El expresidente del BBVA Francisco González se desmarcó ante el juez durante más de dos horas de la contratación del excomisario José Villarejo para trabajos de espionaje, hasta el punto de que aseguró que si esa información, supuestamente ilegal, hubiese llegado a sus manos, el responsable «al día siguiente está en la calle». «Si alguien tuviera esa información y me la hace llegar a mí, sabe que al día siguiente está en la calle, porque eso es ilegal», indicó González al juez, imputado por los delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos en esta causa que investiga la Audiencia Nacional.
El juez del ‘caso Villarejo’, Manuel García Castellón, sostiene que la «múltiple contratación» del excomisario por parte de «altos directivos» del BBVA para supuestas labores de espionaje se llevó a cabo «a cambio de elevadas sumas de dinero», que cifra en 10,2 millones de euros. En el auto en el que acuerda levantar el secreto de sumario de esta pieza, al que ha tenido acceso Efe, el magistrado explica que se han localizado abonos en las cuentas de Cenyt, empresa de Villarejo, «por un importe total de 10.284.689,30 euros los cuales tendrían su origen en la prestación de servicios» para el BBVA, que figura como imputada en esta pieza.
Aunque la declaración de González ha dado mucho de sí. Entre otras cosas, ha explicado que fue el exvicepresidente y ministro de Economía socialista, Pedro Solbes, quien le informó de los planes de la constructora Sacyr para hacerse con el control de la entidad, un plan que, según su declaración a la que ha tenido acceso RTVE, tenía el apoyo del Gobierno. «Me llama el señor Solbes, por la noche, el vicepresidente del Gobierno, y me dice: Supongo que lo sabes” -y lo sabía porque me había informado el señor Goirigolzarri- “que hay un grupo industrial, que apoya el Gobierno, que quiere quedarse con el banco», relató González, que también reconoció implícitamente su consentimiento para la contratación de una empresa de detectives por parte del banco.
