Si la Familia Real se manifiesta a través de los gestos, sin duda el más explícito ha sido Juan Carlos de Borbón. Mal aconsejado por quienes se dicen sus amigos, su desafiante presencia en España ha provocado un daño institucional a la Corona que Felipe VI trata de reparar con mensajes implícitos dentro de parámetros más tradicionales, viajando a Vigo para tratar de recuperar el calor popular a escasos kilómetros de la localidad que rindió pleitesía a ‘su’ rey durante tres días y manifestando lo que, vistos los antecedentes, parece más un deseo que un ejercicio de autoridad. “Tanto en sus visitas como si en el futuro volviera a residir en España”, dijo Zarzuela en un comunicado tras un encuentro de once horas con el emérito, continuará “disfrutando de la mayor privacidad posible”. Habrá que verlo.
Sus portavoces oficiosos se pasaron cuatro días preparando el terreno y él se encargó de rematar la faena. Con 84 años y un largo historial de intervenciones quirúrgicas y problemas de movilidad, Juan Carlos de Borbón se pasó sus tres primeros días en España tras el exilio emiratí andando con dificultad y apoyado en un asistente, moviéndose entre la entrada del club náutico de Sanxenxo, la lancha neumática, el Bribón 500 y vuelta al Volvo de Pedro Campos, desde donde saludaba a quien quisiera mirarle y contestaba a las preguntas de la prensa.
Sobre todo, si las preguntas le servían para desquitarse del trato injusto que, según dijeron los periodistas Fernando Ónega y Carlos Herrera cuando dieron por inaugurada la ‘semana grande’ del emérito en las regatas, le profesa el Gobierno de coalición con la aquiescencia de la Casa Real.
“Pregunta tú, yo estoy aquí, en Sanxenxo”, contestó cuando fue preguntado por el encuentro previsto el lunes en Zarzuela con su hijo el rey. Entonces estaba a las puertas del negocio del armador del Bribón, presidente del club náutico y anfitrión del emérito en la localidad costera de Pontevedra. Al día siguiente, se encontraba dentro del vehículo de alta gama de su amigo cuando una periodista de La Sexta quiso saber si daría explicaciones. “¡Explicaciones de qué!, ¡ja, ja, ja, ja, ja!”, se le oyó decir mientras Campos pisaba el acelerador.
La visita del emérito ha situado al rey Felipe en medio del fuego cruzado de la contienda política
La actitud exhibicionista y provocadora del emérito hacía difícil permanecer al margen de un acontecimiento que las televisiones siguieron al minuto. Tampoco la clase política pudo asistir indiferente a la frivolidad de un hombre que se libró de ser juzgado por blanqueo de capitales y delito fiscal gracias a la sobreprotección constitucional, la prescripción y las oportunas regularizaciones. “Hoy suben las temperaturas en todo el país, gran bochorno en Sanxenxo”, escribió irónica la diputada socialista, Carmen Calvo, quien siendo vicepresidenta primera del Gobierno trabajó para proteger a la Corona del daño reputacional provocado por los escándalos del emérito.
A partir de entonces, sus colegas en el Consejo de Ministros comenzaron a cambiar de argumentario. Ya no aludían a un asunto de carácter privado. Básicamente, porque el primer viaje de Juan Carlos de Borbón a España estaba siendo cualquier cosa menos privado. “Ha perdido una oportunidad de dar explicaciones y pedir perdón”, dijeron la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, y el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Todavía era viernes y el exjefe del Estado, rememorando los viejos tiempos, acababa de pasearse ante varias decenas de personas mientras le grababan con su teléfono móvil y le gritaban “¡viva el rey!”.
El PSOE se sumaba así al reproche del resto de partidos progresistas, abriendo dos frentes a izquierda y derecha del espectro político y oficializando la causa del emérito como motivo de confrontación política con Felipe VI en medio del fuego cruzado.
“Estamos ante la expresión más clara de la impunidad con la que se ha trabajado desde la Casa Real y desde la jefatura del Estado”, sostuvo el ministro de Consumo, Alberto Garzón, desde Unidas Podemos. El Gobierno es responsable de “erosionar la jefatura del Estado” a través del emérito, aseguró el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que también se declaró “absolutamente partidario” de que Borbón y Borbón vuelva a España si lo considera “oportuno”.
Política de gestos
La monarquía parlamentaria es un oxímoron. Por eso la institución se reviste de toda la pompa y boato sin que su titularidad de la jefatura del Estado tenga consecuencias a efectos prácticos. El papel del monarca se limita, por tanto, a una política de gestos. La misma a la que recurrió Felipe VI para contestar en público a su padre tras la larga charla en Palacio de la que apenas ha trascendido un comunicado.
Tras confirmar que “el rey y don Juan Carlos han mantenido un tiempo amplio de conversación sobre cuestiones familiares así como sobre distintos acontecimientos y sus consecuencias en la sociedad española” desde que el emérito puso rumbo a Abu Dabi, y precisar quiénes asistieron al almuerzo familiar posterior –la reina Sofía permaneció en el salón con mascarilla y ventilación pero no participó de la comida por haber dado positivo en Covid–, el texto continúa diciendo: el emérito ha manifestado su voluntad de “organizar su vida personal y su lugar de residencia en ámbitos de carácter privado, tanto en sus visitas como si en el futuro volviera a residir en España, para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible”.
La Casa Real mantiene por tanto la puerta abierta a la posibilidad de que el exmonarca regrese al país, valorando sin duda el coste que podría tener para la institución que el padre de Felipe VI pase sus últimos años de vida en el exilio.
Menos puede esperarse de la última alusión a la privacidad; en marzo, tras el archivo de las diligencias abiertas por la Fiscalía del Tribunal Supremo contra Juan Carlos de Borbón, Zarzuela hacía público el contenido de una carta pactada entre padre e hijo donde el emérito aludía a que “en un futuro volviera a residir en España” pero, sea como fuere, su propósito era “organizar mi vida personal y mi lugar de residencia en ámbitos de carácter privado para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible”.
Dos meses después, la discreción saltaba por los aires y todo apunta a que volverá a hacerlo durante el próximo viaje del abuelo de la princesa Leonor a España. Él ya ha manifestado su intención de regresar el 10 de junio para participar en el campeonato de regatas de Sanxenxo 6mR Worlds, lo que le llevará al menos diez días a la localidad pontevedresa.
Zarzuela ha vuelto a pedir discreción a Juan Carlos de Borbón. Como hiciera en marzo sin ningún éxito
Eso significa más tiempo y la misma exposición pública. Y aunque ya habrá pasado la expectación inicial, seguirá siendo un problema no resuelto para Zarzuela y para Moncloa, donde andan ocupados en gestionar las consecuencias del tsunami emérito a su paso por el país.
Dentro de ese lenguaje no verbal que manejan en la Casa Real se inscribe la visita de Felipe VI a Vigo el pasado martes. Cuatro días después de que aterrizara en el aeropuerto de la ciudad gallega el avión privado que trajo al emérito –el Estado se ha encargado de costear su seguridad pero no ha trascendido quién pagó un aparato cuyo alquiler asciende, según varios medios, a 7.000 euros la hora–, el rey acudía a la presentación de las instalaciones que reunirán todas las sedes judiciales de la localidad.
Lo hacía acompañado de la ministra de Justicia, Pilar Llop, del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Una demostración de fuerza frente al alcalde de Sanxenxo y la tripulación del Bribón, la ‘corte’ que acompañó a su padre durante tres días de regatas y mariscadas. Todo ello, con parada del monarca ante las vallas de seguridad para saludar al grupo de personas que, también a él, le dedicaron su “¡viva el rey!”.
Pedro Sánchez, daño colateral del exhibicionismo emérito, se ha visto obligado a tener su propio gesto con el electorado de izquierdas. Basculando entre la lealtad institucional y el republicanismo de parte de sus votantes, el PSOE votaba esta semana en el Senado a favor de la iniciativa de ERC y EH Bildu para modificar el código penal y despenalizar las injurias a la Corona. A pesar de calificarla de “ventajista” y de acusar a las formaciones independentistas de aprovechar el revuelo por la visita de Juan Carlos de Borbón para “confrontar con la derecha” y de quedar “fuera de los planteamientos socialistas”, decía el parlamentario, Artemi Vicent Rallo.
Y esto no ha hecho más que empezar. Cuando haya que buscar una residencia para instalar de nuevo en España a Juan Carlos de Borbón y llegue la hora de organizar un funeral de Estado, Zarzuela y Moncloa sí van a tener un problema de verdad.
