La Quincena Judicial / José Mariano Benítez de Lugo
Érase una vez, en el año 2013, cuando el potentísimo fondo especulativo Blackstone tuvo contacto con los nefastos gestores de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) y llegó al infumable acuerdo de que ésta vendiera a un irrisorio precio al citado fondo nada menos que 1.860 viviendas sociales protegidas que estaban alquiladas, dada la parquedad de sus ingresos, a modestos inquilinos, operación efectuada con la falsa coartada de la necesidad de que la empresa pública citada mejoraría con ello su situación financiera, cuando perfectamente podía haber vendido los dos millones de metros cuadrados de suelo que tenía en Madrid. Pero no contaban ambos torticeros partícipes de la operación de venta con que la misma tenía flancos débiles, como ha sucedido.
Que el fondo ‘buitre’ recurra al bufete de abogados más importante de España no nos preocupa desde el punto de vista estrictamente jurídico, pero sí nos produce cierta inquietud ante la capacidad de ambos (fondo y bufete) de influencia directa o indirecta en las áreas decisionales como grupos de presión que son
En efecto, de la mano profesional de quien estas líneas escribe, varias decenas de familias arrendatarias de las viviendas decidieron reivindicar judicialmente sus preferentes derechos de adquirir la propiedad de ellas al mismo ridículo precio que el fondo ‘buitre’ las había comprado a la EMVS.
Eran unas acciones judiciales que operaban con la convicción jurídica de que habían vulnerado los derechos de los arrendatarios y se encontraron con la incomprensión de los juzgados 74 y 42 de Madrid, que dictaron sendas sentencias denegando el retracto a los inquilinos. Sin embargo, no decayó el ánimo de esas familias y por ello interpusimos sendos recursos de apelación contra las sentencias, y ha resultado que dos diferentes Secciones de la Audiencia Provincial de Madrid han estimado nuestros recursos y reconocido el derecho de los inquilinos a adquirir la propiedad de sus viviendas.
Y ¡hete aquí!, que el fondo ‘buitre’ ha entrado en pánico al contemplar que se pueden encontrar en el trance de tener que vender esas 1.860 viviendas a los precios que las compraron; y como consecuencia, ya han tomado dos medidas de, al menos, aparente calado, pues por un lado, cualquier prórroga o negociación de los contratos de arrendamiento, pasa necesariamente porque el inquilino renuncie al derecho de retracto; y por otro lado, ha cambiado de abogado y acudido para recurrir las sentencias de la Audiencia Provincial al bufete de abogados más importante de España, faceta ésta que no nos preocupa desde el punto de vista estrictamente jurídico, pero sí nos produce cierta inquietud ante la capacidad de ambos (fondo y bufete) de la influencia directa o indirecta en las áreas decisionales, dado que como grupo de presión que son ambos, realizan unas actividades (conferencias o cursos, por ejemplo, con retribución naturalmente a sus participantes) que alcanzan a relevantes niveles académicos y judiciales.
Y viene muy al caso recordar que, como consecuencia de su enorme potencial económico, Blackstone es un grupo de presión, pues como dijo el ilustre jurista M. Jiménez de Parga en el prólogo a la obra ‘Los Grupos de Presión en las democracias contemporáneas’ de Jacqueline de Celís (Ed. Tecnos, 1966), los referidos grupos lo son de intereses que desde su atalaya de poder económico “salen a escena cogidos de la mano con las autoridades políticas” (o judiciales), atacando las decisiones tomadas que no sean de su beneplácito, mediante su intervención en los centros decisionales para que los entuertos recibidos se les solucionen.
Y aunque no tengamos fe, sí poseemos fundadas esperanzas de que su recurso ante el Tribunal Supremo no prospere y que sus espurios deseos de perjudicar a los inquilinos se frustren, aunque somos conscientes de que se volcarán en su capacidad de influencia ante una situación que, de momento, les ha creado pánico por afectar a su cuenta de resultados empresariales.
Es miembro del Colegio de Abogados de Madrid desde 1963 y Medalla de Honor de dicha institución concedida en 2016. Está en posesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort por méritos a la Justicia y es presidente honorario de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y patrono de la Fundación Justicia y Paz.
