Transparencia Internacional acaba de presentar su ‘Indice de percepción de la corrupción 2021’, en el que España ha caído dos puestos en relación al año anterior. Con 61 puntos, nuestro país sigue muy lejos de los que encabezan la clasificación: Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda. El resultado global en la última década es ambivalente, ya que desde 2012, 25 países han mejorado sus puntuaciones significativamente, pero 23 han empeorado del mismo modo. Además, algunas democracias que solían estar a la cabeza del Índice y en la vanguardia de la lucha contra la corrupción también han perdido puntos.
La calificación de España en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021, que publica Transparency International, ha supuesto la bajada de un punto en relación con el año pasado, obteniendo en esta ocasión un 61/100. Con esta calificación, España ocupa la posición 34/180 del ranking global del IPC, junto con Lituania. Esto supone un descenso de dos puestos con respecto al IPC2020. Por otro lado, España se ubica en el puesto número 14/27 de la Unión Europea, bajando, asimismo, dos posiciones con respecto al año pasado.
De acuerdo con la metodología utilizada en el IPC, una diferencia de un punto en un año, como el que ha bajado España en 2021, no es estadísticamente significativa. Sin embargo, sí que refleja que sigue latente en España un nivel de corrupción que incide en el buen funcionamiento de las instituciones democráticas, y que requiere una llamada a la acción a las autoridades públicas, al sector privado y a la sociedad civil.
En cualquier caso, Transparency International España considera que una economía como la española, que se sitúa entre las 15 primeras del mundo, no debería estar por debajo de los 70 puntos en el Índice de Percepción si quiere mantener su imagen y competitividad. Por eso, este año TI-España señala una vez más que reducir la corrupción es fundamental para garantizar la integridad política y el buen funcionamiento de las instituciones democráticas.
Dos años después del inicio de la catastrófica pandemia de covid-19, el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) advierte que el nivel de corrupción se encuentra estancado en todo el mundo. A pesar de sus compromisos sobre el papel, 131 países no han registrado ningún avance significativo en la última década, y este año 27 países se encuentran en el nivel más bajo de su trayectoria. Al mismo tiempo, los derechos humanos y la democracia se ven amenazados en todo el planeta.
No es casualidad. La corrupción facilita la violación de los derechos humanos, desencadenando una espiral viciosa ascendente: la erosión de derechos y libertades debilita la democracia, abre paso al autoritarianismo, y éste habilita niveles más altos de corrupción.
El pasado año presentó casos perturbadores de este proceso, desde asesinatos de defensores de los derechos humanos6 y cierre de medios de comunicación, hasta escándalos de espionaje estatal como el proyecto Pegasus. Tanto los derechos como los frenos y contrapesos se debilitan, cada vez más, no solo en estados con corrupción rampante e instituciones débiles, sino también en las democracias consolidadas. Los derechos humanos son esenciales a la hora de controlar la corrupción, ya que dan a los ciudadanos el poder de alzar la voz ante la injusticia.
En muchos países, se ha aprovechado la pandemia de covid-19 para recortar libertades básicas y esquivar frenos y contrapesos importantes. A pesar del creciente impulso internacional para atajar el abuso de sociedades fantasma, muchos países con altas puntuaciones y sectores públicos relativamente «limpios» continúan facilitando la corrupción transnacional. Para atajar la vulneración de los derechos humanos y el deterioro de la democracia en todo el mundo, es urgente acelerar la lucha contra la corrupción.
Recomendacio-
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La corrupción es un problema con muchas facetas, pero sabemos cómo resolverlo. Para cortar el círculo vicioso de la corrupción, la violación de los derechos humanos y el deterioro democrático, la población debe hacer las siguientes demandas a sus gobiernos:
1-Defender los derechos que permiten rendir cuentas al poder. Los gobiernos tienen que revocar todas las restricciones desproporcionadas las libertades de expresión, asociación y reunión introducidas desde el inicio de la pandemia. Asimismo, deben asegurar con urgente prioridad que se haga justicia respecto a los asesinatos de defensores de los derechos humanos.
2-Restituir y reforzar la supervisión del poder. Las instituciones públicas de supervisión, como los organismos anticorrupción y las entidades fiscalizadoras superiores, deben tener la independencia, financiación y autoridad necesarias para detectar y sancionar irregularidades. Los parlamentos y tribunales deben vigilar al poder ejecutivo para impedir cualquier extralimitación.
3-Combtir la corrupción transnacional. Los gobiernos de las economías avanzadas deben reparar los puntos débiles del sistema que permiten que la corrupción transfronteriza pase desapercibida o quede impune. Hay que subsanar las lagunas legales, regular a los profesionales que facilitan el delito financiero y poner a los corruptos y a sus cómplices en manos de la justicia.
4-Defender el derecho a la información del gasto estatal. Dentro de las labores de recuperación de la covid-19, los gobiernos han de cumplir el compromiso que asumieron en la declaración política de UNGASS, firmada en junio de 2021, de incluir garantías contra la corrupción en los procesos de contratación pública. La transparencia en el gasto público protege la vida y los medios de subsistencia de la población.
Resumen global
Este año, los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción indican que los países que protegen adecuadamente las libertades civiles y políticas suelen controlar mejor la corrupción. Las libertades fundamentales de asociación y expresión son esenciales en la lucha por un mundo libre de corrupción.
El índice califica 180 países y territorios de todo el mundo según la percepción que tienen especialistas y empresarios de la corrupción existente en el sector público de su país. Se basa en 13 fuentes de datos independientes y emplea una escala de cero a cien, donde el cero representa un alto nivel de corrupción y, el cien, corrupción prácticamente inexistente.
Más de dos tercios de los países (68 %) están por debajo de 50 en la escala y la media global sigue estancada en 43. Desde 2012, 25 países han mejorado sus puntuaciones significativamente, pero 23 han empeorado el mismo modo. Entretanto, algunas democracias que solían estar a la cabeza del Índice y en la vanguardia de la lucha contra la corrupción también han perdido puntos. Muchos de estos países con calificaciones altas continúan sirviendo de refugio a corruptos de otros países.
Este año, los países que encabezan la clasificación son Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, con 88 puntos cada una. Las diez máximas calificaciones se completan con Noruega, Singapur, Suecia, Suiza, Países Bajos, Luxemburgo y Alemania. Sudán del Sur, Siria y Somalia permanecen a la cola de la clasificación. Los países con conflictos armados o regímenes autoritarios tienden a alcanzar puntuaciones más bajas, entre ellos Venezuela, Yemen, Corea del Norte, Afganistán, Libia, Guinea Ecuatorial y Turkmenistán.
En síntesis, el Índice advierte que en la última década el control de la corrupción se ha estancado o deteriorado en un 86 % de los países del mundo.
Derechos humanos y corrupción
Tal como lo ilustran la represión de los partidarios de la oposición en Bielorrusia hasta, el cierre de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua, la violencia homicida contra los disidentes en Sudán y el asesinato de defensores de los derechos humanos en Filipinas, los derechos humanos y la democracia están en peligro. Desde 2012, el 90 % de los países se han estancado o han retrocedido en lo que respecta a las libertades civiles.
La corrupción socava la capacidad de los gobiernos de garantizar los derechos humanos de la ciudadanía, ya que afecta a la provisión de servicios públicos, el desempeño del poder judicial y la seguridad de la población. Concretamente, la gran corrupción perpetrada por funcionarios de alto nivel suele combinar el robo transfronterizo de fondos públicos a gran escala con la vulneración flagrante de los derechos humanos.
Nuestro análisis indica que estas tramas de corrupción —a menudo facilitadas por economías avanzadas con buen desempeño en el índice— exacerban la represión, ya que permiten a los autócratas:
- Disfrutar el botín. Con la ayuda de cómplices contratados entre los banqueros, abogados y agentes inmobiliarios de los grandes centros financieros, los corruptos guardan sus ingresos ilícitos, recompensan a sus compinches y concentran más aún su propio poder.
- Blanquear sus reputaciones en el extranjero. Los regímenes autoritarios y cleptocráticos sobornan a figuras políticas extranjeras, y contratan firmas occidentales de relaciones públicas y cabildeo para mitigar la presión internacional por su trayectoria en el ámbito de los derechos humanos.
- Evadir responsabilidades. Los esquemas de corrupción utilizan empresas secretas e inversiones anónimas para ocultar sus delitos de las fuerzas policiales y judiciales.
Ciertos derechos fundamentales, como las libertades de expresión y de reunión y el acceso a la justicia, garantizan la participación del público que mantiene a raya la corrupción. La actual ola de autoritarismo no viene dada por golpes de estado sino por acciones que socavan poco a poco la democracia. Los primeros pasos son los ataques a los derechos civiles y políticos, las iniciativas destinadas a socavar la autonomía de los organismos electorales y supervisores, y el control de los medios. Estos ataques permiten a los corruptos evadir la rendición de cuentas y las críticas, dando rienda suelta a la corrupción.
