El Acento/ Inmaculada Sánchez.
Cuando pase la situación de emergencia sanitaria que vive medio planeta a cuenta del coronavirus nos encontraremos un mundo bien distinto al que solíamos transitar. Y aunque aún no sepamos cómo será, lo que sí sabemos hoy es que las únicas armas efectivas en esta guerra declarada contra el enemigo vírico están saliendo de un arsenal que el neoliberalismo rampante y la globalización financiera habían relegado por caro y obsoleto, el del sector público estatal.
Tras la declaración del estado de alarma en España -ya vamos por la primera semana y nos quedan no pocas por delante- el Gobierno ha reorganizado recursos, ha puesto hospitales públicos y privados bajo un mando único, ha centralizado compras de material sanitario, ha desplegado fuerzas de seguridad para mantener orden y concierto y ha abierto las arcas del Estado para paliar con un colchón sin precedentes el parón en seco de nuestra economía.
Hospitales, servicios sociales, moratoria en pagos, prestaciones por desempleo universales… Los recursos que construyen el colchón social para la peor pandemia que hemos conocido salen del Estado y de cada una de las administraciones que lo componen. Ni fondos de inversión globales, ni compañías transnacionales. Los impuestos y los servicios públicos son los únicos que nos pueden salvar. Bienvenido, de nuevo, Estado protector
Esta vez la prioridad parece diáfana: al tiempo que se combate la emergencia de salud pública y al margen de lo larga y dura que se presente, la crisis económica que la acompaña no debe llevarse por delante la cohesión social del país. Algo parece haberse aprendido de la gran recesión de 2008. Y algo, también, podría tener que ver el que este ‘shock’ le haya ‘tocado’ al primer Gobierno de coalición de izquierdas de nuestra reciente historia.
Hasta la Unión Europea ha admitido que antes que la austeridad, y aquello de «no se puede gastar lo que no se tiene» -¿recuerdan?-, está la salud colectiva. Y que una vez recobrada ésta no habrá recuperación posible a partir de un erial de desempleados y empresas destruidas. Esta misma semana Bruselas ha aprobado que los países miembros dispongan de hasta un 11 por ciento de su PIB para afrontar el desafío. Los Estados vuelven a tener cierta capacidad de actuación y el de España también se ha apuntado.
Aunque aún hay medidas que pugnan por hacerse hueco en el despliegue de ayudas anunciadas, la cobertura casi universal por desempleo a los trabajadores afectados por los muchos Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que van a permitir sobrevivir a miles de empresas es lo más parecido a la manta protectora de un cierto Estado del Bienestar. Suspensión de cuotas para autónomos, moratoria en pago de hipotecas, bonificaciones en servicios básicos como luz, agua o gas… El parón lo paga el Estado.
Pocas veces un mensaje ha sido tan rotundo. Este miércoles toda la oposición daba en el Congreso su visto bueno a la estrategia y ponía en cuarentena sus críticas en cuanto a rapidez, agilidad y firmeza del Gobierno para aplicarla. Ya habrá tiempo. Ese tiempo que se nos hace eterno estos días de confinamiento. El mismo que puede hacer tambalear las ayudas si se prolonga en exceso. Y el que nos dará o quitará la razón si, finalmente, en esta «resurrección del Estado» nos pasa como con aquella «refundación del capitalismo» que anunció solemne el presidente Sarkozy durante las primeras embestidas del ‘crack’ de 2008, que ya sabemos todos en qué quedó.
Periodista y directora de El Siglo desde 2011, revista que contribuye a fundar, en 1991, formando parte de su primer equipo como jefa de la sección de Nacional. Anteriormente trabajó en las revistas Cambio 16 y El Nuevo Lunes y en la Cadena Ser. Actualmente también participa asiduamente en diferentes tertulias políticas de TVE y de Telemadrid.
