L.M.
Perú vive días de tensión tras la detención de su hasta ahora presidente, Pedro Castillo, y la declaración del estado de excepción en todo el país por parte de su autoproclamada sucesora, la hasta entonces vicepresicenta, Dina Boluarte. El pasado miércoles, 7 de diciembre, el ahora expresidente de la nación peruana, Pedro Castillo, disolvía el Congreso, de manera ilegal, antes de que el Parlamento debatiera una moción de vacancia, es decir, una destitución forzada por la cámara, en su contra.
La decisión de Castillo terminó con su detención puesto que tanto políticos locales como internacionales tacharon lo ocurrido como “golpe de Estado” o “ruptura del orden constitucional”.
Inmediatamente después de la destitución de Castillo, la que fuera su vicepresidenta, Dina Boluarte, era elegida para ocupar su cargo como dirigente del país, convirtiéndose en la primera mujer en ostentar la presidencia de Perú.
Desde ese momento, las protestas en contra de Boluarte y del Congreso, y a favor de Castillo, no han dejado de sucederse. La violencia de las manifestaciones ha provocado siete muertos y cientos de heridos, entre ellos más de un centenar de policías.
Los manifestantes piden la renuncia de Boluarte y la disolución del Congreso. La presidenta, que en un principio asumía el cargo hasta julio de 2026, ha cedido ante las protestas y anunciaba esta misma semana “un proyecto de ley de adelanto de las elecciones” para celebrar los comicios en abril de 2024, adem´ças de proclamar el estado de excepción en todo el país.
Castillo, que lleva más de una semana detenido, se enfrenta ahora a 18 meses de prisión preventiva por petición de la Fiscalía de Perú por presuntos delitos de rebelión y conspiración. La detención preventiva del expresidente queda en manos del tribunal que tiene que celebrar, esta misma semana, una audiencia para decidir si acepta o rechaza la petición de la Fiscalía.
