José Luis Centella
Millones de personas están abocadas a una situación de angustia por la subida de tipos de interés impuesta por el Banco Central Europeo (BCE) y la consiguiente subida del euribor, que de momento elevará cerca de un tercio las hipotecas de más de cuatro millones de familias. Se le suma la pérdida de poder adquisitivo de gran parte de la población por la inflación y el altísimo precio de la energía, con sus múltiples repercusiones en los precios. Todo ello contrasta con un aumento de los beneficios extraordinarios tanto de la Banca como de las empresas energéticas, configurando un panorama muy injusto y de desequilibrio social, ante el que ninguna fuerza política y social puede permanecer impasible.
Es un escándalo que se sepa cuánto se paga por la energía, pero no cuánto les cuesta a las operadoras adquirirla. Iniciativas de carácter social como las que impulsa el Ejecutivo de coalición contribuyen a recuperar la confianza de millones de personas sobre la presencia de la izquierda en un gobierno
Este desequilibrio acarrea que las medidas del escudo social auspiciadas por el Gobierno para frenar la crisis se vean superadas. Ello obliga a plantear otras que incidan directamente en un recorte de esos beneficios empresariales que vayan directamente a mejorar los sectores más afectados.
Hay que poner en marcha políticas para que parte de esos beneficios extraordinarios alivien a los hogares que tienen hipotecas, como plantea una iniciativa que IU ha llevado al grupo de Unidas Podemos. En esta misma línea, el pasado martes comenzó a tramitarse en el Congreso la proposición de ley impulsada, entre otros, por este mismo grupo para establecer un impuesto temporal sobre las abultadas ganancias extra de las energéticas y de la Banca, aportando así un criterio de justicia y de progresividad fiscal.
Pero no basta con las medidas coyunturales. Hay que plantear otras que atajen problemas que son estructurales y que tienen un largo alcance temporal a nivel internacional, sobre todo en materia energética. Así, la Comisión Europea debe desarrollar un verdadero plan para intervenir el mercado eléctrico y el control de los precios, más ambicioso del ya esbozado. Hay que pasar de las declaraciones efectistas a ejecutar actuaciones pensadas para mejorar la situación de millones de familias vulnerables. Se debe acometer y mantener una intervención y control público del mercado de la energía, así como una necesaria auditoría de costes energéticos. Ocurre que no sabemos cuánto cuesta realmente producir la energía y no sabemos si la fijación de precios en el mercado es realista o no. Para ello, hay que modificar el reglamento de la Unión Europea que blinda la opacidad de los contratos de las operadoras energéticas. Es un escándalo que se sepa cuánto se paga por la energía, pero no cuánto les cuesta a las operadoras adquirirla.
Desde esta perspectiva, si leemos bien las propuestas que plantean tanto el Partido Popular, sus aliados de la derecha en Europa y la patronal, unido a su continua oposición a aumentar las medidas de calado social, comprobaremos cómo se están confrontando dos modelos, tanto de salida de la crisis como de sociedad: uno, desde una perspectiva neoliberal, que antepone la libertad del mercado y se contenta con una política asistencial que no ponga en peligro el continuo beneficio empresarial.
El otro, por el contrario, que plantea desarrollar medidas que sitúen en primer plano de toda acción de gobierno la defensa del interés de una mayoría social que hoy se ve afectada por una nueva crisis. Reafirma los problemas estructurales del modelo de desarrollo que algunos insisten en perpetuar, aun a costa de poner en peligro el futuro de las personas y del conjunto de la vida en el planeta.
No hay que olvidar que, en estos tiempos en que la propaganda se antepone al debate de ideas y proyectos, iniciativas de carácter social como las que impulsa el Ejecutivo de coalición contribuyen a recuperar la confianza de millones de personas sobre la presencia de la izquierda en un gobierno. Así no sólo se resiste al avance de la derecha, más o menos extrema, sino que repercute positivamente en la vida de la mayoría de la población.
Responsable federal de la Conferencia Interparlamentaria de Izquierda Unida y presidente del Partido Comunista de España (PCE), partido del que ha sido secretario general entre 2009 y 2018. Maestro de profesión, fue concejal en el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Benalmádena, provincia donde inició su actividad política y por la que fue elegido diputado al Congreso en 1993, 1996 y 2000. En la X Legislatura (2011-2015) volvió a la Cámara Baja como diputado por Sevilla, ocupando la portavocía del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA-La Izquierda Plural.
