José Luis Centella
Más de 250.000 familias viven del olivo en España, la gran mayoría en Andalucía, donde genera el 44% del empleo en el campo y más de 18 millones de jornales por campaña. Además, la importancia del olivar no se puede medir sólo en términos económicos, porque es fundamental para frenar la despoblación de las zonas rurales y para la sostenibilidad del medio ambiente. Así pues, estamos sin duda ante un sector estratégico que debería estar en el centro de cualquier proyecto de futuro mínimamente serio no sólo para Andalucía, sino para toda España.
Las cooperativas han resistido mejor la crisis y han demostrado que son imprescindibles como elemento de unión de los agricultores para tener fuerza ante otros operadores
Están más que justificadas las movilizaciones de los agricultores, más allá de algún intento de manipulación política al tratar de ligar los problemas del campo con la subida del salario mínimo. Pero no se puede perder de vista una gran paradoja: según un estudio de la COAG, la renta agraria sube desde 2012 y alcanzó el año pasado la cifra récord de 30.217 millones de euros, con un valor de la Producción Final Agraria que también llegó al récord de 53.391 millones de euros. Además, las exportaciones agroalimentarias aumentaron un 97,5% en los últimos diez años.
Por el contrario, estos datos macroeconómicos no reflejan la realidad que vive la mayoría de productores de la práctica totalidad de pequeñas y medianas explotaciones olivareras. A un agricultor le cuesta 2,75 euros producir un kilo de aceite, según los costes de producción de 2015 del Consejo Oleícola Internacional, mientras que vende ese mismo kilo por 2 euros, con una caída de más del 40% respecto a la media de las últimas cuatro campañas. Esta bajada de los precios no se equilibra con otra de los costes de producción, por lo que arruina a los agricultores pero no compensa a los consumidores, que pagan entre tres o cuatro euros.
La clave es preguntarse quién se queda con la diferencia entre el precio de origen y el de mercado. Todos los datos apuntan a que la gran tajada va para los grandes grupos de distribución, que concentran el 55,4% de la cuota de mercado. Así, imponen condiciones leoninas a un sector que perdió disponer de un almacenamiento público desde el que resistir los ataques especulativos y tiene que aceptar los precios impuestos o dejar que la producción se quede en el campo.
Afrontar esta paradoja es uno de los retos del actual Gobierno de coalición. Son muy importantes las medidas que empieza a tomar en relación con el control de la cadena de distribución. La situación exige claridad y determinación. Se necesita regular un mercado secuestrado por unas pocas empresas especulativas y aplicar medidas que impongan mecanismos de transparencia, así como vigilar el acceso de los fondos de inversión y del capital externo al sector agrícola. Viendo lo que ha pasado, se observa que las cooperativas han resistido mejor la crisis y demostrado que son imprescindibles como elemento de unión de los agricultores para tener fuerza ante otros operadores.
Es fundamental establecer un precio mínimo que, al menos, garantice una rentabilidad digna y una defensa del agricultor frente a la especulación de las grandes distribuidoras. Esto no es más que desarrollar el artículo 128 de la Constitución, donde “se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”.
En definitiva, saludamos las medidas del Gobierno siempre que sean el inicio de un gran cambio del modelo productivo del campo español, abandonado en manos de intereses especulativos. Este cambio debe apostar por el sector productivo, por las pequeñas y medianas empresas como base para una justa distribución de la riqueza, de manera que se forme una gran alianza de agricultores y ganaderos con los consumidores para garantizar la sostenibilidad del campo, del olivar tradicional y del mundo rural, al tiempo que se garantiza unos precios finales adecuados.
Coordinador de la Asamblea Político y Social de Izquierda Unida y presidente del Partido Comunista de España (PCE), partido del que ha sido secretario general entre 2009 y 2018. Maestro de profesión, fue concejal en el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Benalmádena, provincia donde inició su actividad política y por la que fue elegido diputado al Congreso en 1993, 1996 y 2000. En la X Legislatura (2011-2015) volvió a la Cámara Baja como diputado por Sevilla, ocupando la portavocía del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA-La Izquierda Plural.
