Reporteros Sin Fronteras ha presentado la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2022, en la que España pierde tres puestos respecto al año pasado y cae hasta el 32, a causa de «unos medios cada vez más opinativos y una precarización creciente de la profesión». El estudio evalúa las condiciones en las que se ejerce el periodismo en 180 países del mundo, poniendo de manifiesto, en la edición de este año, los “efectos desastrosos del caos informativo”, creado por un espacio digital globalizado y sin regular, que “favorece las informaciones falsas y la propaganda”. ‘El Siglo’ reproduce a continuación algunos de los fragmentos del documento.
España se sitúa en el puesto 32 de la Clasificación, lo que supone una caída de tres posiciones respecto al año pasado (puesto 29). No obstante, la implantación de una nueva metodología por parte de Reporteros Sin Fronteras obliga a interpretar variaciones leves con mucha precaución. Los cinco nuevos indicadores sobre los que se basa la clasificación (junto al balance de agresiones del año) reflejan con mayor exactitud aspectos antes más ocultos. En anteriores ocasiones, prevalecía el análisis de la situación política y la seguridad de los periodistas, pero la nueva metodología incluye otros indicadores, como el marco legal, el sociocultural o el económico.
Según RSF, la grave precarización de la profesión, que comenzó a instalarse con la crisis de 2008 y que ya adquiere tintes crónicos, impacta seriamente en la libertad de prensa en España
Es precisamente en este último en el que España anota su peor resultado, pese a haber registrado, en conjunto, un buen año para la libertad de prensa, con muchas menos agresiones que en los últimos años y sin haberse visto afectada por las olas de violencia de manifestaciones antivacunas de otros países. Se está tramitando en el Congreso la posible derogación de los llamados delitos de expresión (injurias a la Corona, a los sentimientos religiosos, apología del terrorismo, etc); el artículo de la “Ley Mordaza” que penalizaba la captación de imágenes por la prensa ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional y las disposiciones más polémicas de esta ley están también en trámites para ser derogadas por las Cortes.
No es un año en el que el contexto político haya afectado seriamente a la libertad de prensa en España (pese a la falta de transparencia mostrada por los gobiernos central y autonómicos con la información pública sobre la pandemia, y pese al clima de animadversión a la prensa generado esencialmente por la ultraderecha); lo que penaliza a la posición española es el contexto económico de los medios. Tanto en lo que respecta a la excesiva concentración del mercado, como a las graves dificultades para crear un medio, las nulas ayudas para impulsar el surgimiento de nuevas publicaciones y le grave precarización de los profesionales.
La esfera política no es tan responsable este año de las carencias de la libertad de prensa, como lo es acaso la esfera mediática. Una excesiva concentración hace muy difícil la aparición de nuevos medios alternativos, que deben luchar ferozmente contra las cabeceras más asentadas por suscriptores a su vez afectados por la situación económica.
Por otra parte, la grave precarización de la profesión, que comenzó a instalarse en con la crisis de 2008 y que ya adquiere tintes crónicos, impacta seriamente a la libertad de prensa. Los profesionales de la información que no ejercen en condiciones dignas de trabajo son mucho más vulnerables a las presiones y la autocensura.
Es destacable, además, en el análisis español, el gran clima de polarización mediática que afecta a unos medios de comunicación cada vez más próximos a medios de opinión. España es un claro ejemplo de la tendencia a las fracturas sociales que denuncia a nivel global RSF en su Clasificación, azuzadas por medios excesivamente “foxnewsizados” y olvidadizos con su misión de informar lejos de posicionamientos políticos.
En materia de seguridad de los periodistas, España (35º) está claramente mejor calificada que Francia (85º), Alemania (91º) o Reino Unido (49º). La desactivación del conflicto en Cataluña, que había colocado a España en posiciones de cabeza en agresiones a periodistas en la UE, entre 2017 y finales de 2019, y la práctica ausencia de ataques a la prensa en el marco de manifestaciones antivacunas o contra las medidas sanitarias, se han traducido en una significativa mejora del clima de seguridad de los periodistas en nuestro país.
En cuanto al marco legal, la puntuación de España la coloca en posiciones líderes de la UE (12º), sin tener en cuenta las reformas en curso antes mencionadas, pero aún no culminadas. Sin embargo, cae claramente por debajo de países como Alemania, Reino Unido o Francia en contexto económico para los medios y periodistas, teñido de naranja oscuro en el indicador, es decir, calificado de “problemático”. También está peor calificada en términos de contexto político respecto a estos tres países, por la mencionada polarización que afecta a los medios.
Por último, cabe destacar la proliferación en España, como en otros países de su entorno, de los llamados SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), es decir, acciones judiciales abusivas interpuestas contra los periodistas con fines a menudo intimidatorios y por presunta revelación de secretos o delitos contra el honor, como en el caso de ElDiario.es (Caso Master, Cristina Cifuentes), Infolibre(denunciado por el ex secretario general del PP, Teodoro García Egea y Fernando López Miras, presidente de la Comunidad de Murcia) o El Confidencial (demanda millonaria de Iberdrola). Del mismo modo, es reseñable que los periodistas que denuncian a agentes de la policía o son ellos denunciados por éstos, en el marco de manifestaciones, se enfrentan a procesos judiciales en los que la versión policial prevalece casi por sistema (caso de Albert Garcia, El País, absuelto, y caso en curso de los periodistas de El Salto, Público y otros medios imputados por falso testimonio, tras denunciar agresiones de agentes). La Justicia española suele ser garante con la libertad de prensa y hacerla prevalecer en casi todos los casos, de acuerdo a la doctrina del Tribunal Constitucional, pero el fin de las acciones judiciales abusivas o SLAPP no es tanto lograr una condena contra la prensa – difícil en democracias consolidadas- como “enredar” a los periodistas en procesos largos, farragosos y sobre todo, costosos.
El peligro de las fake news
En materia de seguridad de los periodistas, España (35º) está claramente mejor calificada que Francia (85º), Alemania (91º) o Reino Unido (49º)
La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, que evalúa las condiciones en las que se ejerce el periodismo en 180 países y territorios del mundo, pone de manifiesto, en su edición de 2022, los efectos desastrosos del caos informativo, creado por un espacio digital globalizado y sin regular, que favorece las informaciones falsas y la propaganda. En las sociedades democráticas, el desarrollo de medios de opinión al estilo de Fox News y la generalización de los circuitos de la desinformación, impulsada por las redes sociales, están provocando un aumento de las fracturas sociales. En el plano internacional, la asimetría que existe entre, por una parte, sociedades abiertas y, por otra, regímenes despóticos que controlan a sus medios y sus plataformas, mientras libran guerras de propaganda, debilita a las democracias. En ambos niveles, esta doble polarización es un factor de intensificación de las tensiones.
La invasión de Ucrania (106º) por Rusia (155º), a finales de febrero de 2022, es emblemática de este fenómeno, puesto que se preparó mediante una guerra de propaganda. Entre los regímenes autocráticos más represivos, China (175º) ha utilizado su arsenal legislativo para confinar a su población y aislarla del resto del mundo, especialmente a la de Hong Kong (148º), que se desploma contundentemente en la Clasificación. La lógica del enfrentamiento por bloques se refuerza, como sucede entre la India (150º) del nacionalista Narendra Modi y Pakistán (157º). En Oriente Medio, una libertad de prensa insuficiente sigue afectando al conflicto entre Israel (86º), Palestina (170º) y los países árabes.
En los regímenes democráticos, la polarización mediática refuerza y alimenta las fracturas internas de las sociedades, como sucede en Estados Unidos (42º), a pesar de la elección de Joe Biden. El auge de las tensiones sociales y políticas se ve avivado por las redes sociales y por nuevos medios de opinión, en países como Francia (26º). En algunas “democracias iliberales”, la represión a la prensa independiente es un factor de polarización intensa. En Polonia (66º), por ejemplo, las autoridades han afianzado el control del sector audiovisual público, así como su estrategia de “repolonización” de los medios privados.
El trío en cabeza de los países nórdicos -Noruega, Dinamarca y Suecia- sigue siendo un modelo en el que la libertad de expresión se realiza en todo su esplendor, y este año, gracias a sendos cambios de gobierno, Moldavia (40º) y Bulgaria (91º) destacan por la esperanza de tiempos mejores para la situación de los periodistas, aunque los medios sigan mayoritariamente en manos de los oligarcas.
Un número récord de países en situación “muy grave”. Doce países en total conforman la lista roja de nuestra Clasificación, entre los que figuran Bielorrusia (153º) y Rusia (155º). Entre los países más represivos para la prensa, Birmania (176º) -donde el golpe de Estado de febrero de 2021 ha hecho retroceder brutalmente diez años la situación de los periodistas- se codea con Corea del Norte (180º), Eritrea (179º), Irán (178º), Turkmenistán (177º) y China (175º).
“La redactora jefe de Russia Today, Margarita Simonian, reveló la base de su pensamiento en un programa de la cadena Russia One, cuando afirmó: ‘ninguna gran nación puede existir sin controlar la información”, afirma el secretario general de RSF, Christophe Deloire. “El despliegue de un armamento mediático en los países autoritarios aniquila el derecho a la información de sus ciudadanos y explica, a la vez, el aumento de unas tensiones en el plano internacional que pueden llevar a las peores guerras. En el ámbito interno, la ‘foxnewsización’ de los medios es un peligro funesto para las democracias, porque socava las bases de la concordia civil y de un debate público tolerante. Frente a estas derivas, urge tomar las decisiones necesarias, promoviendo un New Deal para el periodismo, tal y como propone el Foro sobre Información y Democracia, y adoptando un marco legal adecuado que cree un sistema de protección de los espacios informativos democráticos”, añade.
Doce países en total conforman la lista roja de la clasificación, entre los que figuran Bielorrusia (153º) y Rusia (155º)
Con motivo de la vigésima edición de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, RSF ha evolucionado su metodología, trabajando con un comité de expertos procedentes del mundo académico y mediático. Este trabajo ha permitido definir la libertad de prensa como “la posibilidad efectiva para los periodistas, como individuos y como colectivo, de seleccionar, producir y difundir informaciones en aras del interés general, independientemente de las interferencias políticas, económicas, legales y sociales, y sin amenazas para su seguridad física y mental”. El resultado son cinco nuevos indicadores que estructuran la Clasificación y que dan una visión de la libertad de prensa con toda su complejidad: contexto político, marco legal, contexto económico, contexto sociocultural y seguridad.
En los 180 países clasificados por RSF, estos indicadores se evalúan sobre la base de un listado cuantitativo de los ataques cometidos contra periodistas y medios, así como del estudio cualitativo de las respuestas de centenares de expertos en libertad de prensa seleccionados por RSF (periodistas, académicos, defensores de los derechos humanos…) a 123 preguntas. El cuestionario ha sido actualizado con el fin de reflejar mejor determinados factores, especialmente los relativos a la digitalización de los medios. Esta evolución metodológica hace que las comparaciones en posición y en puntuación entre 2021 y 2022 deban manejarse con precaución. La recopilación de datos se detuvo a finales de enero de 2022, pero se han realizado reactualizaciones entre enero y marzo de 2022, para aquellos territorios en los que la situación había cambiado drásticamente (Rusia, Ucrania y Mali).
