Entrevista / Manuel Capilla.
“Habría que haber aceptado la oferta de julio”. Enrique Santiago hace así autocrítica, al mismo tiempo que subraya que “también creo, vistos los acontecimientos, que el Partido Socialista habría inventado otra excusa al día siguiente para que no hubiera acuerdo”. El secretario general del PCE y diputado de Unidas Podemos critica que un Estado “prefiera dejar que la situación se caliente” en Cataluña, “en lugar de buscar vías que vayan más allá de la judicialización, de la represión”, y a un independentismo que “ha perdido el control de la situación, tanto en las calles como políticamente” como “consecuencia de hacer propuestas políticas inviables”. Por eso, insiste en que “hay que buscar vías de entendimiento y diálogo”.
¿La crisis política en Cataluña pone la campaña a Unidas Podemos en el peor escenario posible?
Creo que, en general, pone la campaña en el peor escenario posible para todas las fuerzas de izquierda; para todas las fuerzas que buscan una solución al problema de Cataluña. Debe cesar de inmediato la situación de conflictividad máxima en la sociedad catalana, porque el resultado puede ser regalarle a la derecha el gobierno de España, incluyendo a la ultraderecha. Día a día, vamos viendo en las encuestas que es una tendencia clarísima.
¿Es un problema de “orden público” lo que está sucediendo estos días, como afirma el ministro Marlaska?Es un serio problema político. Es la posición que venimos manteniendo desde hace años, desde que el Partido Popular agitó el avispero con el recurso de inconstitucionalidad al Estatut que había sido aprobado por la Cámara catalana, por la sociedad catalana y había sido avalado por el Congreso español. Esa agitación de la cuestión nacional catalana de una forma tan irresponsable por el Partido Popular, buscando un rédito electoral, ha sido la base de la tormenta que ahora sufrimos.
¿Cómo valora la sentencia del Supremo?
Tiene numerosas incongruencias y deficiencias. No se puede plantear que la declaración de independencia ha sido simbólica, sin efecto jurídico, pero a la vez condenar por un delito de sedición, que supone haber anulado la capacidad de las instituciones del Estado de aplicar sus resoluciones en la comunidad autónoma de Cataluña. Cualquiera sabe que la justicia del Estado nunca ha dejado de funcionar en Cataluña; que las resoluciones de los tribunales nunca han dejado de aplicarse; que las decisiones del consejo de ministros o de un determinado ministerio nunca han dejado de aplicarse. Una situación de desórdenes públicos -y lo digo desde el punto de vista penal-, cuando la propia sentencia está diciendo que nunca ha habido una amenaza a la institucionalidad del Estado, es absolutamente incongruente que se condene por un delito de sedición.
¿Cómo interpreta que la sentencia se haya ajustado casi totalmente a lo que defendía la Abogacía del Estado?
Lo que ha hecho la sentencia es apartarse de la muy exagerada posición de la Fiscalía del Estado. Unos delitos que no han causado unos daños institucionales irreparables, donde tampoco ha habido unos daños irreparables a las personas, que la Fiscalía estuviera pidiendo penas superiores que las que se piden en casos de homicidio, pone de manifiesto que la Fiscalía ha actuado con un criterio político muy irresponsable. En nuestro país prima el principio acusatorio en los procesos penales. Y, al final, el Tribunal Supremo tiene que ajustarse a alguna de las peticiones de calificación que le hacen las partes acusadoras. En ese sentido, ante la desproporción de las peticiones de la Fiscalía y Vox –llamativo que coincidan-, lo que hace es acogerse a unas calificaciones que presenta la Abogacía. Aun así, desgraciadamente, el Supremo no ha ponderado la condena, porque aun considerando que se trata de un caso de sedición –que ya he dicho que yo no comparto- tenía margen para haber aplicado una pena no tan dura. Es que se han impuesto penas más altas que en supuestos de homicidio.
Llegados a este punto y visto lo visto estos días en las calles de Cataluña, ¿por dónde pasa la solución del conflicto? Unidas Podemos ha llamado al diálogo, pero no se ve punto de encuentro.
La solución tiene que ser de diálogo. Estamos llegando a un extremo en el que las fuerzas políticas que han gobernado, en el Estado y en Cataluña, han demostrado una absoluta incapacidad para abordar ese diálogo. Este espectáculo forzado, en el que el presidente del Gobierno no coge el teléfono al presidente de la Generalitat en una situación de conflictividad, pone sobre la mesa la absoluta irresponsabilidad y la búsqueda de réditos electorales por ambas partes. Creo que ya estamos en una fase en que corresponde a la sociedad civil organizada que ponga en marcha un proceso de entendimiento, de diálogo -no de negociación, porque no corresponde a la sociedad civil negociar nada- para bajar la tensión, acercar posiciones y para establecer proyectos de trabajo para que las partes enfrentadas puedan encontrar espacios comunes. Es obvio que el independentismo ha perdido el control de la situación, tanto en las calles como políticamente. Esto es la consecuencia de hacer propuestas políticas inviables. Y esto quiero dejarlo claro. Es absolutamente inviable hablar de independencia de Cataluña cuando, en el mejor de los casos estamos, hablando de una situación de empate catastrófico. En estas condiciones, en ningún lugar del mundo, ninguna norma de derecho internacional ha validado ningún proceso de secesión. Son propuestas inviables. Pero, por parte del Estado, es muy preocupante que se prefiera dejar que la situación se caliente, en lugar de buscar vías que vayan más allá de la judicialización, de la represión. Hay que buscar vías de entendimiento y diálogo. La sociedad civil tiene que desatascar la situación. Y hay numerosas organizaciones de la sociedad civil que pueden hacer ese trabajo. Los sindicatos, por ejemplo; asociaciones de derechos humanos, asociaciones culturales… La propuesta que ha hecho Ada Colau de que algunas instituciones, preocupadas por la situación, impulsen ese proceso de encuentro de la sociedad civil, es una propuesta que ayuda.
Desde las filas socialistas señalan la crisis catalana y dicen “ven, por esto no podíamos articular un gobierno de coalición con Unidas Podemos”, porque se habría roto en días como estos.
No tiene ninguna base lógica y es tremendamente oportunista. El Partido Socialista no puede ir dando lecciones de cómo solucionar el problema de Cataluña. Sólo faltaba que haya que elevar a una categoría de imposibilidad absoluta, intentar abrir vías de diálogo que son las lógicas para cualquier demócrata.
“Hay una posibilidad real de que haya una mayoría de derechas en el próximo Parlamento”
¿Por qué PSOE y Unidas Podemos han podido articular gobiernos de coalición en ayuntamientos y comunidades pero no en el gobierno de España?
A estas alturas, no tengo dudas. Resulta evidente que Pedro Sánchez ha decidido someterse al dictado de los grandes poderes de este país, el Círculo de Empresarios, la CEOE, que dijeron desde el primer momento que no podía haber una entrada de Unidas Podemos en el consejo de ministros. Sánchez ha desatendido la opinión de sus votantes, de las bases del Partido Socialista que se concentraron en Ferraz el día de las elecciones y decían con “con Rivera, no”. Creo poder decir que ha desatendido la opinión de muchos de sus diputados. En el grupo parlamentario socialista había una evidente angustia los días de las conversaciones, viendo como la dirección del partido –o Pedro Sánchez- cerraba las vías de negociación y nos abocaba a la repetición electoral en tan mal momento para la izquierda. Parece que Sánchez está dejándose sucumbir a esos los mismos poderes económicos que él denunció en su momento, una vez que ha llegado al gobierno gracias a la moción de censura que organizada por Unidas Podemos.
¿Qué responsabilidad tiene Unidas Podemos en la repetición electoral?
Nuestra única responsabilidad sería no haberle querido dar un cheque en blanco a un Partido Socialista con el que acabábamos de firmar seis meses antes un acuerdo a la portuguesa -como a ellos les gusta decir- de apoyo parlamentario en los Presupuestos Generales del Estado, y ellos se negaron a cumplirlo. Ellos no quisieron, no tuvieron valentía, no tuvieron fuerza. No cumplieron más del 85% de los acuerdos establecidos. Y el problema no es que los incumplieran, es que ahora los han retirado del programa electoral, como el control de los precios de los arrendamientos. Algo inasumible para ellos y que es práctica habitual de gobiernos tan poco sospechosos de izquierdismo como el actual gobierno de California, el de Berlín o el de Copenhague.
¿Se equivocaron el rechazar la propuesta de gobierno de coalición que les hizo Sánchez en julio?
Mi opinión personal es que habría sido conveniente aceptar esa oferta. Pero también creo, vistos los acontecimientos, que el Partido Socialista habría inventado otra excusa al día siguiente para que no hubiera acuerdo. ¿Por qué lo digo? Porque durante las conversaciones en septiembre, en la comisión negociadora sondeamos todas las opciones. Incluso llegamos a sondear la opción que ellos tanto reclamaban en público, la del acuerdo a la portuguesa. Y entonces dijimos: “¿en qué términos aceptarían un apoyo de investidura en torno a un acuerdo de programa?”. Y la respuesta de los negociadores socialistas fue “no”. Solamente lo aceptarían si garantizábamos un acuerdo parlamentario durante cuatro años. Sin saber ni qué proyectos de leyes ni nada por el estilo. Desde mi punto de vista, era todo búsqueda de excusas para no cerrar un acuerdo. Sí creo que habría que haber aceptado la oferta de julio. Es verdad que era inconcreta y que no reflejaba el peso que tendría en esa coalición Unidas Podemos, pero era un paso para construir un gobierno conjunto.
¿Esto quiere decir que después del 10 de noviembre la opción de un acuerdo parlamentario está encima de la mesa?
Dependerá de los resultados, pero si hay una posible mayoría de gobierno, nada ha cambiado. Lo lógico es que el Partido Socialista recapacite. Sobre todo, si en esa convocatoria electoral seguimos teniendo el mismo porcentaje de apoyo, que es lo que todas las encuestas están poniendo de manifiesto. Es decir, hay un alto convencimiento por parte del electorado de Unidas Podemos en que esa es la estrategia correcta. Habrá que seguir trabajando por construir un gobierno conjunto. ¿Cuál es la opción que tiene nuestro pueblo si no? ¿Un gobierno del Partido Socialista con Ciudadanos o con el Partido Popular? Nosotros eso no lo podemos permitir.
¿Sigue vigente el veto a Pablo Iglesias tras el 10-N? ¿Él va a aceptarlo?
Eso es una cosa nunca vista en Europa desde el final de la II Guerra Mundial. Fue una muestra de enorme generosidad política por parte de Unidas Podemos aceptar un veto grotesco y grosero. Obviamente, el contador está puesto a cero. Faltaba más. Ya no hay vetos y no se pueden aceptar.
Hace unos días, antes de que Cataluña lo absorbiera todo, Pedro Sánchez se comprometía, de nuevo, a derogar la reforma laboral y ligar las pensiones al IPC. ¿Cómo valora estas afirmaciones?
Pedro Sánchez no se ha comprometido a revocar la reforma laboral. Lo que nos contó en la sesión de investidura es que de lo que se trataba era de dejar sin efecto los contenidos más lesivos de la reforma laboral. Sin contar cuáles son, porque para los sindicatos y para nosotros todos los contenidos de la reforma laboral fueron lesivos. Todos consisten en lo mismo, en precarizar y en eliminar derechos de los trabajadores de este país. Y no porque los hayan regalado, sino porque eran consustanciales a un sistema democrático. Lo que ha venido contando es la sustitución de la revocación de las reformas laborales por la construcción de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Nadie dice que no haya que hacerlo, pero un nuevo Estatuto de los Trabajadores es algo que no se solventa en menos de dos-tres años. Mínimo. Nos parece un proceso sumamente interesante pero que no puede sacar de circulación el acuerdo de dignificar las relaciones laborales, de acabar con el trabajo precario. En nuestro país no solamente son pobres los desempleados. También son pobres los trabajadores, porque tienen unos salarios con los que es imposible llegar dignamente a final de mes.
“El Supremo, aun considerando que se trata de un caso de sedición, tenía margen para haber aplicado una pena no tan dura. Es que se han impuesto penas más altas que en supuestos de homicidio”
¿Y sobre las pensiones?
Si el Partido Socialista está dispuesto a garantizar las pensiones por ley, lo que tiene que hacer es incluirlo en la mesa del acuerdo del Pacto de Toledo. O explicar por qué hasta ahora no lo ha hecho, cuando es uno los elementos incluidos en el acuerdo de Presupuestos. Bienvenido sea, pero claro, resulta sorprendente que lo anuncie en campaña electoral y se niegue a hacerlo después de las campañas electorales.
¿Cómo interpreta el giro político que está dando Pablo Casado y el PP, repescando a Ana Pastor en detrimento, quizá, de Cayetana Álvarez de Toledo?
El Partido Popular está intentando jugar sus cartas, intentando aparentar que es una fuerza lo más moderada posible para conseguir el voto del llamado centro político, que oscila. El Partido Popular parece que quiere volver a un escenario de bipartidismo y abarcar el máximo del espectro que no es de izquierdas en este país. El problema no es que ellos lo hagan, el problema es que desde la izquierda no se tomen medidas para que eso no ocurra, cerrando acuerdos y poniendo en marcha proyectos de amplias mayorías.
¿Cómo valora el paso dado por Errejón de concurrir a las generales?
Lo de Errejón, francamente… Va a ser la tercera vez que Errejón de una mayoría a la derecha. En apenas un año. Creo que ante cualquier disidencia, de falta de acuerdo, de distintos puntos de vista en la izquierda, pues es normal. Hay que saber gestionarla y construir acuerdos con todo el mundo. Pero no irrumpir como elefante en cacharrería, en un momento electoral clave sin apenas estructura, sin programa político, sin más propuesta que estar haciendo de muletilla del Partido Socialista. Ha habido una precipitación evidente. Más País ha sido empujado por unos determinados sectores, medios de comunicación y grupos de interés con la intención de fragmentar aún más y aprovechar la ley electoral –no dudo que ese no era la intención del partido de Errejón- para dividir el voto al espectro de Unidas Podemos. Contribuir a volver al bipartidismo y evitar un gobierno de izquierdas. El asunto no son los escaños que va a obtener Más País, sino los que no va a obtener y los que nos pueden quitar a otras opciones de izquierdas.
“Resulta sorprendente que lo que Sánchez anuncia en campaña electoral se niegue a hacerlo después”
En ese sentido, parece que han elegido las circunscripciones con más escaños y más proporcionales para que no se perdieran votos.
En Málaga estamos disputando, por la irrupción de Más País, el segundo de diputado de Unidas Podemos, con Vox. No Con Más País ni con el Partido Socialista. En Vizcaya, estamos disputando el segundo diputado de Unidas Podemos con el Partido Popular, no con el Partido Socialista ni con Más País. El argumento de que solamente concurren en las circunscripciones con más escaños para no hacer daño no es correcto desde el punto de vista electoral. Y ellos los saben, además.
Para concluir, mójese, deme una predicción del resultado electoral.
Ahora mismo hay una posibilidad real de que haya una mayoría de derechas en el próximo parlamento. Eso, ahora mismo, existe. No digo que las encuestas lo digan, pero la tendencia es preocupante. Esa posibilidad es real, y más vale que todos los ciudadanos sean conscientes. Con lo cual, bajemos la tensión en la cuestión catalana. Cualquier votante de izquierdas debe saber que si ellos quieren evitar cualquier alianza del Partido Socialista con la derecha, lo mejor que pueden hacer es dar el voto a Unidas Podemos. Sólo el fortalecimiento de Unidas Podemos puede evitar que el Partido Socialista tenga opciones aritméticas de pactar con la derecha. Entregarle el voto al Partido Socialista es peligroso para garantizar un gobierno de izquierdas.
