Cristina Narbona
Así resumía hace unos días el presidente del Principado de Asturias la dramática evolución de los incendios en su región, calificando de “terroristas” a quienes estaban provocando los fuegos de manera intencionada. Parece que, en efecto, hay una creciente conciencia de la responsabilidad, individual y colectiva, del agravamiento de este fenómeno, que todos los años se cobra vidas humanas, arrasando sueños y ecosistemas…, y que no debe enfrentarse con resignación (o sólo desde la necesaria capacidad de extinción), como si fuera una maldición del cielo ajena a nuestra voluntad.
La prevención necesita vigilancia permanente. Por ello resultan importantes dos anteproyectos de ley que persiguen mejores condiciones laborales para los agentes medioambientales y para los brigadistas forestales, condiciones que serán equiparables en toda España y que permitirán gestionar mucho mejor nuestros bosques durante todo el año
Sabemos que, aproximadamente, apenas un 5% de los incendios están provocados por causas naturales (rayos, combustión espontánea de turberas…). El resto se deben a negligencias, prácticas inadecuadas del uso del fuego… y actos intencionados. Estos últimos están castigados en el vigente Código Penal con hasta veinte años de cárcel. Y para investigarlos -entre otras tareas-, se creó en 2006 la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, que cuenta actualmente con casi dos centenares de fiscales especializados, coordinados por Antonio Vercher, un experto en delitos ecológicos, de prestigio internacional.
Así que, por supuesto, bienvenido todo avance en la identificación y en la penalización de los culpables directos de los incendios. Pero hay otras responsabilidades indirectas que contribuyen, y mucho, a la gravedad y a la rápida extensión de los fuegos. Detengámonos en dos de ellas: la aceleración del cambio climático y el abandono del monte.
El cambio climático es la consecuencia de nuestro modelo de desarrollo, basado en el uso intensivo de combustibles fósiles y en la destrucción de los bosques, aunque todavía haya quien pretenda negar esta responsabilidad. Y su evolución está resultando más rápida y más devastadora de lo que la propia comunidad científica ha venido advirtiendo, durante décadas, cada vez con mayor insistencia. Además de la reducción de las precipitaciones, la menor humedad en los espacios forestales y las mayores temperaturas, el calentamiento global está provocando algunos fenómenos atmosféricos más frecuentes y más adversos (huracanes, tornados…), así como un incremento muy considerable de los rayos y de su peligrosidad. Esas “condiciones naturales”, que agravan la dinámica de los incendios, son por lo tanto el resultado de la acción humana, en particular en los países más ricos e industrializados. Y, cual bucle perverso, los incendios aceleran además el cambio climático.
La comunidad internacional ha adoptado desde 1992 acuerdos para reducir las emisiones de CO2; pero su implementación es excesivamente lenta, en ausencia de sanciones en caso de incumplimiento -a diferencia de lo que sucede con acuerdos de contenido económico-. Tampoco ayuda el enfoque cortoplacista de muchas decisiones, tanto públicas como privadas. Por eso resulta tan importante que España tenga hoy un gobierno realmente comprometido con la lucha contra el cambio climático, dentro y fuera de nuestras fronteras.
En segundo lugar, el progresivo abandono de los montes -la mayoría de propiedad privada-, comporta el aumento de la biomasa forestal y por tanto del riesgo de rápida extensión de los incendios. En 2005, tras un verano dramático -en julio fallecieron once brigadistas forestales en Saelices, Guadalajara-, presentamos a las CCAA medidas para mejorar la prevención de los incendios; entre ellas, un plan nacional para la utilización energética de la biomasa forestal residual. Algunas CCAA comenzaron a promover esta actividad, hoy día plenamente viable en el contexto de la transición energética liderada por el gobierno. Hay otras opciones interesantes, como la recuperación de la ganadería extensiva y el pastoreo, también objeto de posible financiación con cargo a los fondos europeos. Según los expertos sería además conveniente reducir la actual homogeneidad de estos espacios, promoviendo “mosaicos” con especies diferentes y recuperando cultivos de secano que actúan como cortafuegos. Se trata de volver a dar un valor económico a los bosques, desde un uso sostenible de los mismos, contribuyendo así a frenar la despoblación del medio rural, una de las prioridades de la agenda política.
Y obviamente la prevención necesita vigilancia permanente. Por ello resultan importantes dos anteproyectos de ley que persiguen mejores condiciones laborales para los agentes medioambientales y para los brigadistas forestales, condiciones que serán equiparables en toda España y que permitirán gestionar mucho mejor nuestros bosques durante todo el año.
Presidenta del PSOE, partido del que es miembro desde 1993. Vicepresidenta Primera del Senado. Doctora en Economía por la Universidad de Roma, ha sido, entre otros cargos, secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda (1993-1996) y ministra de Medio Ambiente (2004-2008), así como embajadora de España ante la OCDE (2008-2011). Desde enero de 2013, y hasta su elección como presidenta del PSOE, ha sido consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Es miembro del Global Sustainability Panel del secretario general de Naciones Unidas (2010-2012), de la Global Ocean Commision y de la Red española de Desarrollo Sostenible. También forma parte del colectivo Economistas frente a la Crisis.
