Virginia Miranda
El PSOE se ha quedado sin el escudo jurídico del Congreso para proteger a la Corona. Los letrados de la Cámara acaban de dar por primera vez vía libre a una investigación parlamentaria al rey emérito y, pese a ello, el partido ha votado en contra de una comisión que, dice ahora, podría representar un “cuestionamiento” de las instituciones. Nuevo foco de fricción con sus socios de Gobierno, los socialistas están asumiendo riesgos en su defensa de la Corona, intentando una aproximación al PP con reformas estéticas que permitan rebajar la presión sobre la monarquía.
En menos de dos meses se cumple un año del via crucis de Felipe VI a cuenta de los escándalos de su padre. La millonaria comisión saudí que recibió Juan Carlos I en 2008 y que pasó por una cuenta en Panamá antes de acabar en manos de Corinna Larsen en 2012 -eso se supo después- fue el principio del fin del crédito personal del rey emérito, que ha dejado en manos de su hijo la difícil papeleta de sostener el crédito de la monarquía con semejantes mimbres.
Lo único bueno que le ha pasado al jefe del Estado en el fatídico 2020 desde el punto de vista institucional es la red que el PSOE ha tejido bajo sus pies, oscilantes en medio de una pandemia y un partido con vocación republicana en el Gobierno.
Después de asegurar en marzo que harían lo que indicaran los letrados del Congreso, los socialistas se desdicen y miran al PP buscando una nueva política de bloques para la Corona
Ese partido y la mayoría de fuerzas que votaron hace un año a favor de la investidura de Pedro Sánchez iniciaron una ofensiva parlamentaria el pasado marzo contra Juan Carlos I que, hasta ahora, había chocado con las consideraciones jurídicas de los letrados del Congreso, cuyos argumentos no son vinculantes pero han servido de excusa al PSOE para impedir la creación de una comisión de investigación sobre los presuntos negocios irregulares del exmonarca.
Hasta ahora. Entonces y tras la primera petición de Unidas Podemos y demás grupos a la Mesa de la Cámara baja, Carmen Calvo declaraba en RNE que “vamos a hacer lo que digan los letrados”, como “ya hicieron en 2018, cuando dijeron que no. Lo que nos digan haremos, pero todo esto no es más que una situación nueva a la que debemos acomodarnos todos”.
El más difícil todavía
Para novedad, la de esta semana. Esta vez, sí llegaba una nueva petición de investigación al órgano rector del Congreso con el visto bueno de los servicios jurídicos. Hasta el momento habían apelado al artículo 56.3 de la Constitución, donde se establece que “la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”, para desaconsejar una investigación parlamentaria.
Pero la última solicitud registrada por Unidas Podemos, ERC, el Grupo Plural, EH Bildu y el Grupo Mixto sorteaba el periodo regio del emérito, centrándose en el presunto uso de tarjetas de crédito opacas por parte del exjefe del Estado tras su abdicación, y los letrados no podían seguir escudándose en su inviolabilidad.
Tampoco los socialistas en el Gobierno. Al argumento de la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática le ha seguido el esgrimido por la titular de Defensa tras saberse que el PSOE había votado con el PP y Vox en contra de la comisión.
Entrevistada en Onda Cero, Margarita Robles explicaba que “de alguna manera, cuando hay quien pretende investigar” al exmonarca, se puede estar cuestionando la monarquía “y en una democracia sólida y seria no es bueno que se cuestionen las instituciones”.
Desde la aludida formación de Unidas Podemos respondía Ione Belarra, secretaria de Estado para la Agenda 2030 dependiente de la vicepresidencia segunda. “Que el Congreso investigue, como han reconocido sus letrados que puede hacer, las actividades presuntamente ilegales de Juan Carlos, es precisamente defender las instituciones”, escribía la estrecha colaboradora de Pablo Iglesias e Irene Montero en un retuit de las declaraciones de la ministra.
Posturas irreconciliables
“Proteger los privilegios y alinearse con la derecha y los ultras una vez más es decepcionante”, añadía en este nuevo choque con Robles, que en noviembre recordaba a Iglesias sin aludirlo que el presidente del Gobierno es Pedro Sánchez mientras Belarra contestaba en la red social que «quizás esté haciendo daño» al Ejecutivo al convertirse en la “ministra favorita de los poderes que quieren que gobierne el PP con Vox”.
El último encontronazo entre Sánchez e Iglesias a cuenta de la monarquía ha pillado en medio a Margarita Robles, la ministra aplaudida por el PP para azuzar la división del Gobierno
Las palabras de la dirigente de la formación morada no son del todo gratuitas. La titular de Defensa es la única ministra que se ha salvado de las críticas del PP a la gestión del Gobierno tras el temporal ‘Filomena’. Su habitual discurso institucional como representante de las Fuerzas Armadas acostumbra a dar pie a los populares para azuzar las tensiones entre PSOE y Unidas Podemos a costa de la magistrada de carrera. También ahora que la justificación de Robles al voto socialista en la Mesa del Congreso ha vuelto a evidenciar las tensiones de la coalición.
Al presidente del Gobierno no le viene del todo mal que una de sus ministras goce de las simpatías del PP, sean o no impostadas. Porque, descartado el acuerdo con sus socios, la intención de Sánchez es atraer al principal partido de la oposición hacia unas reformas que respalden la voluntad de transparencia y modernidad anunciada por Felipe VI en su proclamación, recordada en el discurso de Navidad y cuestionada por el rey emérito.
Daños colaterales
Hasta que lleguen esas reformas, el PSOE va a estar asumiendo el desgaste de sobreproteger a un exmonarca con varias investigaciones pendientes en el Tribunal Supremo. Un exmonarca al que el Gobierno mantendrá “vitaliciamente” el título de rey, como confirmaba hace unos días en respuesta a la pregunta formulada por el senador de Compromís, Carles Mulet, y al que sufraga el personal que le asiste en Emiratos Árabes Unidos: según El Diario, Juan Carlos I dispone de tres ayudantes de cámara en Abu Dabi, cuyos salarios y desplazamientos al país corren a cargo de Patrimonio Nacional, organismo público adscrito al Ministerio de Presidencia dirigido por Carmen Calvo.
Mientras Pablo Iglesias se ve favorecido por los daños colaterales del emérito que podrían acusar los socialistas entre el electorado de izquierdas, Pablo Casado se sabe imprescindible en los planes de Sánchez y pone precio a sus votos, descafeinando un posible acuerdo para regular la jefatura del Estado.
La inviolabilidad del rey Felipe VI es un asunto que “se puede abordar perfectamente” para una “puesta al día de nuestra forma de monarquía parlamentaria”, declaraba la vicepresidenta primera este miércoles en una entrevista en el Canal 24 horas. La idea consiste en clarificar, como en los aforamientos de los altos cargos, que la sobreprotección constitucional se refiere al ejercicio de la actividad y no a la esfera privada, evitando que la formulación genérica del artículo 56.3 de pie a actividades penalmente reprochables.
“Con grandes consensos si se puede”, dijo Calvo, que consideró “evidente” la ausencia de Unidas Podemos en esta empresa y contó con la disponibilidad del PP para responder a las “exigencias que están en la sociedad” y de las que el “propio rey es consciente”, afirmó aludiendo al discurso de Nochebuena.
Pablo Casado sí se ha manifestado públicamente a favor de cualquier medida que “refuerce la monarquía”, pero ha insistido en que habrá de articularse a través de una ley orgánica o no de la reforma de la Constitución que, por otra parte, no entra en los planes del Ejecutivo.
Según Calvo, el presidente ni siquiera ha planteado una ley de la Corona, como se interpretó en respuesta a una pregunta en la rueda de prensa de final de año. Entonces habló de una “hoja de ruta” para modernizar la institución. Y, desde entonces, distintas fuentes y por distintas vías han venido insistiendo en un mismo mensaje: Sánchez no hará nada sin el visto bueno de Felipe VI.
Como por otra parte demuestra el hecho de que Juan Carlos I mantenga el título honorífico de rey a pesar de que el Gobierno planteara en privado reformar la ley orgánica aprobada tras su abdicación como gesto de reprobación a sus presuntos negocios irregulares. Un señuelo para un Partido Popular que tampoco puede permitirse pactar con el PSOE si no tiene la garantía de que no se le va a volver electoralmente en contra.
