sido secretario general entre 2009 y 2018. Maestro de profesión, fue concejal en el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Benalmádena, provincia donde inició su actividad política y por la que fue elegido diputado al Congreso en 1993, 1996 y 2000. En la X Legislatura (2011-2015) volvió a la Cámara Baja como diputado por Sevilla, ocupando la portavocía del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA-La Izquierda Plural.
