José Luis Centella
Apenas unos días antes de dejar el poder, la Administración de Donald Trump ha tomado la escandalosa decisión unilateral de incluir a la República de Cuba en la polémica lista de Estados «patrocinadores del terrorismo mundial”. Esta imposición va mucho más allá de una declaración testimonial, ya que contiene medidas muy concretas que afectan a normas internacionales: desde impedir a Cuba acceder a préstamos del FMI o mantener relaciones con otras instituciones económicas internacionales, hasta la eliminación de los ‘duty-free’ de productos cubanos, pasando por suspensiones en la cobertura de las aseguradoras internacionales sobre bienes situados en suelo cubano.
Estados Unidos se adjudica una vez más el derecho de vulnerar la legislación internacional en función de sus intereses. Es el cinismo de un Estado que se arroga el derecho a decidir quién ‘patrocina’ el terrorismo internacional mientras él mismo ha dirigido decenas de violentos golpes de Estado en todo el planeta, el que dirigió la ‘operación Cóndor’ que eliminó físicamente a decenas de miles de ciudadanos latinoamericanos, desaparecidos en los ‘vuelos de la muerte’ o enterrados en las fosas comunes de Chile o Argentina.
Tras su derrota electoral, Donald Trump va a dejar su cargo en el mayor descrédito que se haya visto en muchas décadas. Decisiones de última hora como la de Cuba evidencian que es necesaria una profunda reforma del orden internacional y de las instituciones que lo desarrollan
EE UU mantiene aún el limbo jurídico de Guantánamo, igual que antes ideó los vuelos secretos de la CIA para secuestrar a ciudadanos de cualquier país e interrogarlos sin cumplir ningún tipo de legislación nacional o internacional. Es el mismo que financió y protegió a Posada Carriles, terrorista internacional que, entre otras acciones, colocó una bomba en un avión civil cubano, provocando más de 90 muertes, o que mantiene una estrecha alianza con Arabia Saudí, desde donde han salido la mayoría de terroristas para perpetrar los más salvajes atentados de los últimos años.
Vuelven a actuar de forma descarada contra un pueblo que mantiene personal sanitario y educativo en más de 70 países, que ha colaborado en la lucha contra el Covid-19 con quienes se lo han solicitado y que, a pesar de las dificultades económicas, mantiene becas para que centenares de estudiantes extranjeros estudien medicina y terminar así con el abandono sanitario que viven amplias zonas del mundo.
Más allá de la opinión política que cada cual tenga sobre el Gobierno cubano, de su proceso social e, incluso, de sus gobernantes, estamos ante una nueva agresión a la legalidad internacional. EE UU aplica la mayor ‘ley del embudo’ de la historia sólo para satisfacer unos intereses bastardos. Pero también hay que entender que las consecuencias de estas actuaciones no afectan sólo al pueblo cubano, sino que repercuten en el resto del planeta. Dificultan, cuando no impiden, unas normales relaciones económicas, culturales y sociales entre Cuba y España.
Tras su derrota electoral, Donald Trump va a dejar su cargo en el mayor descrédito que se haya visto en muchas décadas, violento asalto al Capitolio por parte de sus seguidores incluido. Decisiones de última hora como la de Cuba evidencian que es necesaria una profunda reforma del orden internacional y de las instituciones que lo desarrollan. Es urgente terminar con cualquier pretensión de mantener un mundo unipolar donde se actúe al margen de la legislación internacional.
A pesar de que el próximo gobierno de EE UU pueda derogar esta medida, junto a otras en la línea de lo que ya hizo el presidente Obama, es necesario ir más allá para que no se puedan repetir. Hay que dar paso a un nuevo mundo multipolar, en el que ninguna de las grandes potencias, ni EE UU, ni China, ni Rusia actúen al margen del Derecho internacional. Hay que refundar Naciones Unidas para que tenga capacidad real para desarrollar los objetivos de su propia Carta Fundacional. De no hacerse, la comunidad internacional será corresponsable de que se avance hacia un mundo desequilibrado y con una doble vara de medir en las relaciones internacionales.
Coordinador de la Asamblea Político y Social de Izquierda Unida y presidente del Partido Comunista de España (PCE), partido del que ha sido secretario general entre 2009 y 2018. Maestro de profesión, fue concejal en el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Benalmádena, provincia donde inició su actividad política y por la que fue elegido diputado al Congreso en 1993, 1996 y 2000. En la X Legislatura (2011-2015) volvió a la Cámara Baja como diputado por Sevilla, ocupando la portavocía del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA-La Izquierda Plural.
