Lucía Marrero
La Cámara alta ha aprobado este jueves las reformas de los delitos de malversación y sedición en un panorama marcado por la crisis institucional provocada por la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la tramitación parlamentaria en el Senado de dos enmiendas impulsadas por el Gobierno de coalición para desbloquear la renovación del tribunal.
La reforma de estos dos delitos afecta plenamente a los lideres del procés que están condenados y beneficiará a los dirigentes independentistas que aún están pendientes de juicio.
Con esta reforma, el delito de sedición desaparece para convertirse en un delito agravado de desórdenes públicos, cuya pena máxima asciende ahora a 5 años. Por su parte, el delito de malversación, cuando se comete sin ánimo de lucro, tendrá a partir de este momento una condena máxima de 4 años.
En cuanto a la resolución del Tribunal Constitucional, presentada a principios de esta semana, tanto la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, como el presidente del Senado, Ander Gil, han acatado con “lealtad” la decisión del Constitucional aunque subrayan que se trata de una decisión “sin precedentes” y que crea “preocupación” por el “funcionamiento democrático”.
Gil se ha mostrado mucho más crítico que Batet, posición que no sorprende si se tiene en cuenta que la determinación del tribunal de garantías afecta de forma inmediata a la Cámara alta. Ha denunciado la instrumentalización de este órgano por parte del Partido Popular, para “obtener de él lo que no pueden extraer del debate legislativo ante las Cámaras”. Ha afirmado igualmente que la decisión es “un paso de difícil retorno en la degradación de nuestro sistema democrático”.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se ha pronunciado al respecto y ha asegurado que el Ejecutivo tomará “cuantas medidas sean precisas” para poner fin al bloqueo del Constitucional.
El Partido Popular, sin embargo, ha considerado que la decisión del órgano de garantías supone un “triunfo” y ha acusado al presidente del Gobierno de “desacreditar” al Constitucional y encaminarse hacia una “deriva autoritaria y autocrática”.
