L.H.
Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha presentado 60 medidas de regeneración democrática en el Oratorio de San Felipe Neri, en Cádiz, donde se aprobó la constitución liberal de 1812, conocida como la Pepa. Su intención sería implantarlo en los primeros 100 días de gobierno si ganase las elecciones.
Entre las reformas está recuperar el delito de sedición, dejar sin efecto la reforma de la malversación y tipificar como delito el referéndum ilegal. Propone, también, limitar el uso del real decreto ley, regular la periodicidad del Debate del Estado de la Nación y crear una oficina de calidad democrática. En cuanto a las medidas dirigidas a mejorar el Poder Judicial, pretenden limitar las “puertas giratorias” y reforzar las exigencias de independencia en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y en el Tribunal Constitucional (TC). Además, se fija un mandato de cinco años para el Fiscal General del Estado y su desvinculación del gobierno. Tampoco podrán ocupar puestos en el CGPJ y el TC los candidatos que hayan ocupado cargos políticos en los anteriores cinco años. Por último, propone medidas como el requisito de idoneidad para dirigir organismos reguladores con la intención de recuperar la credibilidad. En concreto menciona de forma específica a CIS, INE, CNI Y RTVE
La cuestión que ha despertado más polémica y el descontento de la mayoría de los partidos ha sido lo referente a que gobierne la lista más votada en las elecciones. Incluso su compañera de partido, Isabel Díaz Ayuso, ha recalcado que con esta medida ella misma no sería la presidenta de Madrid. Además, declara estar segura de que la izquierda nunca aceptaría esta medida. En cuanto a la opinión de la oposición, Pilar Alegría, la portavoz de la Ejecutiva socialista declaraba que ”ni en su propio partido le apoyan” y que este plan se trata de una maniobra de distracción para desviar el foco de sus pactos con la ultraderecha.
