Cristina Narbona
En varias culturas precolombinas la deidad del agua coincidía con la de los bosques. Esos pueblos eran bien conscientes de la estrecha relación entre el agua y los bosques, ambos recursos imprescindibles para la vida humana; seguramente mucho más conscientes que algunos de nuestros contemporáneos, que parecen contentarse con invocar al cielo para que llueva.
Sin duda, resultaría mucho más comodo confiar en las plegarias que hacer frente a uno de los mayores desafíos de la humanidad: la decreciente disponibilidad de agua potable, provocada por el cambio climático.
Ya hemos podido comprobar lo poco que le preocupan al PP las aguas subterráneas, primero en el Mar Menor (donde el gobierno regional ha tolerado una contaminación creciente por exceso de nitratos en el acuífero del Campo de Cartagena), y luego en Doñana (prometiendo la regularización de regadíos, a costa de empeorar la ya gravísima sobreexplotacion del acuífero)
Entre las muchas mentiras con las que el Partido Popular (PP) pretende descalificar al gobierno presidido por Pedro Sánchez destacan, cada vez con mayor frecuencia, las relativas a la política del agua.
Por lo pronto, el PP exige un “Pacto del Agua”. Algo incuestionable, desde el punto de vista político, teniendo en cuenta que las competencias en esta materia se distribuyen entre los tres niveles de las administraciones públicas; incuestionable, también, desde el punto de vista social, ya que el agua es necesaria para usos muy diferentes, y en territorios también diferentes en cuanto a su acceso al recurso.
Pero hay un pequeño detalle que el PP suele obviar (lamentablemente de forma muy descarada, en los últimos tiempos…): nuestra pertenencia a la Unión Europea (UE), que comporta exigencias específicas en el diseño de la política del agua.
En primer lugar, las directivas europeas obligan a los países miembros a planificar a medio plazo –con una determinada metodología y garantizando la participación de todas las partes interesadas–, los usos del agua y las actuaciones en cada una de las cuencas hidrográficas. Entre otras cuestiones, la UE exige el establecimiento de un “caudal ecológico” en cada una de las cuencas, que debe ser tenido en cuenta con carácter previo a la asignación de agua para sus distintos usos, de forma que se garanticen “ríos vivos”, manteniendo los ecosistemas fluviales y las necesarias aportaciones de agua dulce y sedimentos en su desembocadura. El PP lamentablemente sigue instalado en esa idea (contraria a la ciencia) de que no hay que permitir que el agua de los ríos “se tire al mar”; y que, por lo tanto, hay que seguir construyendo embalses para retener el máximo volumen de agua, olvidando que con el cambio climático se están reduciendo rápidamente las precipitaciones (y aumentando la evapotranspiración)… La pertenencia a la UE comporta también una atención continuada al estado cuantitativo y cualitativo de los acuíferos, auténticas reservas estratégicas que el cambio climático convierte en prioritarias. Y ya hemos podido comprobar lo poco que le preocupan al PP las aguas subterráneas, primero en el Mar Menor (donde el gobierno regional ha tolerado una contaminación creciente por exceso de nitratos en el acuífero del Campo de Cartagena), y luego en Doñana (prometiendo la regularización de regadíos, a costa de empeorar la ya gravísima sobreexplotacion del acuífero). En este último caso ,a pesar de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2021, exigiendo a España la recuperación del acuífero de Doñana, el PP ha actuado con notable irresponsabilidad: ha prometido agua a aquellos regantes que no disponen de concesiones legales, obviando que los recursos hídricos adicionales previstos estarán exclusivamente destinados, por ley, a cumplir lo establecido en la citada sentencia.
El único posible “Pacto del agua” es aquel que garantice el cumplimiento de las normas europeas, en particular en este momento, en el que España dispone de cuantiosos fondos de Next Generation (entre otras cosas para la digitalización del ciclo del agua). Los planes hidrológicos de todas las cuencas, aprobados hace escasas fechas, son, precisamente, los elementos ineludibles de dicho Pacto.
El agua, en un contexto de grave sequía, volverá a ser utilizado por el PP como señuelo electoralista, resucitando aquel “agua para todos” que acuñó a cuenta del faraónico proyecto del trasvase del Ebro. Ese proyecto, por cierto, ya le costó a Aznar un serio desencuentro con la Comisión Europea (que se negó a financiarlo). Ante su inviabilidad, Rajoy lo dejo en un cajón, cuando el PP volvió a ocupar el gobierno en 2011.
Presidenta del PSOE, partido del que es miembro desde 1993. Vicepresidenta Primera del Senado. Doctora en Economía por la Universidad de Roma, ha sido, entre otros cargos, secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda (1993-1996) y ministra de Medio Ambiente (2004-2008), así como embajadora de España ante la OCDE (2008-2011). Desde enero de 2013, y hasta su elección como presidenta del PSOE, ha sido consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Es miembro del Global Sustainability Panel del secretario general de Naciones Unidas (2010-2012), de la Global Ocean Commision y de la Red española de Desarrollo Sostenible. También forma parte del colectivo Economistas frente a la Crisis.
