Pedro Sánchez se juega parte de su futuro político en este arranque de curso, en el que debe sacar adelante los Presupuestos que le permitan llegar a 2023 y agotar la legislatura. La llave la vuelve a tener ERC, que emite buenas sensaciones y desvincula las cuentas del diálogo político. Pere Aragonès sólo pide una cosa: sentar en la mesa Gobierno-Generalitat a Sánchez que, de momento, se hace de rogar. Mientras, las diferencias con Unidas Podemos vuelven a arreciar, a cuenta del recibo de la luz y de una Ley de Vivienda encallada desde hace ocho meses y sin visos de fumata blanca.
Si María Jesús Montero mantiene su intención de presentar las cuentas públicas “en tiempo y forma”, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022 tiene que llegar al Congreso antes del mes de octubre. Recta final por tanto para unas negociaciones en las que el nudo gordiano estará en la reforma fiscal que reclama Unidas Podemos y que Montero y su equipo no ven oportuna. La relación es fluida entre la ministra de Hacienda y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, encargado de pilotar las conversaciones por la parte morada del Gobierno, lo cual facilita las cosas. Pero todavía no está cerca un principio de acuerdo que pueda trasladarse a los socios del Ejecutivo.
Habrá que ver qué papel juega Inés Arrimadas en esta negociación que, a pesar de haber gesticulado como la que más a cuenta de los indultos a los líderes del procés, mantiene su intención de negociar con el Ejecutivo. Ya quedó claro el año pasado que la vía más segura para aprobar las cuentas -y factible, porque es la única que suma los votos necesarios- es la de la mayoría de la investidura, con el PNV, ERC y EH Bildu, pero no hay que olvidar que el nuevo ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha sido el encargado de mantener los contactos con Arrimadas y su equipo desde el arranque de la legislatura. Él fue quien negoció con éxito las prórrogas del estado de alarma y quien llevó los contactos de hace un año para aprobar los Presupuestos. Las diferencias en torno a la reforma fiscal pueden hacer volver a Moncloa la tentación de contrapesar a Unidas Podemos con Ciudadanos.
ERC desvincula Presupuestos y diálogo
En este escenario, ERC vuelve a ser clave para poder aprobar las cuentas. Pero en el Gobierno hay tranquilidad porque las sensaciones que transmiten Pere Aragonès y los suyos son buenas. Hace un mes, Transportes y la Generalitat -de la mano, por cierto, de su vicepresident, Jordi Puigneró, de Junts, que parece apuntarse también a la política del peixe al cove que impulsa Aragonès- llegaba al acuerdo para la ampliación del Aeropuerto de El Prat. Y desde ERC desligan que las negociaciones presupuestarias estén supeditadas a avances concretos en el diálogo con el Gobierno.
“Tiene que haber un contexto en el que la mesa de negociación funcione. Esto seguro que facilitará una negociación en el ámbito presupuestario, pero obviamente una cosa no es moneda de cambio de la otra ni está supeditada a la otra”, según afirmaba hace unos días la portavoz de los republicanos, Marta Vilalta, en una entrevista concedida a Europa Press. Vilalta garantizaba que negociarán las cuentas del Estado porque “nosotros queremos ser útiles”.
La reunión de la mesa de diálogo Gobierno-Generalitat está prevista para la semana del 13 de septiembre. Una mesa a la que Aragonès ya ha anunciado que llevará el referéndum de autodeterminación y la amnistía, para las que sabe sobradamente que no encontrará la complicidad de Pedro Sánchez. El president, en una entrevista concedida a TV3, volvía a fijarse un horizonte temporal señalando que “cuento con que antes de 2030 hayamos llegado a un acuerdo para la resolución del conflicto político y que Cataluña haya votado”. Ese es el quid de la cuestión, qué acuerdo votan los catalanes en las negociaciones que se prolongarán hasta 2023, el plazo máximo que fija el calendario electoral con las generales y las municipales y autonómicas previstas para entonces. La portavoz de Junts, Elsa Artadi, ponía el dedo en la llaga subrayando que “me parece que Aragonès ha hablado de referéndum pactado pero primero hay que saber con quién se supone que lo pactaremos”.
En paralelo a la mesa de diálogo político y la negociación presupuestaria discurrirán, en los próximos meses, las reuniones de la comisión bilateral Estado-Generalitat. Una vez acordada la ampliación de El Prat, el calendario previsto contempla que entre septiembre y enero se aborde el traspaso de competencias relativas a las becas y ayudas al estudio, la formación profesional y los ferrocarriles. La única incógnita a día de hoy es la presencia de Sánchez en la mesa de diálogo. Aragonès ya ha dejado claro que quiere que esté. Desde el Gobierno, ni confirman ni desmienten. Aunque no resultó muy esperanzador para el president que Sánchez no mencionara a Cataluña en su intervención de esta semana en la Casa de América. El presidente esbozó sus prioridades para el nuevo curso, pero de Cataluña, ni rastro.
Luz verde a la subida del SMI
En el cambio de posición del presidente ha influido decisivamente la presión de los sindicatos, que habían lanzado un ultimátum: si no había revisión del SMI, que no contaran con ellos para otras mesas de diálogo, como la de pensiones
Mientras, Pedro Sánchez daba su consentimiento a la subida del SMI tras casi un año de frenar las intenciones de Yolanda Díaz y de reforzar las posiciones de una Nadia Calviño que no quería dar el paso sin que estuviera confirmada la recuperación económica. Ahora, con la vacunación muy avanzada -alcanzado el 70% de la población- y con unas previsiones de crecimiento en el entorno del 6% para este año y el próximo, por encima de países como Francia y Alemania, el presidente ha dado su visto bueno. “La recuperación no podrá ser total si no es justa. Una recuperación que se traslade a los salarios”, afirmaba Sánchez la semana pasada.
Con el cambio de postura de Sánchez, Díaz se lleva el gato al agua por fin. Pero está por ver hasta donde llega la subida, que la CEOE intentará que sea la menor posible. Ahora, el SMI está en 950 euros brutos mensuales, en 14 pagas. Y la comisión de expertos que convocó Trabajo y que terminó su labor antes del verano fijó un calendario para los próximos tres años que contempla una subida de entre 12 y 19 euros este año, entre 24 y 40 el próximo y entre 25 y 40 en 2023. Sería entonces cuando se alcanzaría el 60% del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea. De momento, la propuesta de Trabajo está en los 15 euros para este año y 31 para 2022 y 2023.
En el cambio de posición del presidente ha influido decisivamente la presión de los sindicatos, que habían lanzado un ultimátum: si no había revisión del SMI, que no contaran con ellos para otras mesas de diálogo, como la de pensiones. “Nuestra paciencia se ha agotado”, advertía hace unos días el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que recordaba que la subida del salario mínimo beneficiará a 4 millones de personas. El objetivo de los sindicatos -y de Trabajo- es cerrar el calendario de subidas hasta 2023 en las negociaciones que se abren esta semana.
La Ley de Vivienda, sin avances
En la ley de vivienda no ha habido avances durante el verano. La nueva ministra de Transportes ha mantenido al equipo que ya llevó las negociaciones a las órdenes de José Luis Ábalos, con el secretario general de Vivienda, David Lucas, a la cabeza. La llegada de Raquel Sánchez al ministerio despertó ciertas expectativas en el Ministerio de Derechos Sociales, por tratarse de una alcaldesa que había puesto en marcha la limitación de los precios de alquileres que contempla le ley catalana -recurrida ante el Constitucional por el Gobierno, que entiende que una comunidad autónoma no tiene competencias para ello-. En base a ese texto, Sánchez declaró a su municipio, Gavá, zona tensionada, lo que posibilitaba congelar los alquileres durante cinco años. Como también hicieron otra decena de alcaldes socialistas del área metropolitana de Barcelona.
Las posiciones siguen muy alejadas para un texto que ya lleva ocho meses de retraso respecto al momento que debería haber recibido la luz verde del consejo de ministros. La negociación está muy avanzada, prácticamente cerrada, en cuestiones como los desahucios, pero el nudo gordiano se mantiene en la limitación del precio de los alquileres que defiende la ministra Ione Belarra. Justo antes de ser relevado del cargo, Ábalos puso encima de la mesa una oferta que se abría por primera vez a limitar los precios de los alquileres. En concreto, limitaba los precios durante tres años en las zonas declaradas tensionadas y en el caso de renovación del contrato por el mismo inquilino. La subida se limitaba al 10% si el contrato lo suscribía un nuevo inquilino. Belarra rechazó la oferta, ya que en Derechos Sociales consideran que no sólo es fundamental limitar las subidas en los futuros contratos, sino también recortar los precios actuales. Pero la oferta de Ábalos supuso un punto de inflexión en las negociaciones que está por ver si retoma su sucesora.
A vueltas con el recibo de la luz
Respecto al precio fijo a la nuclear que ha pedido Podemos, la ministra Ribera ha subrayado que “no cabe” en el marco europeo, y “no es comparable al caso francés”, donde la nuclear es un monopolio en manos de la estatal EDF
Mal aspecto tiene para el Gobierno los récords casi diarios que viene marcando el recibo de la luz desde hace algunos meses. Primero, por el importante desgaste que le supone de cara a la opinión pública. Y segundo por la apertura de un nuevo frente entre los dos socios del Ejecutivo. Mientras la ministra Teresa Ribera reconoce que el recibo subirá este año un 25%, renuncia a limitar precios como le pide a Unidas Podemos y emplaza a las eléctricas a apostar por la “empatía social”, los morados animan a las movilizaciones de la sociedad civil para que la parte socialista del Gobierno de su brazo a torcer.
Restringida la vía fiscal, con la reducción del IVA a la energía ejecutada antes del verano, las ideas del Gobierno para abaratar el precio de forma inmediata escasean. Esta misma semana, el portavoz de Unidas Podemos defendía fijar un precio fijo al megavatio nuclear y uno máximo al hidroeléctrico. Dos cuestiones factibles porque, según él, lo primero ya ocurre en Francia y lo segundo es similar al marco de la fotovoltaica y la eólica.
En su comparecencia ante el Congreso, Ribera explicó que “jamás va a impulsar la adopción de medidas que sabemos que son frontalmente contrarias al derecho comunitario” porque “no hay nada más perjudicial para los ciudadanos” y eso “acaba convirtiéndose en pérdida de confianza para el país”. Respecto al precio fijo a la nuclear que ha pedido Podemos, ha subrayado que “no cabe” en el marco europeo, y “no es comparable al caso francés”, donde la nuclear es un monopolio en manos de la estatal EDF.
La ministra se abrió, eso sí, a la posibilidad de que una empresa pública gestione las concesiones hidroeléctricas que vayan venciendo. Ante el vaciado de algunos embalses, ha avanzado que el Gobierno prepara una reforma de la Ley de Aguas para regular el vaciado de estas instalaciones, medida que “evidentemente puede tener incidencia en el precio de la electricidad”.
La nueva plana mayor del PSOE
Donde no se prevén sorpresas es en el Congreso Federal que el PSOE celebrará en octubre. Adriana Lastra, como vicesecretaria general, y Santos Cerdán, como secretario de Organización, asumen el timón del partido tras la salida de José Luis Ábalos. A seguir, las personas a cargo de las ponencias que servirán de base para el debate en el congreso. Tres de ellos, de hecho, ya son ministros. El nuevo titular de Presidencia se ocupa de una ponencia clave, la del rumbo político socialista, que lleva por título ‘PSOE 2030, un partido de futuro’; el nuevo ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que redactará la que lleva por título ‘España en Europa y en el mundo’; y la responsable de Educación, Pilar Alegría, se hace cargo de la relativa a esa área Universidades, Cultura y Deportes.
Completa la nómina de nombres la nueva portavoz en la Asamblea de Madrid, Hana Jalloul, que se ocupa de la ponencia marco del congreso; la número dos del PSC, Eva Granados, que también ejerce de portavoz del comité organizador del congreso y que se ocupa del texto sobre Inclusión social y Políticas de Bienestar; la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, a cargo del área de Transición Ecológica; la consejera de Igualdad extremeña, Isabel Gil; la delegada del Gobierno en Cantabria, Aina Quiñones, para Ciencia y Sanidad; el eurodiputado asturiano Jonás Fernández para Economía y Empleo; la diputada canaria Nira Fierro para Nuevos derechos y Libertades; Denis Itxaso, delegado del Gobierno en Euskadi, para España autonómica y Reto Demográfico; el también delegado del Gobierno, en Galicia, José Miñones para España Municipal y el Mundo Rural; y Ana Redondo, concejala de Cultura de Castilla y León para Regeneración Democrática, Justicia, Memoria Democrática y España Constitucional. De este grupo de personas saldrán, probablemente, candidatos y ministros en el próximo ciclo político.
Los cambios ya han llegado al grupo parlamentario. Según desvelaba El País esta semana, el canario Héctor Gómez relevará a Lastra en la portavocía en el Congreso. Gómez, de 42 años, era el portavoz en la comisión de Exteriores y toma el testigo de una Lastra que a partir de ahora se concentrará en el partido. En el Senado, será Eva Granados quien asuma la portavocía, en sustitución de un Ander Gil que ahora ostenta la presidencia de la Cámara Alta.
