Fernando Luján
Nuestra Constitución, en su artículo 35, proclama el derecho de todas las personas a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Esto no ha impedido, de momento, que España sea el cuarto país europeo con un mayor riesgo de pobreza y exclusión social, con un 27,8% de la población residente, sólo por detrás de Rumanía, Bulgaria y Grecia.
El establecimiento de unos salarios mínimos justos que proporcionen un nivel de vida aceptable debe constituir la premisa básica de cualquier economía nacional que tenga conciencia social
Especialmente preocupante es la situación de los hogares monoparentales que, en su mayoría, están a cargo de una mujer, donde el 26,2% se encuentra en situación de carencia extrema. El ‘III Informe sobre pobreza severa en nuestro país’, elaborado por EAPN-ES, señala que el 15,1% de las personas menores de 16 años están en situación de necesidad, el 11,6% entre aquellos que tienen entre 16 y 29 años.
Esas son las razones que hacen imprescindible la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que hemos acordado con el Gobierno, ya que actúa de forma directa sobre las personas trabajadoras sometidas tradicionalmente a condiciones más precarias. No afrontamos la negociación del SMI como una medida ni de política económica ni de fomento del empleo, aunque su aumento tenga efectos positivos en ambos indicadores. Cuando discutimos sobre retribución mínima estábamos buscando , como nos dice la Carta Social Europea, fijar el nivel de ingresos por debajo del cual no es posible tener una vida digna y suficiente para la persona trabajadora y su familia.
El establecimiento de unos salarios mínimos justos que proporcionen un nivel de vida aceptable debe constituir la premisa básica de cualquier economía nacional que tenga conciencia social.
La subida del SMI afecta de forma directa al 31,7% de los jóvenes entre 16 y 24 años, y al 19,2% de aquellos entre 25 y 34 años. Su incremento impacta en la protección de las mujeres. Su incremento impacta también en la protección de las mujeres, beneficiadas en un 58% por esta medida, por lo que incide en la reducción de brecha de género. El alza acordada del 8% logra actuar de forma directa frente a la pobreza severa y garantiza que ninguna persona con un contrato de trabajo pueda cobrar menos de 15.120 euros al año, o lo que es lo mismo, 1.080 euros al mes en catorce pagas, en la idea de mantener el poder adquisitivo de las rentas más bajas y tratar de reducir la pobreza en nuestro país.
Además, el aumento pactado nos facilita dar cumplimiento a las advertencias realizadas por el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), que ha declarado de forma insistente que el salario mínimo en España no era conforme al artículo 4.1 de la Carta Social Europea, que reconoce el derecho a las personas trabajadoras a tener “una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso”. Así, la subida negociada nos ayuda a situar el SMI en la senda del 60% del salario medio del país, tal y como recomienda el CEDS.
Sabemos, en cambio, que aún nos encontramos lejos de las principales economías europeas. Países como Bélgica, Irlanda, Holanda, Francia, Reino Unido o Alemania ya se encuentran en el entorno de los 2.000 euros mensuales, después de que algunos de ellos hayan fijado para este 2023 –holandeses, belgas, o alemanes– subidas superiores al 10%.
Los estudios más rigurosos acreditan, además, que los aumentos de los salarios mejoran la economía española, permiten incrementar los ingresos de la Seguridad Social –vía cotizaciones– y dinamizan la demanda interna, las inversiones y el empleo. El propio Banco de España ha tenido que reconocer el impacto positivo de la subida de los salarios de las personas con trabajos más precarios en la actual crisis de inflación.
Por tanto, este incremento era una necesidad económica y social. El acuerdo alcanzado sobre la subida del SMI nos sirve de faro en la defensa de un trabajo digno y en la dignidad del trabajo. Nosotros continuaremos abogando por un aumento generalizado de los salarios, defendiendo el valor del trabajo como elemento de cohesión social.
Vicesecretario general de Política Sindical de UGT
