Felipe VI impone a su padre un destierro ‘light’

El regreso podría haber sido inminente. De forma implícita, Juan Carlos I había asumido que, mientras la Fiscalía del Tribunal Supremo le investigara por posibles delitos fiscales y de blanqueo de capitales, Felipe VI no le quería en España. Quien fuera jefe del Estado durante 39 años se revolvía en su jaula de oro de Abu Dabi por lo que consideraba un trato injusto y amenazaba con volver cuando tuviera la real gana. Pero nadie mejor que él sabía que el jefe de la institución a la que representa es Felipe VI y a él le debía obediencia.

Por eso y tras las pertinentes conversaciones con Zarzuela, el emérito no tomó el primer avión con destino a Madrid cuando el Ministerio Público anunció el archivo de las tres causas abiertas contra él; por la comisión de 100 millones de dólares saudíes, por las tarjetas black y por la cuenta en Jersey con casi diez millones de euros que, como se venía filtrando desde hacía meses, acabaron decayendo por su irresponsabilidad constitucional hasta junio de 2014, por la prescripción de los delitos y por las oportunas regularizaciones fiscales.

“Estaba protegido por la inviolabilidad” o es “susceptible de integrar el delito de cohecho” pero “estaría claramente prescrito” son algunas de las conclusiones que más se repiten en el escrito de la Fiscalía, que ha analizado los fondos recibidos por la fundación panameña Lucum, las transferencias efectuadas por un empresario mexicano llamado Sanginés Krause, los gastos sufragados por la Fundación Zagatka y la cuenta The JRM 2004 Trust en la isla británica y conocido paraíso fiscal.

El acuerdo

Las visitas de Juan Carlos I a España generan incertidumbre

El archivo, con su fondo inculpatorio, merecía una reflexión y una comunicación con Casa Real, que avanzó en El Confidencial José Antonio Zarzalejos antes de un comunicado que, en gran medida, asume las ‘sugerencias’ de Zarzuela.

Así, después de que Palacio trasladara al abogado del emérito, Javier Sánchez-Junco, la conveniencia de que el emérito visite España no antes de Semana Santa ni después del verano, de que venga sólo de visita y pernocte en residencias privadas y de que se vaya olvidando de una asignación con cargo a los Presupuestos que no va a recuperar, el pasado lunes se hacía pública la carta donde Juan Carlos I habría comunicado a su hijo sus planes.

Conocidos los Decretos de la Fiscalía, “me parece oportuno considerar mi regreso a España, aunque no de forma inmediata”, anuncia el exmonarca. “Por razones que pertenecen a mi ámbito privado y que solo a mí me afectan”, continúa, va a seguir residiendo “de forma permanente y estable en Abu Dabi”, aunque, “como es natural, “volveré con frecuencia a España” para visitar a familia y amigos.

Otra de las recomendaciones de Zarzuela, a instancias de Moncloa, era que el emérito diera explicaciones por lo que él mismo denomina comportamientos “impropios”, aunque el emérito se ha limitado articular una lacónica disculpa. “Soy consciente de la trascendencia para la opinión pública de los acontecimientos pasados de mi vida privada y que lamento sinceramente”, dice en la carta.

Aunque pasa por alto las explicaciones, Juan Carlos I asume a grandes rasgos las indicaciones de la Casa Real, donde han entendido que el juicio de la opinión pública carece de los condicionamientos formales de la Fiscalía y no exculpa al emérito por unas prácticas que habrían sentado en el banquillo al exmonarca de no ser por la prescripción de los delitos, por la sobreprotección de la que disfrutó hasta su abdicación en junio de 2014 gracias al artículo 56.3 de la Carta Magna y por las oportunas regularizaciones fiscales, previo aviso de apertura de diligencias informativas por parte del que fuera teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos –fallecido a mediados del pasado mes de diciembre­–.

Poco más podía hacer Felipe VI. En su mano estaba mantener cerrado el grifo de la asignación a quien sigue siendo rey y las puertas de la sede de la jefatura del Estado, que Juan Carlos de Borbón podrá visitar dentro del ámbito estrictamente familiar.

El monarca ha ido más allá de su capacidad formal evitando que su padre fije su residencia en España y logrando que permanezca en un país que, sin ser precisamente un ejemplo de democracia, sí garantiza la privacidad del emérito y, por tanto, una discreción que redundará en su propio beneficio.

Incertidumbre

Los cambios en la Corona podrían llegar tras el archivo de la Fiscalía

Otra cosa es la lectura que haga la opinión publicada, los partidos a la izquierda del PSOE y el propio partido de Gobierno cuando el exmonarca ponga un pie en nuestro país. Regatas, cacerías, rutas gastronómicas… El padre de Felipe VI es hombre de gustos caros y elitistas que disfruta en compañía de sus heterogéneas amistades.

Entre ellas, los empresarios que le prestaron los más de cuatro millones de euros con los que afrontó la segunda de sus regularizaciones fiscales y que deberá devolver si no quiere pagar un 40% en impuestos en concepto de donación.

Juan Carlos I se quedó sin agenda oficial en junio de 2019 cuando, se supo tiempo después, su hijo fue informado por los abogados de Corinna Larsen de que aparecía como beneficiario de las fundaciones Lucum y Zagatka.

Cuando regrese, el emérito no tendrá por tanto ninguna responsabilidad institucional, pero el interés público no va a decaer. Por qué viene, para qué, cuánto tiempo se queda, en casa de quién se aloja, con quién se ve, cuándo va a devolver los préstamos millonarios y, sobre todo, con qué dinero.

El Estado no va a retirar la seguridad a quien sigue formando parte de la Familia Real, pero el exmonarca no va a tener ingresos y existe opacidad absoluta sobre el origen de unos recursos que le permiten seguir manteniendo su elevado nivel de vida.

Se desconoce el patrimonio personal de los miembros de la Familia Real porque la Ley de Transparencia dejó fuera al jefe del Estado. Y aunque existe una estimación cercana a los 2.000 millones de euros, atribuida al entonces monarca en 2012 por The New York Times sin datos concluyentes, el dinero de Juan Carlos de Borbón va a seguir siendo objeto de especulaciones.

El que tiene y el que podría exceder los límites de la hospitalidad de sus amigos, estén en Abu Dabi o en España. Acarreándole problemas a él y a la Administración, que quedó en entredicho tras el inusual aviso que evitó el juicio por fraude fiscal.

De hecho, contaba Zarzalejos en vísperas de la carta del emérito que Zarzuela valoraba más “prudente” que permanezca en Emiratos Árabes Unidos como residente porque, además de gozar de privacidad, seguridad y asistencia y de no desviar el foco de atención de la jefatura del Estado y su titular, Felipe VI, “no tendría que sujetarse a determinadas obligaciones de orden fiscal y administrativo”.

La solución para Juan Carlos de Borbón pasa así por mantener el estatu quo y asumir las consecuencias que aún se deriven de las sombras del emérito. Un lastre que Felipe VI sólo podrá soltar cuando, en la nueva etapa de la Corona tras el archivo de la Fiscalía, salgan adelante los cambios previstos por el PSOE para evitar que la monarquía se hunda tras él.

La paciencia del presidente

Pedro Sánchez se convirtió en el principal aliado institucional de Felipe VI cuando, en marzo de 2020, saltó la noticia de dos fundaciones bajo sospecha de las que habría sido beneficiario por decisión de su padre y una donación saudí de 100 millones de euros que habrían ido a parar a manos de Juan Carlos I antes de acabar en el bolsillo de Corinna Larsen.

El escándalo estallaba con la pandemia y el confinamiento limitaba la capacidad de reacción del monarca que, en cuanto se superó el shock inicial de los dos tsunamis que acababan de pasar por Zarzuela, comenzó a recomponerse con una agenda telemática y un poderoso aliado. Pedro Sánchez y los ministros socialistas desfilaron uno a uno por Palacio. En reuniones con el jefe del Estado y en visitas a los sectores estratégicos en circunstancias excepcionales como las que derivaron de una crisis sanitaria, social y económica inesperada.

El rey, que atravesaba sus propias circunstancias excepcionales, contó con el apoyo del presidente a pesar de las presiones de los socios de Unidas Podemos, que trataron de abrir un debate sobre monarquía o república, y a pesar de que el incesante goteo de polémicas sobre la relación de Juan Carlos I con el dinero que la Fiscalía ya había decidido investigar.

Entonces, la salida del monarca de España el 3 de agosto de 2020 fue sugerida por Felipe VI, en permanente comunicación con Sánchez. Pero el presidente también debía guardarse las espaldas y, en su última comparecencia del año, anunció que la Corona tenía previsto acometer cambios para ponerse al día y marcar distancias con el pasado. “Paso a paso irán conociendo cómo se materializa la hoja de ruta que señaló el rey de renovación de la Corona en cuanto a la transparencia y la ejemplaridad”, avanzaba en rueda de prensa desde el Palacio de La Moncloa.

Ha pasado un año, dos meses y quince días de aquello y sigue pendiente una reforma que habría de partir de Zarzuela para alcanzar un consenso con el PP que hiciera posible sacarla adelante sin demasiado ruido político.

Felipe VI, según adelantaban las últimas semanas varios medios, habría estado esperando el archivo de la Fiscalía para dar el visto bueno a una batería de reformas, que podrían incluir la limitación de su inviolabilidad constitucional en los actos privados sin tener que reformar la Carta Magna.

A la espera de abordar unos cambios que podrían conocerse en breve, parece más difícil que el presidente obtenga respuesta a la petición que viene repitiendo desde que se filtrara que la Fiscalía daría carpetazo a la investigación con reproches sin recorrido penal por las especiales condiciones del emérito.

En una conversación informal con los periodistas que le acompañaron en su viaje a Letonia para visitar una base de la OTAN, el presidente aseguró que Juan Carlos I “aún le debe una explicación a los españoles”. “Lo que no es de recibo”, subrayó, “son las informaciones que hemos conocido en este tiempo, que son decepcionantes”.