J.Q.
Según informó el pasado martes El País, Alberto Núñez Feijóo se reunió el pasado 18 de abril en el Hotel Claridge de Madrid con medio centenar de fiscales conservadores. En el mencionado encuentro el líder popular prometió a los presentes derogar varias legislaciones que el Gobierno ha aprobado en esta última legislatura. Todos los asistentes a la cita forman parte de la Asociación de Fiscales, organización conservadora. El punto de partida de esta contrarreforma legislativa del gallego sería el delito de sedición. Recuperarlo y renombrarlo como “delito de deslealtad constitucional” sería uno de los objetivos de Feijóo en una hipotética llegada a la Moncloa.
Según esta información, el fiscal del Supremo Antonio Narváez, también habría cuestionado en la cita la intervención de Indra en los procesos electorales como encargada del control informático de los comicios. Este bulo sobre un posible amaño electoral surgió ya tras las elecciones andaluzas del pasado verano, cuando el vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, acusó a la empresa de “contar los votos”. La ley del `sólo sí es sí´, la ley de eutanasia o la ley Celaá serían otras normas que caerían con la llegada de los populares al Gobierno.
El bloque progresista de fiscales no se ha quedado de brazos cruzados ante el episodio, y ha solicitado la dimisión inmediata de Consuelo Madrigal, presidenta de la Comisión de Ética del Ministerio Público, por su asistencia y comentarios partidistas en el mismo. La Unión Progresista de Fiscales entiende que la fiscal ha violado el código ético de la carrera.
