J.Q.
El pasado 28 de febrero se cumplió un año del ingreso del periodista español Pablo González en una cárcel polaca. González fue detenido en la frontera de Ucrania acusado de ser un espía al servicio de los rusos, y el estado polaco lo mantiene desde entonces en prisión preventiva en la cárcel de Radom. Según fuentes cercanas al preso, el periodista pasa 23 horas al día en una celda sin ventanas. Hacerle llegar unas simples prendas de abrigo ha sido toda una odisea para la familia. La mujer del detenido describe el recinto penitenciario donde se encuentra su marido como una especie de “Guantánamo europeo”. Solo ha podido visitarlo una vez desde el ingreso.
El abogado de González, Gonzalo Boye, afirma que el proceso judicial ha estado lleno de irregularidades. El letrado indica que tuvieron que pasar dos meses desde la detención hasta que su cliente pudo contar con un abogado, y remarca que la acusación “no ha presentado prueba alguna” a lo largo del proceso “más allá de lo que es la labor de un periodista”.
El Gobierno de España, por su parte, parece bastante ajeno a las circunstancias de su conciudadano. En una de sus últimas declaraciones al respecto el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se limitó a decir que el estado de salud de González “es el correcto para las circunstancias en las que está”. La mujer del detenido denuncia que nadie del Gobierno se ha puesto en todo este tiempo en contacto con ella. Únicamente el cónsul en Varsovia se ha entrevistado con la susodicha.
El pasado mes de febrero Bruselas llevó a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la UE por anteponer el derecho nacional al comunitario.
