Destacado Económico / N. L.
Este es el año de la renovación de una buena parte de los órganos reguladores, teóricamente independientes y, salvo honrosas excepciones, muy dependientes de quienes los nombraron.
José María Marín Quemada es un ejemplo ejemplar, valga la redundancia, de que es posible, además de justo, necesario y decente, ser independiente de quien le proporcionó la deseada poltrona. Lo ha demostrado cumplidamente en los siete años que presidió la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, un superregulador de los mercados, poderoso órgano producto de la fusión de las de la Energía y la de la Competencia.
José María Marín, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense y catedrático de Economía Aplicada y Política Económica en la UNED, próximo al Partido Popular, ha demostrado cumplidamente su independencia de quien lo nombró, Mariano Rajoy, y, por supuesto, del mundo energético donde trabajó muchos años como directivo de Cepsa. Y ha aguantado con firmeza las fuertes presiones que sufrió por parte de los que trataron de burlar las reglas de la competencia.
Cani Fernández tendrá que demostrar su independencia después de que fuera fichada como asesora del presidente Sánchez por parte de Ivan Redondo. / EP
Es de esperar que su sucesora, Cani Fernández, procedente del despacho jurídico de Cuatrecasas, letrada de sensibilidad progresista, de competencia profesional reconocida y que ha demostrado valor al enfrentarse con poderosos ‘lobbies’, mantenga la firmeza ejercida por su antecesor frente a los temibles ‘lobbies’ que nos avasallan. Marín resistió heroicamente pero no logró su propósito de que se registraran como grupos de presión, como es de rigor en los países en los que rige una democracia económica de más calidad.
Cani Fernández tendrá que demostrar su independencia después de que fuera fichada como asesora del presidente Sánchez por parte de Iván Redondo.
Los ‘lobbies’ se maquillan
Obviamente, los ‘lobbies’ existen aunque no se les vea, como a las meigas, y hacen su trabajo aunque para ello tengan que disfrazarse de lagarteranas. Han aprendido de la nefasta experiencia del Consejo Empresarial de la Competitividad (CEC), que tuvo que disolverse porque no pudo disimular su condición de grupo de presión al margen de la defensa de intereses sectoriales, su condición de grupo de presión política, de poder fáctico; un artefacto que reunió durante cinco años a 15 grandes magnates de distintos sectores, incluidos los presidentes de los tres bancos más potentes.
La primera preocupación de los ‘lobbies’ españoles es ahora no generar alarma para lo que abominan de los infamantes términos con que se los designa como ‘lobbies’, grupo de presión o poderes fácticos, refugiándose en expresiones más inocuas como sociedad civil, grupos de interés, ‘stakeholder’ o similares.
En principio, un ‘lobby’ entendido como organización para la defensa de intereses legítimos no debiera generar inquietud siempre que su actuación sea legal y transparente. Sin embargo, todavía estamos lejos de lo que ocurre en Estados Unidos, donde los ‘lobbies’, dirigidos por profesionales bien pagados, están perfectamente integrados en el sistema. O en Bruselas, donde están dados de alta más de 20.000 ‘lobbies’ ante el registro de la Comisión Europea. En contra del imperativo democrático que establece que nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario, como garantiza el Código Penal, los ‘lobbies’ españoles tienen que demostrar su inocencia.
Una regulación a paso de tortuga
Actúan en España ‘lobbies’ de distinta envergadura, como la AEB, Seopan, Anfac, Farmaindustria, en ámbitos sectoriales, o la CEOE, el Círculo de Empresarios, el Círculo de Economía de Barcelona, el Instituto de la Empresa Familiar, o de forma más ligera, el Foro Puente Aéreo o el Palco del Real Madrid, entre otros, en ámbitos suprasectoriales. Todos ellos subrayan que no actúan políticamente en el sentido fuerte de la palabra.
Han pasado muchos años y distintos gobiernos han prometido regular los ‘lobbies’ sin conseguir avances significativos. Hace un año ‘El Nuevo Lunes’ dedicó una portada a este problema bajo el título: “La regulación de los ‘lobbies’, a paso de tortuga” donde se informaba que sólo tres empresas del Ibex se “retratan” en el registro creado ‘ad hoc’ por la CNMC al tiempo que su regulación parlamentaria prometida languidece. Nuestro semanario señalaba que sólo estaban registradas tres compañías: Telefónica, Red Eléctrica y Cellnex.
Es en este dolorido 2020 cuando se produzcan los cambios en supervisores y reguladores. El primero se produjo cuando Sánchez eligió a Cristina Herrero para presidir la AIReF que ya presidía de forma interina desde mediados de enero en sustitución de José Luis Escrivá, tras ser nombrado éste ministro de Seguridad Social.
La siguiente gran renovación en los órganos supervisores se producirá en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que hasta el mes de octubre preside Sebastián Albella. Es seguro que Albella no se ha rendido a ningún ‘lobby’ durante su cuatrienio de mandato, aunque empezó con mal pie cuando se negó a proporcionar al Parlamento, al que tuvo que dar cuenta al ser nombrado presidente, la lista de empresas a las que representaba frente a la CNMV.
En las empresas públicas
Pedro Sánchez participará directamente en los nombramientos de presidentes de empresas públicas, nombramientos que consensuará con sus vicepresidentas. Sobre todo con Ribera y Calviño. En la lista están la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que controla a Red Eléctrica, Indra o Enagás, entre otras grandes compañías. La SEPI está presidida desde octubre, de forma interina, por Bartolomé Lora tras la dimisión de Vicente Fernández, investigado en la causa de la mina de Aznalcóllar y por su supuesta interferencia como director general de Industria de la Junta de Andalucía.
