Andrea Fernández representa una nueva generación, pero no se encuentra muy lejos de Carmen Calvo, que se despedía emocionada de la secretaría de Igualdad del PSOE en el 40 congreso del partido. Abanderada de las feministas históricas de la formación, la exvicepresidenta perdió la batalla de la ‘ley trans’ frente a Irene Montero. Ahora, la diputada y abogada laboralista toma su testigo en Ferraz para defender la agenda feminista del PSOE en temas controvertidos como la prostitución. Asuntos que también ella, la más joven de la nueva Ejecutiva, deberá ‘pelear’ con Unidas Podemos.
A sus 29 años recién cumplidos, a Andrea Fernández “le queda mucha mili” para ser como Carmen Calvo que, hasta la reciente celebración del 40 congreso del PSOE, era la máxima representante política del feminismo socialista. Sin embargo, no se sitúa muy lejos de su predecesora en la secretaría de Igualdad del PSOE, donde acaba de tomar el testigo y la agenda de la también exvicepresidenta para renovar el cargo sin tocar apenas el discurso.
En su despedida en el cónclave valenciano, Calvo se declaró heredera de las feministas María Cambrils y Carlota Bustelo. Ángeles Álvarez, exdiputada socialista que impulsó el pacto de estado contra la violencia de género como portavoz de Igualdad y hoy es consultora de políticas públicas en la materia, considera que su joven sucesora también “ha bebido del feminismo ilustrado”, de mujeres como “Amelia Valcárcel o Carmen Alborch”.
Diputada por León, su defensa del feminismo la asimila a mujeres como Amelia Valcárcel y Carmen Alborch
Basta seguirla en redes sociales o leer sus primeras declaraciones tras su estreno en el Congreso con el arranque de la XIII legislatura para comprobar que Fernández se alinea con el feminismo también llamado clásico en asuntos como la prostitución; como hiciera Carmen Calvo en su despedida, lleva tiempo defendiendo su abolición.
De hecho, durante el 40 congreso en el que entró a formar parte de la Ejecutiva del PSOE esta joven abogada laboralista, diputada por León desde 2019 y persona de la confianza de la vicesecretaria general, Adriana Lastra, el partido acordó presentar una iniciativa legislativa antes de que acabe la legislatura para concretar uno de los tres vértices controvertidos de la agenda feminista del partido. Los otros dos son los vientres de alquiler y las políticas trans, asuntos donde, en mayor o en menor medida, la formación choca con Unidas Podemos. Y ese es un problema de primer orden para el socialismo.
Feminismo dividido
Carmen Calvo abandonó el Ejecutivo después de que Irene Montero, que la sucedió como ministra de Igualdad tras el acuerdo de coalición progresista, impusiera su criterio en el anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Concretamente, sobre el extremo que más división generaba entre los socios de Gobierno, la llamada autodeterminación de género con la que basta la voluntad para declararse hombre o mujer sin necesidad de un informe psicológico ni hormonación.
En tramitación parlamentaria tras su aprobación el pasado junio en el Consejo de Ministros, hace unos días era objeto de protesta en el centro de la capital. 2.000 personas según Delegación del Gobierno, 6.000 según las convocantes, se manifestaron contra lo que denominan el «borrado de mujeres». Esto es, las posibles consecuencias de despreciar su realidad biológica y jurídica sobre las leyes contra la discriminación.
Otras demandas planteadas en la marcha que discurrió entre el Paseo del Prado y la Puerta del Sol exigían que nadie pueda reclamar la paternidad de una criatura nacida de un vientre de alquiler y que se cumpla la promesa de abolir la prostitución. Una demanda dirigida a Irene Montero –“¿dónde está la ministra de Iguadad?”, coreaban– y que apelaba también al PSOE, el partido que en España ha hecho bandera de las políticas feministas hasta que Unidas Podemos también las ha hecho suyas desde distintos postulados.
Álvarez considera que ambos partidos tienen una relación “muy tímida” con los vientres de alquiler. “Esperábamos que el PSOE fuese más ambicioso en la lucha contra esta forma de explotación reproductiva”, que no es legal en España pero que en la práctica se tolera si las gestantes son mujeres de terceros países.
Aunque los socialistas hablan de una mercantilización de los cuerpos femeninos, del cónclave valenciano no salió un compromiso nítido como el que sí suscitó la prostitución. Por ejemplo, para que no se pueda reclamar la paternidad de los bebés nacidos de vientres de alquiler, como pedían las feministas reunidas hace una semana en la concentración celebrada en Madrid. Otro tanto de lo mismo ocurre en Unidas Podemos, si cabe con más motivos.
La división de los partidos sobre las políticas feministas son un reflejo de las diferencias entre movimientos asociativos. El de las históricas que hicieron posibles las leyes de igualdad o contra la violencia de género y el de las representantes de una corriente más próxima al movimiento LGTBI en su defensa de lo que llaman “gestación subrogada”.
Desde que aterrizó en el Parlamento aboga por abolir la prostitución, que el 40 congreso del PSOE aventuró plasmar en una ley esta legislatura
La previsión es que la reforma de la ley del aborto que prepara el Ministerio de Igualdad contemple los vientres de alquiler como una forma de violencia contra la mujer, si bien la portavoz socialista en la Comisión de Igualdad, Laura Berja, dice no ser partidaria de ir más allá de la eliminación del consentimiento de los progenitores a las menores de 16 y 17 años y prefiere abordar otras cuestiones, como ésta o la de la violencia obstétrica, en la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
Respecto a la prostitución, la diferencia entre ambas fuerzas progresistas es más clara. Desde la formación morada están a favor de abolir el proxenetismo, pero han surgido algunos matices dentro del partido e, incluso, del propio ministerio; la nueva secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, respalda al sindicato de prostitutas y se ha declarado a favor de “más porno”. Unas tesis en las antípodas del feminismo defendido por el PSOE y, particularmente, por Andrea Fernández, que ha alertado sobre los “puteros” que “pagan por violar a una mujer” y sobre una pornografía “educadora de manadas”.
En cuanto a la ley trans, las diferencias se plasmaron en el debate de enmiendas durante el 40 congreso. Una parte del feminismo manifestó su preocupación por el proyecto legislativo en aspectos como el cambio de sexo registral. De hecho, el debate en torno a este asunto fue de los más intensos vividos en el cónclave, aunque la ponencia marco acabó respaldando el borrador presentado en Consejo de Ministros y subrayando que reconoce la “libre manifestación de la propia identidad sexual y expresión de género con plenas garantías jurídicas”.
Así las cosas, los cambios al frente de la secretaría de Igualdad no implican novedades sustantivas en la estrategia del partido. Con Carmen Calvo recién nombrada presidenta de la comisión parlamentaria en el Congreso y Laura Berja conservando la portavocía, a Andrea Fernández le espera el reto de conservar la herencia de sus predecesoras y sacarle el máximo partido a su juventud para que la nueva política -ya no tanto- no le gane otra batalla al PSOE de la mano de las nuevas feministas.
