Destacado Económico / N. L.
La CNMC presidida por Cani Fernández, que está mostrando desde que tomó posesión de su cargo en junio del pasado año una actividad febril, ha concluido el pasado agosto una investigación que ha llevado a la picota a una buena parte de las compañías de construcción e infraestructuras. La investigación la inició en las Navidades de 2018 su antecesor en el cargo, José María Marín Quemada, que también desarrolló una buena gestión a pesar de encontrarse con impedimentos que Cani Fernández ha podido superar en buena medida.
La CNMC ha prestado un extraordinario servicio contra la corrupción y en favor de la decencia en los contratos públicos denunciando el comportamiento delictivo de tinte mafioso de importantes empresarios, organizados en cártel para delinquir, cuyos integrantes han sido pillados en acuerdos y/o prácticas concertadas de reparto de mercado, de forma que, según expresa la CNMC, “alteraba el resultado de licitaciones de servicios de conservación y explotación de la red de carreteras del Estado”.
Las multas impuestas han sido pequeñas, 61,28 millones de euros para el conjunto de los implicados, ridículas respecto a los beneficios obtenidos por estas compañías con su conspiración para el fraude, pero lo más gravoso para ellas es la prohibición de contratar con la Administración y sobre todo que se hayan publicado sus nombres colocando en la picota a unos empresarios cuya reputación social ha caído por los suelos.
Estos son los defraudadores
Las empresas implicadas son las siguientes: Acciona Mantenimiento de Infraestructuras y su matriz Acciona, presidida por José Manuel Entrecanales; Aceinsa Movilidad, dirigida por Juan Agustín Sánchez Bernal; Alvac, pilotada por Paula Valdecantos ; API Movilidad y su matriz Actividades de Construcción y Servicios (ACS), mandada por Florentino Pérez; Asfaltos y Construcciones Elsan y su matriz Obrascón Huarte Laín (OHL), propiedad de Juan Miguel Villar Mir; Audeca y su matriz Elecnor, gestionada por Rafael Martín de Bustamante Vega; Elsamex y su matriz Ferrovial, propiedad de Rafael del Pino; Innovia Coptalia y su matriz Copcisa Corp, cuyo presidente es Eloi Carbonell Santacana; Mantenimiento de Infraestructuras y su matriz Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), que preside Esther Alcocer Koplowitz; SA de Obras y Servicios Copasa, gobernada por José Luis Suárez Gutiérrez; Señalizaciones Villar, dirigida por Francisco Javier Medrano Villar; y Sacyr Conservación y su matriz Sacyr, dirigida por Manuel Manrique.
Las empresas sancionadas participaban sistemáticamente, según averiguó la CNMC, en todas las licitaciones acordadas, restringiendo el número de ofertas con bajas superiores a un umbral predeterminado por el cártel que podían presentar “alterando las licitaciones de servicios de conservación y explotación de carreteras convocadas por el Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) desde 2014 a 2018”. La CNMC califica la actitud de estas compañías en su comunicado del pasado 20 de agosto de “una infracción muy grave prohibida por el artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”.
El total de las multas asciende, como dijimos, a 61,28 millones de euros a cuyos implicados se prohíbe contratar a partir de ahora con la Administración. Una de las empresas participantes en el cártel se ha acogido al “Programa de Clemencia”, por lo que no se le aplica la circunstancia agravante, se verá beneficiada de un descuento del 50% de la sanción impuesta y quedará exenta de la aplicación de la prohibición de contratar con la Administración.
En torno a un cafelito
El funcionamiento del cártel se desarrollaba a través de reuniones “para tomar café” donde las empresas que formaban parte del mismo establecían periódicamente los criterios de coordinación de las ofertas económicas a presentar en las licitaciones del Ministerio de Fomento para los servicios de conservación de carreteras de la Red de Carreteras del Estado.
El cártel agrupaba las diferentes licitaciones en grupos para los que se acordaban unos criterios comunes de presentación de ofertas económicas. El cártel asignaba una “bolsa” de puntos para cada grupo de licitaciones que se iban consumiendo por las empresas en función del nivel de descuentos sobre el presupuesto de contratación. Cuanto mayores fueran las bajas que presentasen en sus respectivas ofertas económicas, más puntos se gastaban, aplicando una fórmula específicamente diseñada por el cártel para cada grupo de contratos.
De este modo se limitaba el número de contratos en los que las empresas presentaban descuentos altos en cada grupo de licitaciones, ya que el número de puntos de la bolsa nunca era suficiente como para tratar de conseguir todos los contratos de cada grupo.
Este sistema incentivaba a cada empresa del cártel a concentrar sus posibilidades de adjudicación en un número limitado de licitaciones, presentando en las restantes ofertas con escasas o nulas posibilidades de adjudicación, convirtiéndose así en ofertas de cobertura.
Las empresas acordaban también el umbral de descuentos para esas ofertas de cobertura y se comprometían a presentar ofertas en todas las licitaciones de cada grupo.
De este modo se conseguía alterar el umbral de anormalidad (calculado sobre la base de las ofertas presentadas en cada licitación) y podían conseguir que ofertas de empresas ajenas al cártel realmente competitivas fueran excluidas del proceso de contratación.
El sofisticado sistema diseñado por las empresas se fue adaptando a los sucesivos cambios en los pliegos de contratación introducidos por la Administración. La mecánica empleada por el cártel resultaba particularmente compleja, facilitando la monitorización de su cumplimiento a la vez que se dificultaba enormemente su detección.
Se quedaron con el 70% de las licitaciones de Fomento
La CNMC ha podido acreditar que el cártel operó entre febrero de 2014 y diciembre de 2018, aunque se han detectado conversaciones desde 2009. Las empresas participantes se adjudicaron 71 licitaciones de un total de 101 que sacó el Ministerio de Fomento relacionadas con la prestación de servicios de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado.
El importe total de las adjudicaciones a empresas del cártel superó los 530 millones de euros, lo cual supone el 63% del importe total adjudicado por el Ministerio para los servicios de conservación de las Red de Carreteras del Estado, lo que da idea del impacto y alcance de este cártel.
Gracias a un chivatazo
La CNMC recibió en octubre de 2017 una información anónima alertando de la posible existencia de un cártel que afectaba al mercado de prestación de servicios de conservación y explotación de carreteras. Tras las inspecciones realizadas en varias sedes de las empresas que formaron parte del cártel en 2018, en julio de 2019 se incoó un expediente sancionador contra 13 empresas y en diciembre de 2020 se incluyó a Ferrovial Servicios en el mismo expediente sancionador que finalmente no ha sido sancionada en concepto de autora, sino como responsable solidaria por la conducta de su filial (Ferroser).
La especial complejidad y nocividad del cártel para el interés general han sido consideradas por la CNMC a título de agravante a la hora de establecer el importe de las multas. Como consecuencia de la infracción acreditada constitutiva de cártel, la CNMC ha impuesto las multas que pueden verse en la tabla adjunta:
Respecto a la prohibición de contratar con las administraciones públicas, las conductas anticompetitivas sancionadas se han prolongado más allá de la fecha de entrada en vigor de la prohibición de contratar (22 de octubre de 2015) por lo que se aplica la prohibición de contratar a las empresas participantes en el cártel.
En este sentido, la CNMC ha decidido remitir a la Junta de Contratación del Estado la notificación de esta resolución a fin de que se inicie el procedimiento de determinación de la duración y alcance a las empresas sancionadas, en la medida que puedan seguir siendo licitantes en procedimientos de contratación pública.
Aceinsa se ha beneficiado de una reducción del 50% sobre el total de la multa impuesta al haber aportado elementos de prueba que han permitido a la CNMC detectar y acreditar la existencia del cártel. Además no se ha aplicado a esta empresa la circunstancia agravante, dado que se ha considerado que su valiosa colaboración por medio del programa de clemencia hace que no pueda considerarse que ha establecido mecanismos de garantía de la ejecución de la conducta. Por lo tanto, la multa impuesta a Aceinsa ha sido de 1.605.648 euros. Además, tampoco se ha incluido a Aceinsa en la prohibición de contratar con las administraciones públicas.
La CNMC insta a la Dirección de Competencia para que vigile el cumplimiento íntegro de esta resolución y analice la posible responsabilidad de los directivos implicados en la infracción declarada en la resolución. Asimismo, se recuerda que contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Con Derecho a Réplica / José Segura Clavell. Director general de Casa África
Democracia para Túnez, vacunas para todos
Mientras el país magrebí vive horas turbulentas por la crisis política y económica y el descontento social, la cuestión del acceso a las vacunas del coronavirus sigue siendo fundamental para el continente africano y, por extensión, para todos nosotros.
Confieso que me inquieta la reciente crisis política de Túnez, que nos tiene a todos en vilo en estos días inciertos y que ha alarmado lo suficiente a la Unión Europea como para que el alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, haya lanzado un comunicado solicitando que se restablezca la estabilidad institucional en ese país lo antes posible. La UE también pide que se reanude la actividad parlamentaria, se respeten los derechos fundamentales y las autoridades se abstengan de ejercer cualquier forma de violencia sobre los ciudadanos. Su preocupación me parece fundamentada.
Hace ahora una década que Túnez se convertía en la cuna de la ilusionante Primavera Árabe, un viento de cambio que recorrió el Magreb, llegando a barrer incluso la Península Arábiga, y que despertó enormes esperanzas de democracia y progreso en el mundo. Ese mismo Túnez donde se inmolaba el ciudadano Mohamed Bouazizi, encendiendo la mecha del descontento popular y provocando, indirectamente, el desalojo pacífico del poder del dictador Zine el Abidine Ben Ali, era la principal democracia árabe del mundo, según The Economist.
Si les interesan las cuestiones africanas habrán leído que el presidente tunecino, Kais Said, destituyó al primer ministro, Hichem Mechichi. Además, anunció la suspensión de la actividad del Parlamento y la concentración de prácticamente todos los poderes del Estado en su persona. Una parte de los ciudadanos de Túnez, harta de una crisis económica que no cesa y de los horrores del coronavirus, recibió la noticia entre aplausos, mientras la mayor parte de la oposición denunciaba un golpe de Estado.
Estos son días para cuestionarse el resultado y la evolución de la llamada ‘Revolución de los Jazmines’, que configuró la Constitución más avanzada del mundo árabe, pero también una transición con claroscuros y diez gobiernos diferentes en su haber, que no ha logrado sacar a Túnez del pozo del paro, el desencanto y las penurias económicas. Leemos en estos días que, diez años después de la revolución tunecina, el paro entre los jóvenes asciende aún al 40,8% y que el 8,8% del PIB tunecino ha desaparecido principalmente a causa del Covid-19.
El coronavirus ha terminado de hundir la precaria sanidad del país, donde habita más de medio millón de personas contagiadas y que ha visto sucederse cinco ministros de Sanidad desde que la pandemia los empezó a golpear. Túnez es el país de África con mayor número de muertos por Covid: más de 18.000 para una población de 11,6 millones de ciudadanos. El turismo, que cuenta por el 16% del PIB tunecino, es uno de los daños colaterales de esta crisis. Tras el golpe que supusieron los ataques terroristas en ciudades como Sousa, entre 2015 y el año pasado, el sector está en caída libre gracias a la pandemia.
No entramos en los datos de las últimas elecciones, previas a dicha pandemia y que dieron lugar al Parlamento más fragmentado de la historia tunecina y la incapacidad de alcanzar acuerdos urgentes para el país. Es importante subrayar que la desconfianza hacia la clase política y la crispación se han normalizado entre la ciudadanía tunecina, mientras la economía implosiona, la corrupción se extiende y la deuda pública supera el 100% del PIB, a las puertas de un nuevo acuerdo con el FMI, el cuarto en una década, para conseguir un nuevo préstamo.
Ante este escenario desolador, los sucesos de finales de julio inquietan y no impiden perder la esperanza de que ese país tan cercano a España encuentre la salida a su crisis de los últimos años. Igual que deseamos no perder la esperanza frente a las cifras de coronavirus en ese continente africano con el que deseamos colaborar y donde ya se superaron los seis millones de contagios y las 150.000 muertes por coronavirus también esta semana.
Me gustaría recordar que solo el 1,6% de la población del continente africano ha recibido la pauta completa de la vacuna. En conjunto, se han administrado 690 millones de dosis en 55 países donde habitan 1.300 millones de personas y hay zonas geográficas como Burundi, Sáhara Occidental, Eritrea o Tanzania, que no han recibido ninguna dosis todavía. Mientras África espera la llegada de nuevas dosis, los países ricos, entre los que nos contamos, acaparan la mitad de la producción de las vacunas y nos sobran 2.000 millones de dosis.
La OMS se ha expresado públicamente en el sentido de que la vacunación puede impulsarse en el continente si se permite la fabricación de los fármacos en él. Ante el veloz incremento del número de casos y la extensión de la variante delta por África, ilusionan acuerdos como el que Pfizer y BioNTech han firmado con Biovac, en Sudáfrica, para poder producir cien millones de dosis de vacunas ARNn anuales. Janssen ya colabora con una empresa sudafricana, ASpen Pharmacare, en el mismo sentido. La OMS nos dice que el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (Covax) no puede solucionar el desequilibrio en el acceso a las vacunas en el continente africano y apuesta por esta producción local y la liberalización de la patente, junto con la sensibilización de una población que allí, como aquí, está cansada, baja la guardia y también es víctima de los bulos y la desinformación.
