José Luis Centella
Las autoridades ultraconservadoras del Estado de Israel han impedido estos días la entrada en Palestina al eurodiputado de Izquierda Unida Manu Pineda, que es presidente de la Delegación para las Relaciones con Palestina del Parlamento Europeo por decisión libre de esta cámara. El veto supone una clara agresión a la institución más representativa de la Unión Europea (UE) y demuestra a la perfección el desprecio del régimen de Israel a la legalidad internacional.
Esta nueva agresión de Israel a la Unión Europea sólo busca evitar la presencia de testigos directos que denuncien el crimen de apartheid contra la población palestina que se viene perpetrando desde hace tantos años, un crimen de lesa humanidad
Para mayor escarnio, esta prohibición no es nueva, ya que una iniciativa similar encabezada por Pineda fue también prohibida en mayo pasado. De esta manera, desde 2011, Israel impide de forma radical que ninguna delegación compuesta por representantes de la Eurocámara tenga la posibilidad de comprobar con sus propios ojos qué ocurre en la Franja de Gaza.
Esta última misión oficial europea de la Delegación para las Relaciones con Palestina que preside Pineda tenía previsto iniciar una visita a Palestina el pasado 20 de febrero. Llevaban un año preparándose a través de los distintos grupos parlamentarios europeos, en coordinación con diferentes organizaciones sociales y políticas palestinas, y en estrecha colaboración con la Embajada de la Unión Europea en Jerusalén.
Resulta realmente grave que esta agresión se produzca desde un Estado como el de Israel, que tiene el estatus de socio preferente de la UE, de la que recibe millones de euros de dinero público pagado por la ciudadanía europea.
La respuesta de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que envió un tuit de solidaridad con el eurodiputado de Izquierda Unida vetado, resulta a todas luces insuficiente, incluso ridícula, y estamos convencidos de es que muy diferente de lo que hubiera ocurrido si cualquier otro Estado hubiera protagonizado el incidente.
Una vez más nos topamos con una doble vara de medir por parte de las más altas instancias de la UE en su práctica de relaciones internacionales, permitiendo actuaciones al régimen israelí que tendrían una respuesta adecuada con otros países. Ante esta tibieza diplomática, Manu Pineda solicitó a la presidenta Metsola que aplique “medidas de reciprocidad” contra todos aquellos cargos públicos israelíes que quieran acceder al Parlamento Europeo.
En un momento en el que la guerra de Ucrania tapa conflictos que siguen muy vigentes como el palestino, esta nueva agresión de Israel a la Unión Europea sólo busca evitar la presencia de testigos directos que denuncien el crimen de apartheid contra la población palestina que se viene perpetrando desde hace tantos años, un crimen de lesa humanidad.
Las autoridades israelíes someten a la población palestina a una violencia física continuada, incautaciones de tierras, la intensificación en la destrucción de viviendas, traslados forzosos y graves restricciones en materia de circulación, a la vez que niegan su humanidad o la igualdad en cuanto nacionalidad y condición jurídica.
Desde esta perspectiva, cualquier relación de la UE con Israel debería centrarse en desmantelar el cruel sistema de opresión y dominación que practica y, de manera especial, no puede haber compromisos de derechos humanos comunes con un Estado que hace mucho tiempo decidió no respetarlos con la población palestina.
La petición de Manu Pineda de que el Parlamento Europeo actúe desde la ‘reciprocidad’ con Israel puede ser un primer paso para que se entienda que una solución justa del conflicto existente pasa ineludiblemente por el reconocimiento del derecho a la existencia de un Estado palestino, tal y como han aprobado las Naciones Unidas de forma reiterada.
El régimen israelí debe tener claro que no tiene patente de corso para actuar a su aire, ni puede tomarse la justicia por su mano ni, mucho menos, puede violar las reglas en las que están basadas las relaciones internacionales.
Responsable federal de la Conferencia Interparlamentaria de Izquierda Unida y presidente del Partido Comunista de España (PCE), partido del que ha sido secretario general entre 2009 y 2018. Maestro de profesión, fue concejal en el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Benalmádena, provincia donde inició su actividad política y por la que fue elegido diputado al Congreso en 1993, 1996 y 2000. En la X Legislatura (2011-2015) volvió a la Cámara Baja como diputado por Sevilla, ocupando la portavocía del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA-La Izquierda Plural.
