José Luis Centella
La primera visita al exterior del nuevo Gobierno, como ocurre con cada estreno de legislatura desde hace décadas, ha sido al Reino de Marruecos. Con ello se busca demostrar la importancia que España da al vecino país del Sur. Sin embargo, en esta ocasión la nueva ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, no ha sido recibida con muestras precisamente de sincera hospitalidad.
Dos días antes de su llegada, el Parlamento marroquí aprobó dos proyectos de Ley vinculados al establecimiento de la zona económica exclusiva y a la delimitación de las fronteras marítimas (12 millas), además de declarar su Zona Económica Exclusiva (ZEE, 200 millas), solapándose con las aguas de las Islas Canarias, que España considera también dentro de su zona de exclusividad. Además, según los proyectos de Marruecos, ampliaría su zona exclusiva a lo largo de toda la costa del Sáhara Occidental, ocupado por Marruecos desde 1975, hace ya casi medio siglo.
Marruecos trata de legitimar con esta enésima maniobra su ocupación ilegal del territorio saharaui para explotar sin problemas ni excusas todos sus recursos, incluida la pesca
La reacción de la ministra española fue reclamar a Marruecos respeto a las reglas que marca la Convención de la ONU sobre Derecho del Mar y a toda la legislación internacional en la materia. “España y Marruecos apuestan por alcanzar una solución dialogada”, dijo, sin decisiones unilaterales y sin acudir a una política de hechos consumados, sobre todo en los que respecta al entorno de las Islas Canarias.
Pero lo que no aparece por ningún lado en este intercambio de comunicaciones es que su proyecto de ley alcanza también descaradamente a las aguas costeras del Sáhara Occidental. Este territorio tiene pendiente su proceso de descolonización, del que nuestro país es parte responsable, tal y como reconocen todas las instancias internacionales, incluida la Unión Europea (UE).
Es imposible ignorar que el Tribunal de Justicia de la UE sentenció ya el 21 de diciembre de 2016 que “las aguas adyacentes al Sáhara Occidental no forman parte de Marruecos”. La justicia europea dictaminó también en 2016 y 2018 que los territorios saharauis son ‘separados’ y ‘distintos’ de los marroquíes y no forman parte de la soberanía del Reino de Marruecos.
A pesar de ello, la Unión Europea lleva años firmando importantes acuerdos de pesca con Marruecos que incluyen la costa saharaui, violando así los dictámenes de sus propios tribunales. España se beneficia especialmente de ese expolio a los recursos naturales de un pueblo condenado al exilio en uno de los desiertos más hostiles del planeta.
Marruecos trata de legitimar con esta enésima maniobra su ocupación ilegal del territorio saharaui para explotar sin problemas ni excusas todos sus recursos, incluida la pesca. Para ello, no va a dudar en presionar a España de todas las formas posibles hasta conseguir sus fines. Una vez más el régimen marroquí juega a la política del ‘palo y la zanahoria’ para forzar a nuestro país y, por añadido, a la Unión Europea por la vía de los hechos consumados. Quiere arrancar así lo que no consigue en los ámbitos diplomáticos. Nunca aceptaron que Naciones Unidas reconoció hace décadas al Frente Polisario como legítimo representante del pueblo saharaui y su legítima aspiración a la autodeterminación y a la independencia.
El Gobierno español debe ser más contundente a la hora de desechar la pretensión unilateral de Marruecos sobre las aguas territoriales e instarles a abandonar su política de chantaje y de hechos consumados, por mucho que pretendan disfrazarla de legalidad. Este puede ser un buen momento para demostrar la solidaridad que el pueblo español siempre ha manifestado con la causa saharaui y para enfocar la acción del Gobierno en defensa de los intereses de España y de la legalidad internacional.
Coordinador de la Asamblea Político y Social de Izquierda Unida y presidente del Partido Comunista de España (PCE), partido del que ha sido secretario general entre 2009 y 2018. Maestro de profesión, fue concejal en el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Benalmádena, provincia donde inició su actividad política y por la que fue elegido diputado al Congreso en 1993, 1996 y 2000. En la X Legislatura (2011-2015) volvió a la Cámara Baja como diputado por Sevilla, ocupando la portavocía del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA-La Izquierda Plural.
