Destacado Económico / N. L.
No sólo los tecnócratas y liberales, sino una notable figura socialista, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, está abogando por un salario mínimo diferente para las distintas regiones. O sea, ha tenido la audacia de reclamar que se reduzca a los trabajadores extremeños, según se deduce de sus declaraciones.
El presidente de la Junta de Extremadura, aterrado por la caída del empleo en su tierra, ha pedido una reunión con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para estudiar el asunto considerando el hecho de que el impacto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) «no es el mismo en todos los sitios».
Desde una perspectiva técnica el extremeño tiene razón pero roza la blasfemia política. Los economistas no están de acuerdo sobre el impacto del salario mínimo sobre el empleo, pero son mayoría los que aceptan que tiene que ver con los proyectos de inversión en un país en el que el 95% de las empresas españolas son pequeñas y, mayormente, microempresas.
También sostiene el consenso de economistas que el PER vigente en Extremadura y Andalucía frena la inversión, al tener que ofrecer los inversores salarios más altos que en otros lugares para que a muchos trabajadores les compense prescindir de un trabajo que exige un esfuerzo menor. ¿Será capaz Fernandez Vara de proponer la derogación de estas subvenciones que se crearon hace mas de treinta años para garantizar la paz social en regiones de fuerte latifundismo?
No lo tendrá fácil con las ministras de Trabajo y de Igualdad ni con el vicepresidente Iglesias
El planteamiento del compañero extremeño, a quien se reconoce una extremada moderación, ha dejado de una pieza a sus compañeros socialistas y, de forma especialmente crítica, a los coaligados en el Gobierno, que justamente han puesto una de sus escasas líneas rojas en la fuerte subida del salario mínimo, una de las primeras decisiones tomadas por el Gobierno coaligado. El Gabinete no será tan audaz como para oficializar una desigualdad semejante entre los ciudadanos de las distintas comunidades autónomas cuando uno de sus objetivos básicos es, justamente, reducir desigualdades.
El programa de Gobierno de la coalición progresista promete: “Subiremos el Salario Mínimo Interprofesional hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España, tal y como recomienda la Carta Social Europea. Se convocará la Mesa del Diálogo Social al objeto de promover un acuerdo que será la base para la propuesta del Gobierno. Se creará una comisión asesora del Ministerio de Trabajo y a disposición del diálogo social, compuesta por profesionales de reconocido prestigio, académicos y representantes de los sindicatos y empresarios, que estudiará la evolución del Salario Mínimo Interprofesional. Para su análisis se tendrán en cuenta, entre otras cuestiones, el índice de precios de consumo, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general”.
O sea, que la unidad a este respecto no sólo es nacional, sino europea en un momento en que la Comisión Europea pretende que se unifique el SMI en toda la Unión justamente sobre el 60% del salario medio establecido en el programa del Gobierno español.
A diferencia de lo que ocurre en Europa, el Gobierno federal de Estados Unidos establece un mínimo para todos, pero cada Estado y cada ciudad pueden mejorarlo en razón de sus peculiaridades. Es una desigualdad hacia arriba que no creo de aplicación para Europa.
No lo va a tener fácil Fernández Vara con la ministra de Trabajo y Economía Social, que es coordinadora nacional de Esquerda Unida, la rama gallega de Izquierda Unida, ni mucho menos con su colega y coaligada Irene Montero, la ministra de Igualdad, y aun muchísimo menos con el vicepresidente Pablo Iglesias, guardián de las esencias sociales.
