Manuel Capilla
A Pablo Iglesias y José Luis Escrivá les ha unido la crisis del coronavirus. Frente a una Nadia Calviño que peleó hasta el final por retrasar la adopción del estado de alarma y, por tanto, de las necesarias medidas que amortigüen su impacto en trabajadores y empresas, Iglesias y Escrivá están liderando el grupo de ministros que apuesta por la adopción de ambiciosas medidas sociales. Por la mesa del Consejo de Ministros está pasando la adopción de varios tipos de subsidios impulsados por el equipo de Yolanda Díaz, la posibilidad de ampliar la moratoria de las hipotecas a los alquileres, como quiere José Luis Ábalos, y, en un plazo más largo, la instauración de algún tipo de ingreso mínimo.
Desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales lo advertían desde hace tiempo: José Luis Escrivá “va a dar sorpresas”. Ya desde los primeros pasos del Ejecutivo, en el departamento liderado por Pablo Iglesias ven al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones como un aliado en la defensa de las políticas más sociales, frente al sector del Gobierno más partidario de salvaguardar las cuentas públicas y las cifras macroeconómicas, capitaneado por la vicepresidenta Nadia Calviño.
A lo largo de los últimos días, en el equipo de Iglesias destacan que se está trabajando con Escrivá “perfectamente” y que las únicas tensiones están siendo con Nadia Calviño. En la vicepresidencia de Derechos Sociales han dolido algunas informaciones en las que Calviño se adjudicaba algunas de las medidas que va a poner en marcha el Gobierno de forma inminente, como las prestaciones para quienes hayan perdido su empleo o reducido su jornada a causa de la pandemia, como por ejemplo las empleadas de hogar, que estarán en el consejo de ministros del viernes.
El malestar se debe a que, según la versión del área pilotada por Pablo Iglesias, es Calviño quien ha estado frenando estas medidas -impulsadas por el departamento liderado por Yolanda Díaz, como también frenó la declaración del estado de alarma en contra de la opinión de otros ministros. Pero la opinión de Calviño cuenta y mucho para Pedro Sánchez -que está permitiendo largos debates en los consejos de ministros- y como vicepresidenta de Asuntos Económicos ella tiene la última palabra en este tipo de cuestiones.
El economista que el PP sacó del BBVA
La posición de Escrivá en las deliberaciones que viene manteniendo el consejo de ministros en los últimos días es tanto más sorprendente si se tiene en cuenta de dónde viene. Porque Escrivá –como Fernando Simón en el CCAES, por cierto- fue nombrado para hacerse cargo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), durante los gobiernos de Mariano Rajoy, para supervisar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de España.
En el equipo de Iglesias destacan que se está trabajando con Escrivá “perfectamente” y que las únicas tensiones se están produciendo con Nadia Calviño
Fue en 2014 cuando Escrivá se hace cargo de ese organismo de nueva creación, a instancia de la UE, tras haber ocupado diversos cargos en el Banco de España, el BCE -donde fue jefe de la división de Política Monetaria- y el BBVA -donde se hizo cargo del servicio de estudios y del área de Finanzas Públicas-. Cuando el Gobierno le propone para hacerse cargo de la AIREF era el director para las Américas del Banco Internacional de Pagos de Basilea.
Con este currículum, este economista albaceteño de 60 años llegó al Gobierno con la etiqueta, al igual que Calviño, de técnico, más preocupado por vigilar las cuentas que por las políticas sociales. Pero si se repasan algunas de las recomendaciones que ha lanzado desde la AIREF en los últimos años, Escrivá ya daba pistas de que no estaba muy alineado con la ortodoxia neoliberal.
Por ejemplo, en sus informes desde la AIREF defendió la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC. También que la Seguridad Social destine sus ingresos por cotizaciones sólo al pago de pensiones y que el Estado asuma el déficit que arrastra el sistema para sanearlo y despejar las dudas sobre su sostenibilidad futura. Su obsesión: acercar la edad de jubilación real, en los 62 años, hasta los 67 años.
La batalla por el ingreso mínimo
Pero eso no es todo. En su primera comparecencia en el Congreso, a finales de febrero, que dedicó a marcar las prioridades de su ministerio, ya dejó claro que entre ellas se encuentra la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, que estará listo, según dijo, en 2021. “Hay espacio fiscal para ello”, señaló.
En la Vicepresidencia de Derechos Sociales han dolido algunas informaciones en las que Calviño se adjudicaba algunas de las medidas que va a poner en marcha el Gobierno, impulsadas por Trabajo
En su intervención, Escrivá explicó que España está en “déficit” en cuanto a políticas redistributivas y que “con menos dotación de la que se supone” se puede llegar a conseguir mejores resultados “si el diseño es fino y preciso”.
Desde la vicepresidencia de Derechos Sociales explican que este instrumento de ingreso mínimo no se va a poner en marcha a corto plazo. Por el momento, se va a recurrir a las prestaciones que el Gobierno está ultimando, pero “lo de la renta mínima es otro tema, más complejo y que necesita de más reflexión técnica”, según explican estas fuentes.
“Es un debate en torno a qué hacer con la recuperación y qué colectivos pueden quedar fuera”, pero subrayan que la sintonía en esta materia, entre la vicepresidencia segunda y el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, es buena. El ingreso mínimo -o renta básica- va a dar mucho que hablar en las próximas semanas y meses. El miércoles, a preguntas de los periodistas, Escrivá volvía a subrayar que «el Gobierno está comprometido con el ingreso mínimo» y que se está estudiando.
El ser o no ser de los alquileres
Por el momento, el viernes, en el consejo de ministros extraordinario, van más medidas impulsadas por el Ministerio de Trabajo, de prestaciones para quienes hayan perdido su empleo o reducido su jornada a causa de la pandemia, como por ejemplo las empleadas de hogar. Para el martes queda el debate sobre los alquileres, “casi con toda seguridad”, señalan desde la vicepresidencia de Derechos Sociales. A lo largo de estos de estos días se va a seguir trabajando, señalan estas fuentes, para resolver “el tira y afloja” que existe.
El debate sobre los alquileres gira fundamentalmente en torno a la distinción entre los pequeños propietarios y los grandes tenedores
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que es quien tiene las competencias estatales de vivienda, señalaba el lunes que “estamos estudiando como poder ayudar a las personas que tienen que hacer frente a un alquiler y estamos debatiendo alternativas”.
El debate sobre los alquileres gira fundamentalmente en torno a la distinción entre los pequeños propietarios y los grandes tenedores. ¿Son sólo empresas, bancos o fondos de inversión? ¿Son también particulares con muchos pisos? ¿Con cuántos pisos? Aclarar estos conceptos preocupa en Unidas Podemos, porque de ellos dependerá el alcance de la Ley de Vivienda prometida por el Ejecutivo de coalición. Está por ver, por tanto, que las ayudas al alquiler se puedan destinar también a las viviendas, más allá de a locales y oficinas de pymes y autónomos, como se planteó en un primer momento desde la vicepresidencia de Asuntos Económicos.
El debate sobre el cierre total
Calviño descartaba esta semana hacerlas más restrictivas, con un mensaje que repitió Salvador Illa al día siguiente, tras la rueda de prensa del consejo de ministros. «Cuando se habla de parón total, es importante ponernos en perspectiva: para que un hospital funcione, es indudable que tienen que seguir funcionando la industria química y la farmacéutica», explicó la vicepresidenta, subrayando que «ya estamos en esa situación de garantizar las actividades esenciales».
Pero el debate en el seno del Gobierno existe. Y arrecia, con las fuerzas de la oposición demandando nuevas vueltas de tuerca en las medidas de confinamiento, como por ejemplo con el sector de la construcción. Pablo Iglesias y los ministros de Unidas Podemos, desde el principio de la crisis, han estado demandando restricciones laborales más duras. Acatan y respetan le decisión colegiada del Gobierno, como no puede ser de otra forma. Pero el debate sigue vivo y habrá que ver hasta dónde llega en los próximos días.
Pablo Iglesias se quedó fuera del comité de gestión de la crisis, copado por ministros socialistas. Una ausencia que merma la visibilidad mediática de los ministros de Unidas Podemos y que Iglesias solventó en parte la semana pasada, con su comparecencia junto al ministro de Sanidad para anunciar que se encargará de coordinar los servicios sociales de las comunidades autónomas.
Una comparecencia en la que se desmarcó de las intervenciones más o menos técnicas que vienen desarrollando los ministros -están compareciendo casi todos durante los últimos días, de manera conjunta- y en la que pronunció un discurso muy político en el que subrayó que «hay que aprender de los errores de 2008» y enterrar «los dogmas de la austeridad fiscal» para «garantizar a todos los compatriotas que esta crisis no la pagarán los de siempre y que esta vez sí van a contar con el apoyo del Estado».
Sin embargo, a pesar de la escasa visibilidad mediática -una preocupación fundamental para Unidas Podemos- parece que las posiciones defendidas por Iglesias y los suyos van ganando terreno. Siempre moduladas y matizadas por la vicepresidenta Calviño y por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero van encontrando hueco.
